Pronunciamientos
y sucesos llevan a pensar que los días y las semanas del bloqueo carretero por
parte de dirigentes de la Tribu Yaqui, tocan a su fin. Habrá que ponderar la
rebelión a la luz de las resoluciones últimamente acordadas entre los gobiernos
federal y estatal.
Desde
esa perspectiva, es oportuno analizar las movilizaciones y protestas de
agrupaciones, como la de ciudadanos en defensa por el agua y la de “No al
Novillo”.
Con
antelación, la diputación sonorense en San Lázaro al frente de la inconformidad
Faustino Félix Chávez, hoy flamante alcalde cajemense, ejerció en su hora las
presiones que dan pie al mesurado júbilo.
La
esperada, diferida y al fin concertada visita oficial a Sonora por el Ejecutivo
federal, Enrique Peña Nieto, a invitación de Claudia Pavlovich Arellano,
mandataria de la Entidad, produce los primeros resultados, en particular el
compromiso pactado para construir la planta desaladora por medio de la cual se
avizora el término, a mediano plazo, del abasto de agua a los municipios que
carecen del vital insumo, sobre todo a Hermosillo, sede de los poderes
supremos.
Agua
para todos es la propuesta de la Gobernadora de Sonora, convalidada por
diferentes sectores representativos, ahora en marcha por las decisiones pactadas
con organismos y dependencias de la Federación, por los asentimientos de usuarios
que han resultado afectados, y cuya voz y voto es tomada en cuenta para resolver
los apremios.
El
agua ya no será factor de división y menos de confrontación entre grupos de
productores, inversionistas agropecuarios, etnias, jornaleros y consumidores de
alimentos provenientes del campo. El agua puede y debe ser vínculo de unidad,
jamás de ruptura entre ciudadanos, unos del norte y otros del sur. Como ocurre
actualmente.
Bajo
esas premisas, las de procurar el entendimiento, la colaboración participativa
y el recurso a la negociación, el futuro
del campo, de la economía regional y la paz social estarán aseguradas y al
servicio del progreso educativo, la oferta laboral, la salud física y mental de
niños, adolescentes y jóvenes, así como para la tranquilidad y el bienestar de personas
de la tercera y última edad.
En
todo esto, cabe esperar que prosigan las acciones de buena voluntad y continúen
los pasos encaminados a restituir la armonía social entre los sonorenses. Y
frente a las iniciales resoluciones, positivas sin duda, son oportunas las
expectativas que aluden a poner fin a situaciones enojosas, obstructivas como
las que representan los bloqueos carreteros, en particular el de Vícam y otros
suscitados en las inmediaciones de los ríos Sonora y Bacanuchi por la contaminación
irresponsable de la empresa del Grupo
México, por cierto en sospechoso paréntesis.
En
nombre del legítimo derecho a la rebelión, la Tribu Yaqui erigió el bloqueo
carretero como testimonio del rechazo de la comunidad indígena a la operación
del Acueducto Independencia. En nombre del derecho a la rebeldía ante un
gobierno arbitrario, persecutor y tiránico, los líderes de la etnia asumieron
la vía de la protesta por medio de la obstrucción como forma de presionar al
titular del Gobierno, de un Estado erosionado, ineficaz e ineficiente.
Ahora
bien, a la luz de la renovación de autoridades, al amparo de la restitución del
Estado democrático de Derecho, al socaire de acuerdos y resoluciones en marcha,
la convocatoria a suspender el bloqueo carretero, a levantar las barricadas de
la rebelde inconformidad adquiere esto la presunción de un acuerdo según los
principios originarios de la relación contractual.
En
este sentido, la rebelión es lícita cuando se ejerce frente y de cara a un Estado tiránico y absolutista; es indebida,
en cambio, cuando se practica dentro de un Estado democrático de Derecho. En
Sonora, el derecho a la rebelión por
parte de la Tribu Yaqui se ejercía, por lo tanto, con sobrada y diáfana
legitimidad.
Hoy,
el bloqueo ya no tiene razón de ser, argumenta con aplomo y certidumbre el
alcalde Faustino Félix Chávez.
