Por Federico Osorio Altúzar
A semejanza de la estrella polar de Rudolf Stammler que guía al navegante pero es inalcanzable, así el ideal de justicia que ilumina el horizonte de nuestra convivencia diaria. Es una luz distante más de lo que se quiere y, por lo común, mucho menos intensa o real de lo exigible.
Goza nuestro sistema jurídico de notable fama por sus ordenamientos progresistas, se aclama, en materia laboral, sanitaria, educativa, agraria y en seguridad. Pero es objeto de críticas diversas, incluso destructivas, que reconocen nuestro sistema jurídico nacional por su validez, mas no por su eficacia. Abundan casos ejemplares.
Piedra en el zapato son los conflictos sindicales, diferidos o soslayados (paradigma es el de los mineros de Caborca, Sonora); ostensible es el desplome de los servicios de salud y el encarecimiento de fármacos para favorecer negocios nefandos; tangible la quiebra educativa, pues mientras se abate aritméticamente la oferta de enseñanza en los niveles medio, medio superior y superior, la demanda crece en forma geométrica. El desempleo es uno más de los efectos perniciosos.
En el campo vuelve la época de la hacienda y el esclavismo disfrazado, mientras la estadística de indocumentados en regiones agobiadas por la extrema pobreza (Oaxaca con dos millones de ilegales en Estados Unidos, Guerrero con casi un millón) denuncia, dicha estadística, lo que es inexcusable: resulta peor el PAN que su patrocinador y beneficiario, el PRI. Crece la retórica justiciera.
Damos la imagen de un país en donde imperan los temperamentos y no las leyes; el autoritarismo y no la voluntad fundada en el sistema normativo vigente.
A unos días de la elección de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suceso en otras ocasiones inédito, desleído para la mayor parte de la población, el tema de la justicia ocupa el centro de interés de la sociedad, como asunto que atañe a todos. Así, las miradas concurren, por lo extraordinario de los hechos, en la figura del ministro Juan N. Silva Meza, candidato señero en un camino despejado a la rectoría del Supremo Tribunal.
Los últimos sucesos deplorables, en Chihuahua, con la inepcia y corrupción de jueces para administrar justicia en aquella jurisdicción, son focos rojos que llaman a una reforma judicial a fondo. ¡Ahora o nunca! Pero no como la “reforma” de Zedillo, sólo para defenestrar con propósitos inefables, sino para convalidar y fortalecer el Estado a través de una rigurosa política de ingreso, permanencia y promoción del personal al servicio de la legalidad y la individualización del derecho positivo.
La justicia, es así, el tema de los temas. El pivote en derredor del cual giran intereses que no sólo tienen que ver con bienes materiales, prácticos y sustituibles. Es el asunto primordial que, de una u otra forma, atrae como si fuera gigantesco imán a los acuciantes problemas acumulados: violencia, criminalidad organizada, ineficacia administrativa; en fin, sistemáticos ataques al federalismo y embestida al mandato constitucional de la coordinación de poderes.
Hambre y sed de justicia rondan en torno al tema crucial que nos ocupa. Dar a cada quien lo suyo, conforme a Derecho es meta revolucionaria incumplida, pues lo suyo de cada quien es objeto de vendimia, rapiña o búsqueda por iniciativa propia. El ideal que la inspira no alumbra con suficiencia el camino que podría llevar a su disfrute, en paz y armonía. Se pregona la justicia, distorsionando su concepto como cualidad posible, no necesaria, a la luz de un sistema judicial que deja mucho que decir. Fallan mujeres y hombres (funcionarios), se dice paladinamente, pero no las instituciones. Lo cierto es que incumplen ambos. Y gana, con ufanía, la impunidad.
