EN 2015: SELECCIÓN Y ELECCIÓN DE LOS MEJORES

Año de elecciones será el de 2015. Año crucial en más de un sentido. Principalmente será prueba de fuego en lo que se refiere a credibilidad, eficacia y sustentabilidad  ideológica.

Mucho dependerá de la acertada selección de aspirantes a gobernadores, diputados locales y federales, así como al cargo de Presidente Municipal.

El partido en el poder, el PRI, proclama que las candidaturas estarán precedidas por una meticulosa disciplina interna con el propósito de mantener la unidad interna. Se compromete a respetar en la letra y el espíritu, los lineamientos que establece el ordenamiento electoral. Asimismo, y aquí comienzan los compromisos. efectuará un programa de consultas (encuestas) en cada Entidad donde se lleven a cabo elecciones con el objetivo, ciertamente plausible, de constatar el grado de asentimiento, popularidad y fama pública de los candidatos.

La selección de los aspirantes al igual que la consiguiente postulación  de candidatos, según el posicionamiento del PRI, habrá de ceñirse a requisitos de calidad en el sentido de tomar en cuenta la honorabilidad de los prospectos. Se atenderá, por otra parte, el resultado de las encuestas, lo cual es ya bastante decir en favor de la oferta preelectoral.

Habrá de analizarse minuciosamente, como con lupa, el currículum de los participantes, su pasado inmediato y mediato; vale decir, su modesto o encumbrado desempeño en cargos anteriores de índole administrativa o de representación popular.   

De suceder así, y no hay hasta ahora consenso unánime por parte de los ciudadanos, la competencia marcará una aurora nueva para la democracia mexicana por ahora en deplorable declive, maltrecha y víctima del golpismo por las derechas y las izquierdas, precedida de una sorda lucha por el poder bajo el primado de la violencia como arma de combate. El terrorismo es fórmula para amedrentar en vez de persuadir y la publicidad imbricada en la maledicencia y la infamación como táctica para desacreditar y envilecer a los adversarios.

No se hace, no por supuesto, el quehacer político por conducto de ángeles o seres divinos. Mujeres y hombres, con virtudes y debilidades, son quienes gobiernan en las altas esferas y en los más modestos encargos representativos. Sin caer en el extremos de hacer inferencias sacadas de las páginas de Jean Rostand, el ingenioso y talentoso biólogo con alcances de filósofo en su libro “El Hombre y la Vida” (FCE, 1994), habrá que decir que no estaría de más que en la selección de candidatos se introdujeran algo así como  un “test” para determinar: ora la integridad de los aspirantes en lo que se refiere a cómo se reacciona frente a situaciones de emergencia, ora lo que se  esperaría de la capacidad para la toma óptima de las decisiones. En fin, hacer acopio de información relativa a la conducta pasada de quienes aspiran a ejercer la muy delicada tarea de contribuir en formar la voluntad social y prever, con idea remedial, en qué medida verificará su compromiso de respetar y hacer respetar la legalidad y la constitucionalidad de sus acciones.

Además, si bien los políticos son seres mortales, humanos como nosotros, sería conveniente que los aspirantes fuesen enterados, con anticipación, acerca de que su conducta estará a la vista de todos, con el seguimiento de los ciudadanos, a fin de que, como todo mortal, estarán a las resultas de la Ley. Y, en particular, para que tomen conciencia de que el fuero no es un escudo de impunidad; amparo inviolable para ocultar acciones criminales y lesivas irremisiblemente en contra de la sociedad.

La selección y elección de los mejores en el 2015 podría ser, sin duda, el comienzo de la nueva Era política del país: el reinicio de un nuevo federalismo con la participación responsable de mayorías y minorías.

CAJEME: MODELO Y VANGUARDIA DE MODERNIDAD

Sin titubeo alguno puede suscribirse lo expresado por el alcalde Rogelio Díaz Brown en su mensaje de Navidad. La demarcación cajemense, en efecto, se anticipó a reformas  como la energética y la educativa. Tomó ventaja en el debate a fin de actualizar atribuciones que atañen al municipio dentro del esquema federalista en materia de administración de bienes muebles e inmuebles, como también en los rubros de infraestructura, comenzando por el cerebro sin descuidar el resto del organismo en su conjunto.

No sin razón alguna, el Municipio ha cosechado muy valiosas preseas en el trienio que concluye, las cuales enaltecen virtudes de los ciudadanos que lo configuran, igualmente al gabinete bajo la conducción del alcalde condecorado. En Cajeme se comprueba una vez más el supuesto que hace del hombre de Estado un delegado de la voluntad popular, un símbolo de la política como arte de la persuasión a través de la eficacia y la probidad a toda costa. En fin, se verifica el sentido social del principio con arreglo al cual  los planes y programas oficiales son incumbencia y responsabilidad del titular del gobierno tanto como injerencia y participación de la colectividad entendida como la savia que otorga vida, vigor y certidumbre al órgano colegiado.

Fruto de la planeación es el actual Cajeme: un municipio modelo, progresista e impregnado del hálito modernizador que recorre la geografía nacional venciendo las resistencias populistas y lastres del  neoliberalismo devastador.

Destaca, la educación incluyente, la dotación de energía limpia con plantas solares, la implementación de alumbrado público que dan seguridad ciudadana, utilizando los más audaces avances tecnológicos. Cajeme ejemplifica: un municipio sobresale de la adversidad y vence la limitación de recursos materiales, si los recursos presupuestales cumplan su destino programado y la evaluación pasa la prueba de la transparencia a juicio de sus destinatarios: la población.

El alcalde Díaz Brown carece, ciertamente, de vara mágica para dividir en dos el desafiante mar, para hacer fluir agua de las rocas calcinadas por el desierto. No posee magia para que descienda maná celestial en el corazón del desempleo y de la precariedad de los salarios.

A título de ejemplo: las obras en curso que tendrán concreto hidráulico en el Centro de la ciudad, para evitar inundaciones y efectos insalubres irreversibles. 

No obstante, ha logrado lo que no es posible por medio de la adivinación, la taumaturgia y los tanteos que hacen del apostador un genio ocasional que obtiene premios y ganancias. Y del emprendedor sin preparación técnica e información confiable, pero sin visión política, un predestinado con artes para multiplicar panes y fuentes de ocupación bien remunerada.

El edil cajemense demuestra que la política es ciencia de probabilidades, cuya aplicación correcta  convierte en estadistas a los mejores y en figuras providenciales a quienes conocen y ejecutan planes y programas con inspiración democrática. Ilustra con palabras y con hechos que el Estado de bienestar implica respetabilidad a los principios de honestidad, pluralidad, certeza y responsabilidad jurídica a toda prueba; indica cómo alejar riesgos de contubernio, corrupción disfrazada por la eficiencia encubierta en el manto infame de la impunidad. Esto traduce beneficios tangibles para el Municipio: seguridad pública, prosperidad y progreso sostenido entre autoridades y población. Hace florecer la paz social, productiva y en forma permanente.    

La modernidad que abandera la municipalidad cajemense no tolera la discriminación racial, social y económica. Una de sus mejores pruebas es la defensa insobornable de los derechos humanos, al margen de toda distinción. La Tribu Yaqui es, no hay duda, un conmovedor testimonio.

LA REBELIÓN DE LOS VENCIDOS

De la Ley Lerdo, 1856, a la política de exterminio y depredación de nuestros días, la etnia yaqui ha sido una y otra vez víctima de sus expoliadores quienes, de manera reiterada, los han despojado de tierras tradicionalmente de su propiedad.

En la Introducción  a “Crónicas de la Guerra del Yaqui” de Manuel Balbás y Fortunato Hernández (Gobierno del Estado de Sonora, 1985), Michel Antochiw escribe: “Los yaquis formaban el grupo humano más aferrado a su territorio que haya existido en Sonora y menos dispuesto a discutir la legitimidad de su posesión.” Como ahora, en lo tocante al abusivo e ilegal trasvase del recurso hídrico y ante la construcción fraudulenta del Acueducto Independencia, la Tribu se alzaría entonces, al igual que hoy, para defender lo suyo con base en los derechos que les asisten.

Sigue diciendo el prologuista: “Todo intento anterior de reducirlo o de compartirlo con otros (su territorio) había fracasado y esta intransigencia chocaba violentamente contra los planes políticos y económicos de la entidad”.

Si bien la historia no se repite, otros son los tiempos y los espacios, no obstante hay sucesos recientes, todos dolorosos, que se abaten sobre la demarcación indígena, dando la percepción de extraordinaria semejanza con los de hace más de siglo y medio: una especie de retorno cíclico a épocas pasadas por su amargo sabor y su cruel desenlace. Todo ello, objetivamente visto, a causa de la rivalidad entre partidos políticos, revanchas ideológicas entre vencidos y vencedores, conservadores y liberales; es decir, por la pugna histórica y la actual, en curso, entre neoliberales y reformistas, modernizadores y proimperialistas.

Reafirman la creencia en lo anterior los sucesos  en  que se hallan envueltos el presente y el porvenir de los grupos autóctonos no sólo en el Valle del Yaqui sino en La Tarahumara, así como en Baja California, San Luis Potosí, Guerrero por supuesto y en la atribulada región de Oaxaca y de la Selva Lacandona. Todo esto encubierto, solapado y propiciado por quienes tienen la obligación de respetar y hacer respetar los Derechos Humanos, sin hacer distinciones entre ciudadanos de primera y pobladores considerados de segunda y de tercera.

Presos arbitrariamente Mario Luna Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez, ex voceros de la Tribu, la noticia de la extraña, presunta desaparición de Patricia Almeida Quintana, joven mujer yoreme, mencionada como trabajadora social que haría sus labores en Pótam, pone sobre aviso acerca de la renovada campaña contra la Tribu.

Patricia habría denunciado con antelación, y mediante el seudónimo de Patotyz Yaqucita, a sicarios de amedrentarla, amenazarla y de conminarla  a no ejercer sus derechos de libre expresión y exhibir las graves injusticias contra la Tribu Yaqui. Por cierto, en vísperas de Navidad, los representantes de le Etnia exigen la liberación de sus líderes encarcelados ilícitamente, en abierta violación de los Usos y Costumbres, es decir, violentando Derechos Humanos que les asisten. Es condición a fin de proseguir la inconclusa consulta a la comunidad.

La desaparición de Patricia, considerada por algunos autosecuestro, es elemento que busca provocar desprestigio contra la Tribu Yaqui en su denodada lucha por el hurto del agua que les pertenece. Promueve innecesariamente resentimientos, odios y venganzas. Presiona en las heridas abiertas por la arbitrariedad, los abusos y la impunidad. Como se dice, al daño se agrega la ofensa.

El presunto secuestro se publicita mientras se hace la costosa apología de los Derechos Humanos y se difunde la política de justicia jurídica para todos. Y esto ocurre a la vera del discurso que pregona la vigencia del Estado de Derecho, una bella utopía cuando más y un ritornelo que ya  nadie quisiera escuchar.

CONAGUA INCUMPLE: ¿ HAY UN CONFLICTO DE INTERESES?

Por enésima ocasión, el organismo facultado para atender problemas hidrológicos, CONAGUA, incumple su responsabilidad: culminar la controversia sobre la licitud o la ilegalidad en torno al Acueducto Independencia que, por hoy, mantiene cada vez más divididos a los sonorenses. A los empresarios del norte del Estado frente a los productores del sur de la Entidad.

Tres veces CONAGUA ha solicitado espera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el fin de emitir su fallo de revocación  o validación de los títulos de concesión de agua en poder del CEA, en Sonora, con igual resultado, incluyendo la más reciente de la semana anterior. Esto lleva a Baltasar Peral Guerrero, miembro del Comité Técnico del Agua, a declarar que el mensaje cifrado del organismo, especie de Telegrama Zimmermann, es un mensaje de Ilegalidad. Es tiempo, sin embargo, para descifrarlo y con el objetivo de  proceder en consecuencia.

A nuestro modo de ver, lo que ahí se encierra atañe al propio titular del Ejecutivo federal. En otros términos, CONAGUA está lejos de estar revestido de autonomía absoluta,  y como si fuese un Poder al lado de los Poderes consabidos

Asiste razón a Peral Guerrero. En efecto, CONAGUA es el organismo rector de todos los asuntos hidrológicos que hay en el País. En consecuencia, al suceder alguna inconformidad  o controversia  ventilada ante los tribunales, incluso ante  la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se espera que todo se conduzca en términos de respeto en el sentido de acato y obediencia a los dictámenes y a los fallos, incluyendo por supuesto, y de manera insoslayable, los de última instancia en caso de haberlos.

Es lo que sucede en el Valle del Yaqui. Ahí, ejidatarios, productores y pueblos indígenas (de la Tribu Yaqui) sufren violaciones a sus derechos sobre tenencia del agua, enajenación fraudulenta del vital insumo, acoso y retención de recursos por concepto de transferencias en el Presupuesto para todos los municipios, sin discriminación por ser  considerados disidentes.

Volviendo a lo del desacato por parte de CONAGUA, cabe reflexionar acerca del sentido y los efectos a que da lugar la rebeldía del organismo y el cinismo para declararse imposibilitado a fin de emitir su fallo de revocación o validación de los títulos otorgados.

El sábado anterior, el Comité Técnico del Agua (“Tribuna del Yaqui”, 3A) informó sobre un escrito preparado por sus abogados, dirigido a la SCJN, en el que demandan se sancione a CONAGUA, y se obligue que acate el mandato de la Primera Sala de la SCJN.

Ahora bien, ¿es legítimo que organismos como CONAGUA incumplan resoluciones de los tribunales y aun desobedezcan fallos de la SCJN? ¿Existe impunidad, con ese efecto? ¿Es la controversia en cuestión un problema técnico, de técnica jurídica?

O como bien dice Peral Guerrero, ¿se trata de una cuestión política y por lo mismo es una franca confrontación ideológica, partidista? Es decir, ¿consiste en una controversia   disfrazada y en realidad es un vderdadero conflicto de intereses?  En otras palabras, ¿hay ahí un lobo escondido en la piel de indefensa y mansa oveja?

Complejo y peliagudo enigma espera al próximo titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ineludible conflicto a superar el que habrá de enfrentar con lucidez, solvencia teórica y conceptual, el sucesor de Juan N. Silva Meza. La actual aporía envuelta en ropajes engañosos, en este conflicto de intereses, habrá de conducir a la  cuestión: ¿quién debe ser el defensor de la Constitución. ¿Debe ser el órgano legislativo? ¿Debe serlo el Presidente, según pretendía Carl Schmitt? ¿O bien debe ser el órgano judicial según lo fundamentó en su Teoría General del Estado el príncipe de los juristas de todos los tiempos, Hans Kelsen? 

INFORME EN LA SC: JUSTICIA PRONTA, DEBIDA Y EXPEDITA

Dar a cada quien lo suyo con arreglo a Derecho es el ideal que da a la justicia su propio y radical sentido. Prontitud, objetividad y expedición son rasgos que le otorgan definición e identidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es, en tal sentido, el Máximo Tribunal responsable de administrar el supremo valor, la justicia, de cuya realización depende la convivencia en términos de paz y armonía. 

El cuarto y último informe del Presidente de la SCJN, Juan N. Silva Meza, refrenda en sus partes principales hasta qué punto el Poder Judicial emite la última palabra en las controversias que se ponen bajo su análisis y resolución. Asimismo, a la luz del informe  la opinión nacional podrá enterarse acerca de la eficacia, la prontitud y los límites de expedición, sin descontar la objetividad de todas y cada una de las resoluciones asumidas por la institución. 

El informe en cuestión se produce en el corazón de la mayor turbulencia política, económica y social de que haya memoria en el país. Tabasco, Oaxaca y Guerrero en el sur de la Nación; Morelos, Estado de México y Michoacán en el centro del país; Chihuahua y Sonora en la frontera norte son demarcaciones en donde  la violencia, el acoso a los indígenas y la corrupción son heridas abiertas ante la lentitud de una justicia que da pábulo a la incertidumbre, motivo para el descrédito de las autoridades y excusa para las resoluciones diferidas. En suma, oportunidad para zanjar diferencias por mano propia.

En breve se definirá el rumbo de la SCJN con motivo del relevo en la Presidencia del  Máximo Tribunal. Al igual que hace dos décadas, por estos días, la elección se ofrece como una alternativa en la que estará en juego el futuro de la seguridad jurídica en cuanto a la personalidad del sucesor en la honrosa encomienda como en la restructuración de los tripulantes al lado del nuevo titular.

En 1994 estaba al frente del Máximo Tribunal un filósofo del Derecho de altos vuelos. El Dr. Ulises Schmill, kelseniano, académico de excepcional erudición y talento daba renombre y lustre a la SCJN como nunca antes y como nunca después de él. Esta vez, el relevo aparece, igualmente, como enigma de difícil resolución. 

Margarita Luna Ramos lleva a la fecha una delantera que marca rumbos en la fragorosa, incierta y decisiva contienda por ahora sin visos tangibles de resolución en cuanto a quién habrá de presidir los destinos del Máximo Tribunal. No todo lo determinará ciertamente el género, aunque se da por descontado que se percibirá un grato respiro de alivio en el caso de ser la ministra Luna Ramos quien resulte la elegida.

Casos como el que se plantea en Sonora, sin duda quedarán como testimonio elocuente de aquello que no tiene por qué repetirse. Sucesos bochornosos de abuso de autoridad como los que abandera el gobernador de la Entidad, no tendrían lugar en un Estado que se presume como Estado Democrático de Derecho.

En la República de las leyes, en el modelo de Nación de libertades y responsabilidades no tienen sitio, es decir, no habría por qué admitirse o tolerarse la imposición de acueductos, gasoductos,  o bien oleoductos, al margen del interés y la voluntad social, previa consulta de los pobladores. El Acueducto Independencia en el Valle del Yaqui es, sin duda alguna, el ejemplo más ilustrativo de abuso de autoridad, de ilegalidad de Estado, de injusticia tolerada y alentada, incluso  por dependencias oficiales, adscritas a la administración federal como símbolo de ineficacia institucional. Es testimonio de alianzas nefastas que corroen la credibilidad y la confianza ciudadanas. Y por encima de todo, propician  la impotencia (ineficacia) del Máximo Poder responsable de dar justicia en tiempo y forma, conforme a Derecho.

CONAGUA EN SONORA: TRES AÑOS DESPUES

El próximo 15 de este mes, el Presidente Enrique Peña Nieto estará de visita oficial en Sonora. Ese día, los sonorenses estarán de manteles largos, particularmente los pobladores del Valle del Yaqui: ejidatarios, representantes de la vapuleada Tribu, productores rurales y ciudadanos organizados para defender el uso y usufructo del agua.

Al frente del comité de recepción estarán activistas destacados en la susodicha controversia, conocidos todos por la opinión pública nacional e internacional, entre otros legisladores de la Entidad liderándolos Faustino Félix Chávez, autoridades municipales al frente el alcalde cajemense, Rogelio Díaz Brown, sin faltar Adalberto Rosas López, el indoblegable líder del Movimiento Ciudadano. Se echará de menos, ciertamente, a varios miembros de la Tribu encarcelados por la autoridad estatal en clara violación de los derechos que asisten a la Etnia acosada. Perseguida en su mismo asentamiento por la  administración más represiva y arbitraria de la que haya memoria:  la que representa el Ejecutivo en el Estado, Guillermo Padrés Elías.

El Primer Mandatario verá con sus propios ojos la cruda realidad: Una región agroindustrial en el umbral de la desesperanza, un girón de la Patria segregada de la sede en donde radican los poderes públicos estatales, convertida en traspatio y zona baldía por determinación del Ejecutivo en la Entidad; presa de la discriminación por la inequitativa distribución del Presupuesto y, por añadidura, despojada del medio que da riqueza y recursos alimentarios provenientes de la tierra. La región sur de Sonora no es ya la demarcación que conoció Enrique Peña Nieto hace casi tres años, según la añoranza de Adalberto Rosas. 

En ese entonces, recuerda, los ciudadanos del Valle más rico y promisorio del país, le escucharon decir al ilustre visitante que el problema del agua sería resuelto con arreglo al Estado de Derecho. En la palabra del Presidente quedó sembrada, afirma, la semilla de la promesa, por cierto en vías de anhelada consecución.

La simiente aquélla, no fructificó. Cayó en tierra dejada a merced de la voracidad de los amantes de lo ajeno en donde la maleza y la plaga de la ilegalidad hizo su parte para impedir que hubiese buena cosecha. Es decir, la del entendimiento, la negociación y el mutuo beneficio. En su lugar, se dio pábulo a la confrontación, a la prepotencia que cierra los oídos para no discutir opciones y alternativas.

En términos de Juan Jacobo Rousseau (Ensayo sobre el “Origen de las Lenguas”, FCE, 1984) lo que la naturaleza brinda como oportrunidad a fin de unir intereses y acercar voluntades, ni más ni menos el agua, ha llevado aquí a una confrontación sin término y a una controversia cuya resolución es metáfora y no concepto, ficción y no dictamen y veredicto cumplidos.

Dice el pensador: “En los lugares áridos donde sólo se podía tener agua mediante pozos, fue necesario reunirse para cavarlos, o al menos  ponerse de acuerdo para su uso. Ese debió ser el origen, agrega, de las sociedades y de las lenguas en los países cálidos”

En el Valle convertido por artimañas en un valle de ruptura, de desunión y  enfrentamiento, son “abogados del diablo”, respectivamente,  CONAGUA, SEMARNAT y PROFEPA. Actúan contrariando la voluntad presidencial, desacatando las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia y desatendiendo olímpicamente la orden de los Tribunales.

En otros términos: se deja solo al Presidente en momentos difíciles y complejos. Se pone en entredicho a la SCJN en horas en los que se requiere convalidar su última palabra. En suma, se añade al daño la ofensa, sin rubor y sin pudor.        

Y todo para ludibrio y regocijo de la derecha delirante y asidero de la izquierda en su letal agonía.

DERECHO A LA MOVILIDAD: EL LIBRE TRÁNSITO

No hay todavía entre nosotros el equivalente a Plaza Trafalgar en cuyo espacio los británicos, habitantes de Londres, realizan protestas e inconformidades en contra del gobierno y las resoluciones del Parlamento. No contamos con algo parecido, pero las reiteradas marchas y manifestaciones en varios sitios del país, cada vez más virulentas, traen a la memoria al Tlatelolco de 1968 y llevan a pensar en la posibilidad de tener un espacio “ad hoc” similar, con apremiante urgencia.

Justamente fue un inglés, filósofo de la generación ilustrada, John Locke, quien inspiró la idea de la desobediencia civil la cual, convertida en garantía de la libertad de expresión, dio lugar al establecimiento del Derecho a la Rebelión como axioma implícito en todas  las democracias.

A juicio del pensador inglés, toda revolución se justifica con arreglo al supuesto de ser una respuesta categórica ante la arbitrariedad, la intolerancia y el ejercicio irresponsable del poder por parte de la máxima autoridad y en general por la imposición unilateral de la voluntad política del Estado.

El derecho a la movilidad va a la par, en consecuencia, con la suprema garantía de la libre expresión de las ideas. Es concurrente, a la luz de los Derechos Humanos, con la expedita comunicación e intercomunicación de los criterios y puntos de vista que son patrimonio de las personas, las familias y de la comunidad. Y como todo derecho, como toda garantía, tiene límites que corresponden proteger, los de  terceras personas. En el caso, los derechos inalienables a la movilidad por parte de los individuos. Y en la medida que se acata de manera irrestricta el derecho al libre tránsito de los demás.

Mal estaría que procediera en su contra un gobierno que a sí mismo se califica democrático  y que además se le reconoce como garante de derechos que propician igualdad ante las leyes, igualdad para manifestar inconformidades y aspiraciones contrarias y opuestas a las de otros ciudadanos. Mal se vería, así, un régimen político que  convalida el Estado Democrático de Derecho  y protagoniza su tutela, si amparara a unos en desventaja de otros y si reprimiera a éstos mientras que tolerara y protegiera a quienes no son de su particular ideología o modo de pensar.

Lo anterior se relaciona con la exigencia de opositores a la iniciativa para reglamentar el derecho a la movilidad, al libre tránsito. Pero éste en su contenido acoge restricciones precisamente para su libre,  responsable y cabal ejercicio. Libre y responsable movilidad jurídicamente hablando, a fin de que el goce y disfrute sea de todos, para todos y al alcance de todos. Inclusive, de aquellos que no tienen por qué ver obstruida su voluntad de movilización, su determinación para hacerlo en espacios de cualquier demarcación de la República.

No obstante, dirigentes del partido de la izquierda anarquizante que acomoda su ideología (el PRD) a situaciones emergentes, protestan en contra de la iniciativa de reforma, alegando que contraría los derechos al libre desplazamiento y está en abierta pugna contra derechos fundamentales: de reunión y protesta social. Son formas arregladas para justificar la represión oficializada. Es una reforma políticamente “incorrecta”, aseguran.

Por lo demás, los abanderados del anarquismo violento multiplican disturbios callejeros con daños, robos y perjuicios en propiedad ajena. Incendian inmuebles oficiales en Guerrero y otras localidades, sin que hasta ahora motive la represión. Por fortuna. México es un país de leyes en donde el derecho al libre tránsito se coordina con el ejercicio de  garantías individuales y colectivas. La reforma a los artículos 11 y 73 tutela, está más allá de los intereses que abanderan los adversarios de la legalidad y la constitucionalidad.  

EN SONORA: CIUDAD DE LA ETERNA JUVENTUD

Cuernavaca, capital de Estado en el interior de la República, ostenta el título de “Ciudad de la Eterna Primavera”. Sin embargo, el epígrafe le vendría mejor, tomando en cuenta su particular jerarquía, a la risueña, alegre y festiva población de Cocoyoc, cuya edad se pierde en tiempos anteriores a la Conquista.

Ciudad Obregón en el Estado de Sonora, cabecera del municipio de Cajeme, a sus 87 años (recién celebrados) es una urbe en plenitud de edad, radiante y vigorosa con todo y pertenecer a la tercera edad. Bien podría llevar el calificativo de “Ciudad de la Eterna Juventud”.

Sus pobladores, particularmente aquellos que la vieron crecer y pasar de la adolescencia   a la juventud la recuerdan, con profunda nostalgia y noble orgullo, como  la comunidad  que  fue adquiriendo identidad definitiva por motivo de sus caracteres, muchos sin duda indelebles: la Laguna del Náinari, el Mercado Municipal con su inconfundible ícono, el reloj de cuerda en el frontispicio; en fin, la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús hoy La Catedral.    

Rogelio Díaz Brown, adelantándose al venidero aniversario, en 2015, vaticina que ese será el mejor año no sólo de la Ciudad sino del municipio del que es optimista y emprendedor Alcalde. Alude a proyectos culminados y nombra los que están en vías de realización: pavimentación de calles urbanas y del entorno rural, modernización del alambrado público, ingresos federales en el erario local con destino a seguridad, a reforzar programas educativos de orden incluyente; áreas deportivas, centros culturales y bibliotecas en beneficio de instituciones de educación media y superior.

Un futuro bonancible y próspero con pasos firmes es viable en la medida que, a la transparencia, se sume la visión política vinculada a la generosidad propia de los hombres de Estado para quienes el progreso y la continuidad del crecimiento van en carriles paralelos con el desarrollo económico y social.

Cabría incluir en el perfil de la “Ciudad de la Eterna Juventud”, el nacimiento de una institución que prepara, con el regocijo y el ímpetu anímico que se le conoce y reconoce, su aniversario número 60: el  Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), plantel edificado piedra sobre piedra con la pasión de sus primeros fundadores, la buena voluntad y el espíritu solidario de la población, así como por la tenacidad de sus refundadores y promotores de nuevos y más amplios horizontes.

El ITSON advino con otra denominación: Instituto Tecnológico del Noroeste, bautizado así por la sana ambición de querer llevar sus luces hacia vastos territorios limítrofes en los que prodigaría sus enseñanzas bajo el principio: “Vale más dar que recibir”.

Sus precarios inicios desde el punto de vista económico en el distante año de 1955 cuando la entonces progenitora, Ciudad Obregón, contaba con apenas veintitantos años 28 para ser precisos, no fueron al par con sus anhelos, ideales y aspiraciones.  Viven en la memoria histórica sus directivos, entonces, Julio Ibarra Urrea, director; Alberto Delgado Pastor, secretario general; Enrique Fox Romero secretario adjunto; así como maestros abnegados y diligentes: Bernabé Navarro (filósofo), Daniel Marín (médico), Luis Molina Enríquez  (abogado); sin olvidar a los esposos Aguado (arquitectos), y tantos más.

El Instituto se hizo de alas para volar: de ITNO pasó a ITSON como es ahora. Del esquema curricular con el que nació, sello de plantel al servicio inmediato a la comunidad, es decir, con asignaturas de aplicación práctica, transitó al formato que le dio el carácter de Universidad. Y en ese sentido, de institución en donde las funciones de docencia, investigación y extensión cultural se intersectan e interrelacionan para beneficio de su entorno y para la continuidad de sus misiones sustanciales.

CHIHUAHUA: MODELO DE JUSTICIA LABORAL PRONTA Y EXPEDITA

En más de un sentido, Chihuahua está en la vanguardia de la modernidad. Los juicios orales instituidos durante la gestión del actual mandatario César Duarte Jáquez se han convertido en modelo a seguir. A la fecha, se replican en siete Estados de la República.

Justicia diferida no es justicia, reza la máxima en donde impera el Estado democrático de Derecho. Sin embargo, abundan casos en los que el retardo para individualizar o aplicar las normas da lugar a hechos insólitos que causan drama y estupor. Para no ir muy lejos cabría mencionar lo de Iguala y Chilapa en el Estado de Guerrero, así como lo de Tlatlaya en el Estado de México y el genocidio ecológico en Sonora, en cuyo origen no es ajeno el  gobernador de la Entidad, Guillermo Padrés Elías.

En Tlalnepantla, Edomex, en la sede de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la más grande de toda Latinoamérica, el esquema de justicia laboral inspirado en el modelo chihuahuense se ponderó como prototipo a seguir, con motivo de haberse escenificado ahí el primer caso resuelto con arreglo a las exigencias de rapidez, objetividad y expedición.

Si bien la justicia diferida deja de ser justicia en la medida que abre pausas a fin de que se infiltren consabidos vicios de fraude procesal a cuya sombra prosperan los  “abogados del diablo” que envilecen empresas y empobrecen más aún a los trabajadores. Pero también hay horizontes justicieros nuevos en donde el derecho laboral, el civil y el administrativo recuperan dignidad y nombradía en defensa de obreros y trabajadores. Y en los que resplandecen garantías a la productividad y a la competitividad en favor de los señores del capital.

Administración de justicia que aplaza y retarda la ejecución de fallos, sentencias y dictámenes de los más altos tribunales, incluyendo por supuesto los de la SCJN, no sólo es arma que lesiona, hiere y acribilla a usuarios; aniquila, asimismo, a los fuertes lo mismo que a los débiles, haciendo poderosos a unos en detrimento de los  pobres y necesitados. Es, así, origen y fuente de rivalidad, de riñas, odios y acciones vengativas. De esto, somos actualmente impotentes testigos oculares.

En contrapartida, una administración que proclama y pone en práctica el modelo de expedición, certeza y prontitud  en el planteamiento y resolución de las controversias, es fortaleza, dique defensivo y valladar para impedir usos y abusos en daño y perjuicio de los débiles. Es acotación y freno, lo mismo para los poderosos y los fuertes. Los  juicios orales, sobre todo en tiempos en que impera la corrupción política y el contubernio de los que tienen y quieren tener más, son eficaz Ombudsman para contener a los cárteles de la criminalidad. Los juicios orales serían, de ese modo, el antídoto para  erradicar  endemias  y pandemias que proliferan con patente de inmunidad.

Bien por los chihuahuenses, por tanto, quienes pueden ya ufanarse de que no todo es en contra de ellos las difamaciones y las publicitadas anomalías, acusaciones sin pruebas y sin sustento. Bien en la medida que no todo es feminicidios, abusos contra las mujeres y acosos contra indígenas indefensos.

En Chihuahua hay progresos que apresuran la reforma educativa. Es ejemplo de ello el Instituto Tecnológico de Paquimé recién inaugurado, el cual da continuidad a un pasado de inventiva y esplendor cuyo testimonio son las muestras de cerámica heredada por los primeros habitantes de la región. Chihuahua preside, además, la apertura del mercado internacional en materia de inversiones en áreas estratégicas donde hay mucho por hacer, más qué proteger en rubros sustanciales: las garantías laborales y el empleo retributivo, para ejemplificar. Es decir, en todo lo relativo a derechos que competen y comprometen.

EN CAJEME: PREMIOS EN EDUCACIÓN Y AL BUEN GOBIERNO

No todo en el país son actos terroristas, asaltos, crímenes colectivos; violencia y desacato al Estado de Derecho. Hay conductas delictivas cuyos autores faltan al deber de administrar con probidad los bienes públicos. También hay ejemplos de honestidad y transparencia en la administración del patrimonio de los ciudadanos.

En la esfera educativa, “mutatis mutandis”, no todo se reduce a vil asesinatos y  secuestros de adolescentes y jóvenes; tampoco  huelgas, cierre de centros escolares y abusos de maleantes que atentan contra la autonomía para enseñar, investigar y compartir cultura. Hay, en contrapartida, sucesos laudatorios que enaltecen el prestigio y el buen nombre de institutos de enseñanza superior y casos en los que se honra a sus investigadores  con distinciones que obtienen por concepto de originalidad y creatividad  en las ciencias y las humanidades.

Premio Nacional al Buen Gobierno 2014 gana Rogelio Díaz Brown y en él coparticipan sus colaboradores, los síndicos y en cierto modo la ciudadanía. El premio es, por la eficiente ejecución de planes y programas que benefician a la sociedad.  Y se suma a ello, la óptima transparencia y la honestidad en los manejos presupuestarios, haciendo con ello una vigorosa palanca para el crecimiento y el desarrollo incluyente del municipio, en todos sus confines.

El premio a la idoneidad municipal que ha recibido el Alcalde Modernizador de Cajeme es un galardón que reconoce certeza administrativa y profesionalismo en la toma de decisiones, en la planeación y en el seguimiento de los proyectos y las obras, así como la capacidad de persuasión y el firme liderazgo ejercido durante la concepción y consiguiente realización.

Se premia, así, no sólo la pertinencia y eficacia administrativas sino también la entereza política del mandatario municipal a fin de no incurrir en la tentación de hacer usos indebidos del erario público a su alcance, incluso por omisión, inepcia o contubernio. Los tiempos que corren no son propicios, en el ejercicio político, para vivir con medianía según aconsejaba el Benemérito de las Américas.

Botín de guerra es, para no pocos, el erario federal, estatal y municipal. Lotería a la mano para hacer y deshacer en provecho personal, sin importar que a pocas cuadras las calles se mantengan semioscuras, que los asaltantes medren con la confianza de las familias, que las escuelas carezcan de buenos maestros desde el punto de vista de la moral, la decencia y lo  profesional. Y que impere el desempleo. La consigna en aquel sentido es evitar que haya políticos pobres, pues éstos no serían sino pobres políticos.

En la otra orilla, el Premio Internacional al investigador del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), discernido por el Gobierno del Estado de Nuevo León refrenda, por si hiciese falta, el liderazgo científico de la ya sexagenaria casa de la ciencia, la tecnología, y del humanismo. Su recipiendario es Sergio de los Santos Villanueva, doctor por el CINVESTAV de Irapuato, Guanajuato. El docente en el área agro-biotecnológica, pone en alto el lema del ITSON: ¡Educar para trascender!

El ITSON prosigue viento en popa las metas y los objetivos de una enseñanza pertinente, integral, innovadora y estrechamente identificada con su entorno social. Profundiza su vocación y triple misión en la docencia, la investigación y la extensión cultural.

En su Tercer Informe, el rector Isidro Cruz Medina concluyó así su mensaje: “El prestigio académico y social del ITSON se consolida día a día con el ejercicio y la defensa responsable de su autonomía, con el compromiso, los conocimientos y el trabajo continuo y la pasión de cada integrante de la comunidad”.  

Los viajes ilustran. Los premios, no cabe duda, enaltecen y refrendan vocaciones.      

PAN Y PRD: LA BRUTAL ALIANZA POR EL MEJOR PESEBRE

En los preámbulos del 2015, izquierdas y derechas celebran lo que ya no es insólito entre ellos: un pacto de identidad. Hacen efectivo, sin titubeo alguno, el principio filosófico de Heráclito en el sentido de que la guerra, madre de todas las cosas, une los opuestos y hace posible la armonía de todos los contrarios.

Con dicha finalidad, los rivales de siempre, de dientes hacia afuera, echan por la borda sus diferencias doctrinarias, políticamente hablando, y en nombre del “bien común” sellan el compromiso de luchar, codo con codo, para derrocar al  temible y pavoroso adversario, el Partido Revolucionario Institucional.

Como prólogo a su declaración bélica, ambas organizaciones ensayan toda clase de artilugios en el umbral de la gran confrontación. Ponen en práctica recursos que van desde la intriga a la calumnia y de ahí a la infamia y a la acusación sin fundamentos. El fin, alegan, justifica los medios. Y así, unas veces quieren éstos pero no el objetivo final. Y viceversa.

En Chihuahua, pactan alianza representantes  del PAN y del PRD. Uno, en la persona del combativo y audaz senador blanquiazul, Javier Corral; otro, en la del activista del perredismo beligerante, Jaime García Chávez. Ellos hacen mancuerna para acusar, difamar y denostar al mandatario de aquella Entidad: César Duarte Jáquez. Lo señalan en la delegación de la PGR de socio de una institución bancaria inexistente, con palabras del Gobernador. Piden, voz en cuello, su defenestración comparándolo en cierto modo con el depuesto Ángel Aguirre, argumentando con falacias,  según refiere Duarte Jáquez que a cuatro años de su gestión se ha convertido en uno de los políticos más ricos del Estado y en líder inversionista, con dineros, arguyen. del erario estatal.

Hombre de negocios durante su vida privada, Duarte Jáquez responde con hechos más que con palabras: Chihuahua  ha vuelto al Estado de Derecho. Es una Entidad de leyes, las cuales se individualizan en los tribunales y tienen validez y eficacia, por ejemplo, en los cerezos otrora centros de placeres, de consumo de drogas y diversión; de carreras de caballos.

Los chihuahuenses tienen la palabra en cuanto a si hay o no hay avances en educación, en materia de empleo y de inversión productiva. Si esto es falsedad y mentira, los ciudadanos pueden hacer pública rectificación y formular acotaciones con pruebas contundentes. El Gobernador afirma, asimismo, estar a las resultas de los fallos de la justicia y demostrar el fondo y el trasfondo de las difamaciones y calumnias en su contra.

En Sonora, el delfín del ex Presidente Felipe Calderón. Guillermo  Padrés, es requerido para que se le investigue como mandatario corrupto, anarquista y empobrecedor de miles de sonorenses víctimas por causa del enriquecimiento ilícito de quien proclamó, en el comienzo de su lastrada administración, que haría un “Nuevo Sonora”, libre de enfermedades, ignorancia y discriminación social y económica.

Padrés Elías es indiciado por delitos de diversa índole. Persigue sin fundamento a productores, encarcela líderes de la Tribu Yaqui al margen de la Ley. Se le acusa de retener transferencias de recursos federales como castigo a los munícipes opositores a sus manejos; hostiliza  a quienes luchan por una causa, justa si las hay: el recurso hídrico que da sustento, fertilidad y abundancia alimentaria.

Denunciado ante una administración de justicia ciega, sorda e inválida, que da un paso hacia adelante y muchos hacia atrás, goza aún de inmunidad ante los tribunales estatales y de la Federación.

Y todo, con el beneplácito de CONAGUA, SAGARPA y de PROFEPA.

En Sonora, en suma, pactan alianza el PRD y el PAN, al amparo del aberrante e inmoral criterio en el sentido de que el fin justifica los medios.