Deplorable
es, en todo sentido, el deterioro del Estado de Derecho y, consiguientemente,
el Estado democrático de Derecho.
Desde 1994,
la creciente demanda ciudadana a fin de resolver los problemas de
inseguridad, tráfico de estupefacientes junto con la imparable impunidad, fue
convirtiendo lo que aún quedaba del Estado benefactor en crónica destinada a
los archivos del olvido.
A
la sombra de la ingobernabilidad, el Estado eficiente y eficaz fue perdiendo
terreno, acumulándose, de modo abrumador, la insatisfacción, la pérdida de
credibilidad y la confianza en las instituciones. Medraron, a partir de
entonces, grupos contestatarios, disidencia organizada y pulverización de
partidos a los que, por cierto, llegaba la oportunidad de enarbolar emblemas
persuasivos y difundir propaganda en contra de los gobiernos en turno.
Ayer
Michoacán y Coahuila; hoy Guerrero, Chiapas y Oaxaca, abanderaron y promueven
desestabilización virulenta en nombre de organizaciones de maestros, médicos,
burócratas. Hay en lucha toda clase de frentes en donde la inconformidad tiene
vigorosas alas. La infiltración de provocadores profesionales al servicio del
mejor postor, está a la vista.
En
Sonora, por contrapartida, se está dando la batalla por la legalidad y la
restauración del Estado de Derecho, llevado al extremo de haberlo convertido en
tierra baldía ocupada por densos mantos de la impunidad y anarquía
oficializada.
Esta
semana, nada menos, la titular del Ejecutivo estatal, Claudia Pavlovich Arellano,
salió de sus casillas por decirlo así y demandó a la PGR, en nombre de los
sonorenses, respuestas específicas a las peticiones de justicia formuladas ante
la dependencia por los ilícitos cometidos en la administración gubernamental
inmediatamente anterior.
Pero, justicia
lenta, con pasos de tortuga, se sabe, no es justicia.
Y en el caso, es
evidente, la justicia jurídica, el derecho penal positivo, ha pasado a ser
instrumento político en manos de burócratas sin escrúpulo.
Los
tiempos legales sirven como la cama de Procusto, a fin de estar al servicio de usurpadores, con despojos de
poder, a través de cínica complicidad.
El
comunicado de Pavlovich Arellano, sin duda, pasará a la historia de la política
instauradora y restauradora como un vibrante ejemplo de
entereza y apego a la legalidad ante la creciente oleada de ingobernabilidad
que amenaza a las instituciones de seguridad, orden y justicia.
Sin faltar a los protocolos de cortesía y de
respeto, la mandataria Pavlovich, quien lleva escasamente 9 meses en el
poder, puntualiza de manera concisa y
enfática: “El Estado de Sonora se ha propuesto corregir muchos de los abusos
cometidos por quienes defraudaron la confianza de la sociedad sonorense.”
Prosigue: “La importancia de las instituciones encargadas de la
procuración de justicia exige que se lleven a cabo acciones profesionales
objetivas, transparentes, independientes e imparciales en la investigación y
persecución de los delitos en el marco del respeto a los derechos humanos y de
las resoluciones, en su caso, emitidas por órganos jurisdiccionales federales.”
Después de advertir acerca de la premura que
hay en cuanto a escuchar los reclamos ciudadanos a fin de revalidar el
Estado Constitucional de Derecho, la
gobernadora sonorense refrenda su posición institucional, que sin duda los
mexicanos de bien reconocen: dar final al “impase” en que se han puesto las
indagaciones a cargo de la PGR sobre hechos hasta ahora en crasa impunidad,
motivo de su justo reclamo.
Ciertamente, hay hambre y sed de justicia en
toda la Nación.
Una y
otra aumentan, día a día, sin que haya respuestas satisfactorias y pertinentes.
La apatía, el desdén y el manejo político de los ilícitos dan apariencia de
legitimidad a hechos delincuenciales como los que se cometen en el sur, el
sureste y el norte del país.
