TODOS A UNA, COMO EN “FUENTEOVEJUNA”

De nueva cuenta el presidente municipal de Cajeme, Rogelio Díaz Brown, sale a la palestra en  defensa de los pobladores de su jurisdicción, y del sur de Sonora, en plena  batalla contra la ilegalidad, la inepcia y el atropello del gobierno estatal. El munícipe pone ejemplo y refrenda la tesis en el sentido de que al ilícito debe imputarse la consecuencia; es decir, que al agente del daño debe llamarse a cuenta con el fin de resarcir los efectos a que haya lugar y con el propósito de que brille, con luz propia, la justicia legal. De esa forma, y sólo así, podría haber continuidad y vigencia del Estado de Derecho.

El “Yo acuso” de Díaz Brown es el mismo que se escucha haciendo coro en voz de miles  de modestos y prósperos productores agrícolas, víctimas de amenazas que van de la intimidación al confinamiento, de la precariedad a la miseria, del acoso físico al apremio económico; en suma,de la escasez a la cruel hambruna.

Todos a una, como en Fuenteovejuna de Lope de Vega, señalan al inmediato autor y responsable del conflicto. Todos a una gritan, indicando hacia donde debiera estar el oído atento y los ojos diligentes para ver por el bienestar de todos, con sensibilidad y liderazgo, con visión de Estado; dispuesto para atender las demandas de los ciudadanos con arreglo a Derecho, según ha de suceder en un Estado de Leyes y no en un territorio en el que imperen consejas y temperamentos

Todos a una, al igual que en Fuenteovejuna, los cajemenses liderados por su Alcalde, Rogelio Díaz Brown, reclaman no sólo que se ejerza el principio de legalidad y constitucionalidad, en tiempo y forma, sino que se restablezca la normalidad quebrantada intempestivamente por el Ejecutivo estatal. Exigen en coro que se otorgue lo suyo a cada quien con arreglo a Derecho; que se hagan valer las resoluciones judiciales incumplidas por Guillermo Padrés, por hoy principal autor del régimen de arbitrariedad y anarquía que viven los sonorenses.

En suma, todos a una, parecidamente en esto a Fuenteovejuna, piden se acelere el proceso a fin de poner en el banquillo de los acusados a quien o a quienes resulten  responsables, y corresponsables del agravio contra los sureños de la entidad, concretamente del Valle del Yaqui. Todos a una demandan Juicio Político contra los culpables del ultraje que se enseñorea, con lujo de impunidad, en el Estado vanguardista de la posrevolución.

Y mientras se incuba el encono y el rencor en una Entidad dividida por el autoritarismo, la inexperiencia política y emponzoñada por la confabulación y la corrupción, entre los que abanderan el derecho a la inconformidad, víctimas del mal gobierno, crece y se multiplica, día a día, el germen de la rebeldía colectiva y se motiva, para bien o para mal (sin duda para esto último), a la justicia por mano propia, con los efectos que esto implica.

Se olvida paladinamente, por otra parte, el tema crucial del impacto ecológico, el asunto prioritario del deterioro ambiental, la tarea de la prevención tocante al cuidado del entorno natural. Sin embargo, aún es tiempo para que este tema ocupe un lugar destacado, el que socialmente le corresponde, y a fin de que técnicos y científicos especializados en este particular sean convocados por las autoridades.

El propósito sería el de efectuar estudios pertinentes relacionados con el uso y aprovechamiento del agua y con la idea de evaluar las consecuencias que podrían derivarse del actual conflicto. Y así, prevenir resultados funestos e irreparables en la salud, la productividad agropecuaria y en la economía regional.

El Derecho a la Información tiene aquí una excelente oportunidad,con el objeto de hacer prevalecer, frente al silencio y al mutismo circundante, su validez y plena eficacia.

EL POLÍGRAFO DEL 7 DE JULIO, ¿QIUÉN MIENTE MÁS?

Se acerca la hora de la verdad para el PRI y para el PAN, sin descontar por supuesto al sigiloso Partido de la Revolución Democrática. El día de la verdad está a la vuelta. El venidero 7 de julio, el polígrafo, detector de verdades, a manera de gigantesco crisol, y como si fuese la misma Esfinge hablará a través de dígitos. Para votantes y espectadores serán enigmas a descifrar, señales o expresiones como las que gustaba enunciar al viejo Heráclito ante el solaz y regocijo de sus contemporáneos.

Cierto: ni el flamante PRI remozado por dentro y por fuera al decir de sus líderes y militantes, y tampoco el recién destronado PAN lo tienen todo consigo. Estos comicios intermedios serán algo así como un termómetro para medir anticipadamente y hacer mesurados vaticinios sobre los triunfos futuros de las máquinas barredoras en busca de triturar a su inmediato enemigo.

Con ese efecto, sus estrategas, asesores,  promotores y publicistas de oficio hacen hasta más no poder a fin de persuadir a los millones de escépticos votantes acerca de la bondad de sus propuestas, la transparencia de su oferta política y la verdad de sus promesas y compromisos.

Será el polígrafo popular el que exprese la última palabra, la Vox Populi a través de la cual se externa su opinión y determinación sobre el desempeño de la clase política en denodada lucha y búsqueda de más, y cada vez más poder.

El panorama es incierto, por no decir sombrío, desconcertante y hasta deplorable por los sucesos que se abaten sobre las organizaciones partidistas y en cuyo seno se debaten sus huestes. En el PAN, el derrumbe toma visos de pleito de vecindad a falta de una previsora y convincente agenda electoral o plataforma ideológica. Hacia dentro, el harakiri, hacia afuera un mísero portal doctrinario, ayuno de ofrecimientos y perspectivas persuasivos de renovación social y política.

El PRI, en vías de recuperación, padece, sin deberla ni temerla, los efectos de ineficacias ajenas. Sobre su aún endeble estructura gravita fuerte la campaña de improperios contra sus dirigentes, líderes parlamentarios y también por causa de la conducta de más de un mandatario local. El partido del legalismo, de la modernidad y del progreso institucional arrostra el peso del desprestigio por un pasado reciente de confabulación y complicidad con los abanderados de la reacción en el país.

Entretanto, asoma su rostro el PRD, en vías de recuperación tras su derrota del 2012. Se apodera de la causa de los tabasqueños, abandera a los guerrerenses azotados por la impunidad oficial y ataca la corrupción galopante en Coahuila y Veracruz. En fin, ventila a todos los vientos lo que sucede en el desventurado Estado de Sonora, por obra y desgracia del panista Guillermo Padrés. Por cierto, corre en voz de los sonorenses el dicho de que mejor les iría, si su mandatario, al igual que don Porfirio Díaz hace un siglo, hiciera vela en otro “Ipiranga” y convirtiera en refugio político Francia; en exilio, la ciudad de París.

Precisamente ahí, en Sonora, actúa el PRD como si fuese ya triunfador en el Distrito XVII, donde el PRI  sufre la sacudida del “quítate tú que me pongo yo”. Allá, Jesús Zambrano, su líder nacional, se lleva las palmas entre simpatizantes a juzgar por su rotundo apoyo a la causa de la Tribu Yaqui y a los acosados productores de la región del sur de la entidad.

Con lenguaje de Gaetano Mosca, autor de “La Clase Política”  (FCE, 1984, 350 p.), los próximos comicios serán una gran posibilidad para medir, con el polígrafo popular en la mano, la suerte de la democracia mexicana, el desempeño de los grupos de poder, a fin de rectificar rumbos, corregir entuertos, precisar metas y destinos. Todo ello, a partir del 7 de julio venidero. 

DÍAZ BROWN: FRENTE A UN LEGALISMO SIN LEY

Formal y materialmente, en  Sonora el federalismo está pasando a mejor vida. La noción de Estado está siendo borrada, ahí, sin mayores apuros, del mapa de la geografía, lo que hace una patria  y define a una nación. Ésta, lo sabemos, se configura por entidades libres y soberanas, con miembros adherentes al pacto federal. Lo que ocurre allá nos hace recordar la vieja y dolorosa experiencia histórica cuando Tejas, la porción territorial abandonada política y administrativamente a la ambición de los vecinos del Norte, fue segregada y amputada de nuestra jurisdicción sin reclamos valederos.

Tierra de nadie, podría declararse ante el abandono del Estado de Derecho. Tierra de nadie, en donde las disposiciones constitucionales no tienen validez ni eficacia, y en donde prepondera la voluntad subjetiva del Gobernador sobre el imperio de la legalidad. Tierra de nadie, en fin, en donde los poderes públicos se sobreponen al ejercicio del autoritarismo y en donde la anarquía sigue haciendo de las suyas. Y para colmo, en donde las sentencias judiciales y las resoluciones del órgano justiciero supremo carecen de fuerza imperativa.

Voz que clama en el desierto sonorense, dan la impresión de ser los reclamos, las advertencias y los exhortos de los representantes populares en la Cámaras de Diputados y de Senadores, así como la muy valerosa y valiosa voz del alcalde de Cajeme, Rogelio Díaz Brown, quien por cierto es toda una revelación política, a ojos de propios y extraños, por la intrepidez de su palabras como por el arrojo de sus actos.

Frente a un legalismo sin ley, de cara a un vacío físico y formal o estructural de poder, Díaz Brown ha tomado el toro por los cuernos, sale al paso de los calamitosos sucesos,  con entereza y pundonor, y encabeza la lucha cívica por la defensa del agua, interpretando el sentir de los ciudadanos en pie de protesta por los abusos, la intemperancia y la inepcia de un Ejecutivo “de nomine”, sólo de nombre.

La estrategia del aún mandatario (en el caso, el nombre es lo de menos), es ”dejar hacer, dejar pasar”, tratando por ese medio de orillar a los manifestantes, a colocarse en ilicitud, en condición a fin de que opere y se cumpla la normatividad penal. Y en ese caso, empujarlos a situaciones extremas, a la  desesperación, con el fin de que obre la fuerza de la ley en sentido inverso. Es decir, que en vez de someter a quien provoca con el fuero de un poder arbitrario, se ejerza la fuerza del garrote y de las bayonetas en contra de quienes han demostrado tener de su lado la  justicia jurídica, es decir, la legalidad y la constitucionalidad.

¿Cuánto vale negociar la ley? ¿Tres o cuatro mil millones de pesos? ¿Puede algún magnate pagar el costo de la impunidad a ojos vistas? ¿Es, acaso, negociable el hurto furtivo o sin tapujos del agua?

Son las anteriores algunas de las preguntas que ha hecho en público el munícipe de Ciudad Obregón. Son preguntas hasta ahora sin respuesta, por parte de los ejecutivos estatal y federal, de Enrique Peña Nieto y de Guillermo Padrés Elías.

La más reciente expresión del alcalde, por cierto hace poco galardonada en el seno del organismo que reúne a los munícipes del país, en el sentido de que si al Gobernador Padrés, ausente de sus deberes constitucionales, no le es posible resolver el trasvase ilegal del agua, en tiempo perentorio, él mismo, en persona, apagará las bombas furtivas  del Acueducto.

Afortunadamente, con todo y los presagios de drama o de tragedia que envuelve el insólito caso de vacío de poder, de legalismo sin ley, en la investidura y persona de Rogelio Díaz Brown hay madera de gobernante y político con perfiles de estadista. Por lo anterior, se puede afirmar que los cajemenses, en pleno y consciente ejercicio de sus derechos ciudadanos, pueden convenir, sin visos de equivocación, que el Alcalde, su Alcalde, es hombre y funcionario de palabra.

EL TURISMO NACIONAL EN LA MIRA

La industria sin chimeneas ha sido puesta en la mira. La nueva Presidencia le ha devuelto el rango que alcanzó en mejores tiempos. Hace 50 ocupaba el honroso cuarto lugar en la escala internacional, pues sus playas y escenarios arqueológicos eran ponderados entre los más impresionantes, seguros y acogedores del planeta.

El clima geográfico, social y cultural, hacían del Pacífico y el Golfo paraísos de la recreación, del reposo y el goce de connacionales y visitantes del extranjero.

Hoy, de nueva cuenta, el turismo es capítulo principal en la agenda del desarrollo y el crecimiento dentro del plan sexenal de la presente administración pública. En la cruzada internacional emprendida por el Ejecutivo federal con el fin de promover el nuevo rostro de México en foros internacionales y a título bilateral, el turismo asoma como invitado discreto aunque diligente, austero y a la vez promisorio. Es carta bajo la manga dispuesta a ser colocada en el tapete de las negociaciones intergubernamentales. Consiste en recurso pleno de expectativas socioeconómicas, de singular trascendencia humana por la calidez que comporta. Y es vehículo de interlocución educativa, cultural y de solidaridad cosmopolita.

Divisas, empleo desarrollo económico y crecimiento son improntas que  acompañan a la renovada industria sin chimeneas, abanderada en la era del internet y la revolución digital de nuestros días.

Mientras eso sucede, la diplomacia actual, dotada de sangre nueva, investida de renovada vocación tiene voz que convoca a valorar nuestro país como anfitrión confiable y dispuesto a compartir el disfrute de sus bienes naturales, la riqueza de sus valores históricos, todo ello en términos de hospitalidad y seguridad. Hay testimonio de que se reordena la casa, se ponen las cosas en su sitio debido y se engalanan los compartimentos de que se integra; se hacen los arreglos que le darán fachada atractiva y radiante, se dice, a los contornos que le han otorgado renombre.

Está el ramo turístico en manos industriosas, al cuidado de mentes diligentes y constructivas. Claudia Ruiz Massieu cuenta en su haber experiencia y aptitudes administrativas a fin de dar el impulso requerido a la actividad que, por hoy, se perfila como brazo estratégico y vigoroso en la reconstrucción de la nación en todas sus aristas.

Al efecto, tiene interés e importancia la mención relacionada con la configuración del equipo de trabajo del cual depende que el vuelo tome su curso, que los destinos sean cubiertos con eficiencia y eficacia, que los viajes sean realizados en los términos anunciados y cumplidos dentro de los parámetros que fija la normatividad internacional y los protocolos que reafirmarán la buena fama de México más allá de nuestra frontera.   

En el caso de Fonatur, palanca de la inversión y apoyo de la promoción,  un conocedor de la industria en cuestión, el contador público Israel Soberanis Nogueda ejemplifica lo mencionado líneas arriba. Político formado y forjado al lado del extinto guerrerense, educador y reformador, José Francisco Ruiz Massieu, ex diputado local y federal, ex presidente municipal de Acapulco y ex rector de la Universidad Americana en el puerto guerrerense, integra el grupo de funcionarios de primer plano en Sectur donde las ideas, las propuestas y los proyectos concurren a dar forma y contenido a los programas de trabajo de la dependencia que hoy figura en la mira de los planificadores de la Presidencia, así copartícipes del Plan Sexenal en marcha.

De ahí que los confabulados con salteadores al servicio de la desestabilización, bien podrían ya recoger sus bártulos y poner pies en polvorosa en compañía de  provocadores de oficio en los dominios de la cultura superior y de la educación pública, identificados en las tareas de la actual Reforma.

¿DERECHO A LA IMPUNIDAD?

Sonora, el Estado abanderado de la Revolución Mexicana junto con los de Morelos y Chihuahua, está siendo convertido, en un Estado escindido, próximo a la violencia y a la confrontación. Los sureños acaban de sellar el pacto de la rebelión civil, con razón y justicia, en nombre de intereses prácticos en los cuales les va la sobrevivencia a muy corto plazo. El agua, insumo vital, se ha vuelto asunto de protesta pública generalizada. Lo que dio origen a la convivencia y a la solidaridad en los orígenes de la Humanidad, en el escenario actual es piedra de escándalo y letal discordia.

Implicaron los habitantes del Sur en su resolución para hacerse oír en las altas esferas del Estado y la Federación, el derecho a la inconformidad y a la desobediencia civil, a través de acciones que colocan en evidencia al gobierno de la Entidad.

Siguieron, con ese efecto, las directrices propuestas por el inglés John Locke enunciadas en sus ensayos sobre el Gobierno, haciéndolas propias en las movilizaciones cívicas que ya marcan un hito en la historia reciente de Sonora. Locke escribió: “Si el pueblo se ve reducido a la miseria y es víctima de los abusos de un poder arbitrario, el final será siempre el mismo. Él estará siempre dispuesto a quitarse de encima una carga que le resulte insoportable”.

El pensador de referencia sostuvo, con letras indelebles y con plenitud de lucidez:: “Rebelión es oponerse no a las personas, sino a la autoridad. Y ésta se basa únicamente en el régimen y las leyes del gobierno”.

Frente al derecho a la desobediencia civil, los más recientes sucesos en la tierra de los Obregón y los Calles, llevan a formular la candente interrogación: ¿Hay un derecho a la impunidad? ¿Existe algo así como un fuero inviolable, con arreglo al cual la persona investída de autoridad está en condiciones de ejercer poderes discrecionales en contra del bienestar y la felicidad de los ciudadanos? ¿Son las leyes y normas configurativas del Estado de Derecho sólo imperativas para el común de las gentes, pero no para el mandatario o gobernante en turno?

En Sonora, el Ejecutivo estatal, Guillermo Padrés, eludió acatar  la máxima de derecho en cuanto a cumplir y hacer cumplir los ordenamientos, erigiéndose a su vez en juez y parte invadiendo el ámbito de las resoluciones y colocándose, no a las  resultas de la legalidad, sino a sus espaldas, interfiriendo su estricto cumplimiento. Por ahora.

Su conducta al respecto, lo sitúa bajo la condición señalada por John Locke en el sentido de propiciar el derecho a la rebelión y, más claramente, de facilitar la respuesta popular, cívica, ciudadana, de inconformidad, protesta y movilización pública, con las consecuencias del caso. 

La voz del pueblo es la voz de Dios, dijeron los romanos. En la democracia, por medio de la voz de los ciudadanos hablan las leyes, las normas de observancia general.

Desoír la voz del pueblo para aquéllos era desatender la voluntad divina; entre nosotros, hacer caso omiso, incurrir en desacato, es cometer desaire al derecho, caer en conducta ilícita. Por añadidura, con los efectos punitivos de los casos en cuestión.

Así, en lugar del orden jurídico, la validez y eficacia de las normas, el Estado de Derecho, en Sonora se trata de hacer valer el derecho a la ilegalidad; es decir, convalidar el imperio de la anarquía. Ahora bien,¿coexistirían dos Estados en uno, el de la desobediencia civil y el del autoritarismo? ¿De ser así, por cuánto tiempo? ¿Las leyes, por un lado, y los temperamentos, por otro?¿Predominarían los intereses personales? En resumen: ¿Triunfaría, acaso, el  derecho a la impunidad?