EN CAJEME: ULTIMÁTUM CIUDADANO

Lo que no ha logrado hacer el Poder Judicial a fin de poner término a la ilegalidad propiciada por el gobernador Guillermo Padrés Elías en lo que se refiere al Acueducto Independencia, ¿podría conseguirlo la movilización ciudadana la cual encendió ya la chispa de la indignación entre productores, indígenas yaquis, representantes de sectores y organizaciones civiles?

La protesta cívica convirtió la vía pública en amplio foro para emitir el ultimátum con el que se advierte y apercibe al titular del Ejecutivo para dar por concluida la ola de ilicitudes en que ha incurrido, con daños y perjuicios, a los habitantes del Sur de la Entidad.

¿Bajará de su sitial el “Rey Sol” o prefiere ser colocado a las resultas de la “justicia” popular, la cual dista de ser justicia por más que se pretenda justificarla por encima de las leyes y sus procedimientos? ¿Se persuadirá, con la ayuda de sus patrocinadores, de que es imposible saltar por encima de la propia sombra?

¿Escogerá el poderoso dejarse llevar por el mutismo y la indiferencia a sus gobernados, y escogerá, en todo caso, la pena que impone el desdén popular?

¿Es posible, que un Mandatario haga caso omiso, o bien olvide que su investidura  implica magnificencia y señorío, mismos que le delegan los ciudadanos, y que a ellos incumbe, en caso extremo, demandar y exigir se haga valer su vigencia y  validez?

Diputados federales, locales, munícipes y ex alcaldes, para quienes la ilegalidad no se compagina con el prurito de imparcialidad, y menos justifica la complicidad, lideraron a los más de treinta mil ciudadanos para quienes se ha llegado al límite de la ilicitud, al extremo de la ingobernabilidad y al derrumbe del Estado de Derecho por manos, paradójicamente, del Ejecutivo responsable de cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes secundarias.

Con voz firme, vigorosa y por tanto audible, el alcalde de Cajeme, Rogelio Díaz Brown, hizo recordar que el mandato político consiste en escuchar y proceder, siguiendo el latido del corazón de los ciudadanos; sin perder de vista el polo Norte  de la legalidad. Dijo que hará lo que le exijan los cajemenses en los términos de la ley. Refrendó, como si estuviese aún en campaña por la Alcaldía, su compromiso moral y sus obligaciones consuetudinarias. Refrendó, con sus palabras, lo expresado días antes por Faustino Félix Chávez y Ernesto Gándara Camou, diputado federal y senador, respectivamente.

No hay callejones sin salida. Pero aquí cabe recordar la admonición de Juan Jacobo Rousseau en su ensayo Sobre el origen de las Lenguas acerca de que las asociaciones de hombres, escribió, son en su mayor parte obra de accidentes de la naturaleza: así, los diluvios, los mares extravasados, las erupciones de los volcanes, los grandes temblores de tierra, los incendios prendidos por el relámpago que destruían bosques enteros, todo esto debió espantar y dispersar a los habitantes de una región y reunirlos enseguida para reparar en común las pérdidas.

Hoy, estamos viendo, el abasto del líquido vital divide a los pobladores del norte y el sur de Sonora. Los habitantes del Yaqui y del Mayo, respaldados por gobiernos previsores hicieron posible la victoria sobre el semidesierto y promovieron gran bonanza entre sus productores, ubicándolos a la vanguardia, en los años cincuenta en adelante, como  granero de la nación.

¿Es posible, aún, que a partir de la restauración del Estado de Derecho, el acato a la legalidad, se haga el “milagro” de restituirles su esplendor y prodigalidad a los valles  del Yaqui y del Mayo, otrora feraces y modelos de productividad, así como sustento y progreso seguro, en paz y armonía? ¿Será factible la justicia de dar a cada quién lo suyo, definiendo lo suyo de cada quién conforme a Derecho?

EN SONORA, ELECCIÓN EXTRAORDINARIA Y CRISIS DE PODER

Al grito de “el Estado soy yo” propalado por Guillermo Padrés Elías, en la Entidad norteña agoniza la coordinación de poderes. Sucumbe, sin visos de redención, el Estado democrático de Derecho entendido como realización del principio de la constitucionalidad de la legislación y de la legalidad de su ejecución.

Ha caído de manos del Ejecutivo la función de ejercer el mando para dar estricto cumplimiento y acato a la Ley. Invade, con lujo de impunidad, las atribuciones del Legislativo impidiéndole ejercer su función de crear leyes promotoras de bienestar, confianza y seguridad. Finalmente erosiona, sin que nadie se lo impida, el desempeño del Poder Judicial, haciendo caso omiso de sus fallos y decisiones e  implicando desacato a la más reciente resolución de la Suprema Corte, configurativo todo ello de la petición de Juicio Político en su contra.

En medio de la mayor crisis política en el Estado, las preguntas que agobian las mentes y los corazones de los sonorenses de bien, siguen siendo: quién o quiénes sostienen, solapan y protegen al Gobernador, al grado de ser capaz de incumplir paladinamente el Mandato delegado por los ciudadanos; hasta qué punto el síndrome de la anarquía oficial de los cuatro últimos sexenios, de Salinas a Calderón, alienta en su favor. Y si hay o no lazos ocultos manejados por algún Fouché que lo cobija, por motivos de complicidad y contubernio, para mantenerlo a flote.

Mientras tanto, el aparato electoral se ha puesto en marcha. Los partidos se aprestan  con el fin de participar en la elección extraordinaria por el Distrito XVII local, con cabecera en Ciudad Obregón. El PRI, enlutado por el crimen del extinto Eduardo García Luque, del aludido Distrito electoral, postula como su representante en los comicios de julio a Rossana Coboj García, viuda de Castro Luque; el PAN, a Fructuoso Méndez; y el PRD a Irene Manzo, aspirantes a cubrir el vacío abierto tras el artero, proditorio,  asesinato. El objetivo inmediato es “lograr un equilibrio en el Congreso local”, con palabras del dirigente estatal del PRI, Alfonso Elías Serrano. Y los priístas esperan, impacientes, la visita de su líder nacional, César Camacho.

La campaña toma vuelo rodeada de tormenta, precedida desde los primeros instantes por una dolosa campaña publicitaria para causar descrédito al PRI, a su  aspirante en la persona de Coboj García, encendiendo el encono de los votantes por medio de acusaciones extemporáneas relativas a lo ocurrido, para desgracia de decenas de familias, en la llamada Guardería del horror. En el fondo, es argumento “ad hominem”. No más. 

Respetar el luto de la viuda de Castro Luque es lo primero que habría que se debe exigir en los inicios, el desarrollo y la culminación de esta elección extraordinaria, la cual empata con los comicios intermedios de próxima realización. Salvaguardar el honor y la dignidad de quien fue la principal doliente, con su familia entera, del agravio de los cobardes que no se detienen en nada, incluyendo el asesinato, para anular y contener a sus adversarios políticos. Garantizar, en suma, a los votantes su derecho a elegir libre y responsablemente, sin la injerencia de voluntades criminales y sin intromisiones de quienes tratan de retener el poder con arbitrariedad y autoritarismo impulsados por la corrupción y la complicidad.

Es posible, y en esa expectativa coinciden sin duda los ciudadanos, no los políticos profesionales, en que la elección extraordinaria, la del próximo 7 de julio, sea precisamente eso, unos comicios extraordinarios por los alcances cívicos a que haya lugar como resultado de la capacidad y el compromiso de sus organizadores, promotores y publicistas, participantes autorizados en los órganos electorales. Y como efecto , la legalidad y constitucionalidad a toda prueba.

DÍAZ BROWN, PREMIO AL MUNICIPALISMO

Todo indica que es la hora del municipalismo. Cajeme, la demarcación municipal bajo amenaza de sequía, acosada por el síndrome del crimen organizado y víctima indefensa de la anarquía oficial desde el Ejecutivo local, está de plácemes a pesar de la adversidad. La razón: el munícipe Rogelio Díaz Brown, estrena el galardón que otorga al “Buen Gobierno” la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), distinguiéndolo entre sus 72 pares en el Estado.

Cabe subrayar que el Presidente Municipal cajemense fue elegido haciéndosele acreedor al premio por su capacidad y solvencia política al proponer ante la Federación planes y proyectos específicos y viables, y por haber logrado apoyos suficientes y extraordinarios para cumplir las metas y objetivos de sus proyectos.

Es una distinción, dijo al recibir la presea, que pertenece a los pobladores del Municipio de Cajeme, uno de los Ayuntamientos con prestigio más que cincuentenario no sólo en la Entidad sino en el Noroeste, por su productividad agropecuaria, avances y logros en lo educativo, lo económico y lo social; estabilidad política a través de los numerosos gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Hizo notar que su desempeño va precedido de orgullo legítimo; es decir, orgullo de honradez y laboriosidad, apegado su quehacer a la Ley y a la Constitución.

Hacemos nuestro trabajo, subrayó, con profundo amor a Cajeme, refrendando con su dicho la verdad que encierra la popularizada expresión de que “Obras son amores”.

En la era de la democracia digital, de las relampagueantes innovaciones electrónicas con repercusión en la toma de decisiones, aplicación de los recursos públicos, planificación comprometida con la voluntad de los contribuyentes, galardones como el mencionado adquieren significado en vista al desarrollo y el crecimiento con sentido social. Contribuyen a redimensionar la responsabilidad del recipiendario, magnificándose sus deberes de informar a los ciudadanos con oportunidad, claridad y certeza. Coadyuvan a que, a través de los escaparates de cristal se pueda observar, evaluar y exigir corrección, si hay lugar, en cuanto al destino y eficacia de los programas, proyectos y planes de corto y mediano plazos.

La ingeniería social en la era digital de nuestro país, y en los municipios  particularmente, se impone a los políticos y administradores de los haberes públicos, y de todos aquellos cuya grave misión es respetar y hacer respetar las leyes, organizar en acciones las demandas y urgencias que más apremian entre los trabajadores intelectuales y manuales, entre los que tienen capitales e instrumentos de trabajo, entre los que aspiran a conseguir un lugar en las instituciones educativas, privadas y públicas, para su formación profesional, y luego obtener empleo útil y productivo en lo personal y lo familiar.

El alcalde Díaz Brown, flamante galardonado entre los 67 municipios de la Entidad, tiene frente a sí, frente a sus gobernados en la demarcación otrora más rica y promisoria de Sonora y de vastas zonas de México, la oportunidad de restablecer en su demarcación la confianza ciudadana en sus instituciones, refrendar la legalidad y constitucionalidad puestas bajo entredicho con motivo, por ejemplo, de la construcción impremeditada del Acueducto y la errática administración del erario estatal.

En sus manos está el detonar, desde su modesto sitial político, el retorno a la normalidad sociopolítica y económica, investido del reconocimiento nacional por parte del organismo restaurador del federalismo, por tanto del municipalismo perdido por el desgobierno del PAN a cargo del ex presidente Felipe Calderón, apoyado subrepticiamente por representantes desleales en el Congreso, tránsfugas irredentos del propio Partido Revolucionario Institucional.

LAS RESOLUCIONES DE LA CORTE SE ACATAN, NO SE OPINAN

Los jueces y magistrados, ciertamente, no son dioses. Sus fallos y sentencias son enunciados que emiten mujeres y hombres bajo el primado de la imparcialidad, la objetividad y la pureza de método, lo cual hace posible la convivencia humana, en mayor o menor medida, en términos de armonía y paz social. Sus dictámenes, con palabras del jurista Hans Kelsen, son ni más ni menos el fundamento “de la justicia de la ley”.

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así, han de acatarse, afirma el senador por el Estado de Sonora, Ernesto Gándara Camou. Agrega, a título de confirmación: “No se opinan”.

Por su parte, el diputado por el Sexto Distrito de aquel Estado, Faustino Félix Chávez, declara que el Estado de Derecho no se negocia. Se debe cumplir, sin excepción alguna. Sobre toda contingencia.

Ambos legisladores dan al blanco de la controversia motivada por el desacato a los mandatos emanados por los órganos judiciales en aquella jurisdicción donde se refieren acciones ilícitas del Ejecutivo estatal relativas a licitación, construcción y operación del acueducto “Independencia”,

Mal asesorado por sus colaboradores versados en el tema, el gobernador Padrés Elías da pie para que se considere su conducta ante las órdenes judiciales, incluyendo las de alta jerarquía, de la SCJN, como si fuesen opiniones, puntos de vista ocasionales, expresiones  subjetivas y, por lo tanto, proferidas por intereses políticos basados en el poder de la fuerza. Se sabe que esto ha dado pie a la petición de Juicio Político en su contra.

De ahí la importancia de que se hagan escuchar voces autorizadas acerca de por qué obedecer el Derecho, las razones por las cuales han de acatarse en firme las resoluciones judiciales, y el argumento de que no hay lugar, no debe haberlo, para opinar acerca de su validez y eficacia.

A quienes hacen las leyes, a quienes dictaminan tras el arduo proceso de su estudio y análisis, en suma a los congresistas, a ellos compete en primera instancia poner en alerta a los ciudadanos acerca del deterioro y detrimento del Estado de Derecho que se ocasiona en caso de incumplimiento y obstrucción a los dictámenes derivados de la interpretación de la ley. Más aún, les incumbe a ellos prevenir sobre la gravedad que se cierne sobre una comunidad cuando es el propio responsable de ejecutar los mandatos de la ley, quien soslaya su acato escudándose en justificaciones o motivaciones inefables.

Dice bien el senador Gándara Camou que las resoluciones de la SCJN no se opinan. Bien lo expresa el diputado Félix Chávez al refrendar el principio de no negociar el Estado de Derecho. Quienes opinan son quienes dirimen la controversia,según los intereses en juego. Y cabría invocar aquí la clásica polémica en la Atenas de Pericles,  de la cual salió victoriosa la idea o noción de verdad fundada en argumentos sobre el concepto de opinión, basada ésta en asegunes y conjeturas. Las sentencias, fallos y resoluciones pertenecen al primer orden, no al segundo.

Al Poder Judicial, por lo tanto a la Suprema Corte, compete, de acuerdo con sus atribuciones,dar a cada quien lo suyo, siguiendo el antiguo apotegma, pero le corresponde asimismo determinar previamente qué es lo suyo de cada quien, como lo señala el autor de la Teoría Pura del Derecho.

Y esto último es lo que acaba de hacer el Máximo Tribunal al resolver, conforme a Derecho, de lado de quién o de quiénes está la razón en la disputa ocasionada por el acueducto, por hoy convertido en piedra de toque de la justicia. De la justicia de la ley.

LUZ AL FINAL DEL ACUEDUCTO

A pesar de todo, de los deseos y propósitos deleznables del gobernador del Estado de Sonora, se hace luz al final del túnel o, mejor dicho, del acueducto mal llamado “Independencia” en aras de la publicidad en la entidad más golpeada por la anarquía y el autoritarismo.

La Jornada, diario de la Ciudad de México tituló la información al respecto “Confirma SCJN amparo contra acueducto y reconoce a yaquis”; Tribuna de Ciudad Obregón: “Falla la SCJN a favor de Yaquis en caso Acueducto Independencia”; El Imparcial de Hermosillo: “Acueducto sigue en operación: Estado”.

Desde sus inicios, la colosal obra  ha sido manzana de la discordia. Ha dividido al sur y al norte del Estado en dos grandes sectores socioeconómicos, por la decisión impremeditada e irregular, del Ejecutivo local, quien fue nominado mandatario por la mayoría de los sonorenses. Si la desgracia en la Guardería de Hermosillo dejó marcas indelebles en la conciencia de los dolientes a causa de la irresponsabilidad de los funcionarios involucrados, este proyecto inconcluso deja secuelas irreparables en lo social y lo económico por la miopía, el cinismo y la inepcia de la administración actual, comprobable en el ejercicio financiero, social, educativo y en materia de seguridad y de bienestar.

Lo que dio grandeza, timbres de pujanza en el agro productivo, inclusive  más allá de la frontera (recordamos el CIANO, Centro de Investigaciones en el Noroeste), cuyo desarrollo propició la gloria a un Premio Nobel, el doctor Norman Bourlag, aquello se ha convertido en traspatio de la agro economía regional en los valles del Mayo y del Yaqui. Y, por hoy, es antesala de rezago y empobrecimiento dada la amenaza de sequía y desabasto de agua que pende sobre el destino de grupos, asimismo, de indígenas acosados por el megaproyecto  de la ignominia.

Guillermo Padrés Elías se ha ganado a pulso la denominación de sucesor en el poder de Felipe Calderón, el sepulturero del PAN en el país, con el respaldo de francotiradores del actual régimen en la Presidencia.

Ha logrado el galardón de sobrellevar el nombre de “Rey Sol” en el Estado que ostenta próceres de la talla de Plutarco Elías Calles,  Álvaro Obregón y Abelardo Rodríguez. Y no por la brillantez en el ejercicio gubernamental, sino por el afán de incendiarlo y destruirlo todo. Es, a la fecha, el mandatario más publicitado por los despilfarros del erario público a su cargo, la imposición de tributos agobiantes y usureros, así como por su discapacidad para oír la inconformidad de sus gobernados y ver la pobreza que llevan a cuestas los marginados.

Ha llevado a los sonorenses a la condición de inseguridad extrema, desconfianza máxima a su mandato sólo equiparable en Estados con graves conflictos: Coahuila, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán.

Nadie en la geografía política nacional ha osado, como él, ser émulo y sustituto del Poder Judicial y mucho menos usurpar funciones de la Suprema Corte de Justicia para ser árbitro e intérprete de la justicia constitucional, transformando al Estado, de miembro del Pacto Federal en ínsula beligerante frente a los fallos y resoluciones del Máximo Tribunal.

El agua, preciado líquido vital que da salud, vigor, sustento y riqueza a los humanos, que en sus orígenes primitivos promovió la convivencia familiar y social, que ha hecho en lo particular esplendorosa y señorial a la capital hermosillense, y bullente y pródigo en lo productivo y lo industrial al sur de la entidad, es ahora motivo para el divisionismo, el encono y el derroche de bienestar, por decisiones mal planificadas y peor conducidas por el jefe del Ejecutivo, quien, con aires de avaricia y corrupción, asume extremos de ingobernabilidad.

COMPAÑEROS EN EL RIESGO Y EN EL DOLOR

No hay, es imposible, palabras que logren mitigar el dolor por la pérdida irreparable de sus dos hijos. Ninguna expresión de solidario sentimiento podría traer alivio, jamás, en estos difíciles momentos. El luto cala desde dentro del alma y lo permea todo, absolutamente todo. 

En los hijos nos va una porción de nuestro ser, por no decir que nos va el ser entero. Antes de ver el tierno rostro de cada uno de ellos, anticipamos nuestro anhelo de continuidad, equiparable a la tendencia de sobrevivencia que domina todos los sentidos en nuestra especie.

Verlos partir, dejar de existir, intempestivamente, es sufrir en sí mismo, en la persona propia, la cancelación de muchas, sino de todas las esperanzas. Al menos,  de manera inmediata.

Lo ocurrido a David y a su apesadumbrada esposa Martha, es indescriptible. Da la impresión de tratarse de una atroz pesadilla, de una alucinación inefable.

Oficio para compartir vida es el periodismo, el diarismo. Oficio para comunicar sucesos y encontrarles  un sentido que a menudo pasa desapercibido para los otros, los demás. Oficio para comunicarse, para hacer partícipe a los semejantes la propia visión de las cosas, a fin de hacer posible el ideal de la interlocución. Y romper con los densos velos de la soledad que a veces nos aterra. El luto que hoy embarga  a quienes ejercen el mencionado oficio, nos alcanza a todos. La sociedad en donde acaba de ocurrir el atentado cruento vuelve a estremecerse y pronunciar similar exclamación en forma de pregunta: ¿Por qué? ¿Hasta cuándo?

A los esposos Páramo les ha tocado padecer, hoy lo sufren, la sinrazón de la intolerancia, una vez más ejercida por aquellos que sirven propósitos aviesos, objetivos  incompatibles con la buena, óptima, convivencia entre humanos. En la persona de sus seres amados, manos arteras han descargado odio y venganza, sin posible explicación. La Justicia por mano propia, a iniciativa personal, es vituperable siempre, sin fundamento, a todas luces.

Vaya, desde lo más profundo de nuestra consternación, toda nuestra solidaridad en estas horas en las que el tiempo se suspende para dejar abierta las compuertas de la desesperación.

Compañeros en el riesgo y en el dolor, a los esposos Páramo les enviamos el tributo de nuestra consideración sin límites. Nuestro afecto y comprensión palpitan al unísono de su postración y sufrimiento.

Nada, lo sabemos, podrá servirles sino para atenuar lo indecible en este difícil paso de sus vidas. Nada ni nadie hará por ellos, como no sea el vigor que brota de la fe en sí mismos y que trata de abrirse sitio por parte de los demás en forma de consolación.

Si la fe que invocamos viene y llega del cielo, bienaventurada esa fe que remueve lastres que emergen en un momento determinado de la existencia.

En el dolor nos hermanamos sintiendo ese oculto vínculo que nos hace más humanos, aún y tal vez en virtud de la adversidad.

Nuestro afecto en la desgracia, nuestra identificación con ellos que, como padres, son víctimas indefensas de inhumanidad sin nombre y de impulsos aberrantes impronunciables.

EL II INFORME DEL GOBERNADOR AGURRE RIVERO

Polémico, persuasivo y contumaz, ha sido el documento dado a conocer por el gobernador Ángel  Aguirre Rivero a los guerrerenses, el pasado martes. Es persuasivo en estos tiempos políticos en los cuales imperan los adjetivos en vez de la argumentación y contumaz cuando la cortesía política ocupa el lugar que corresponde a la denuncia por encima de cualquier arreglo o negociación.

En los medios políticos y de opinión, dentro y fuera del Estado de Guerrero, el mensaje del Mandatario ha caído como lluvia en tierra sedienta, justo ahora cuando la razón de la fuerza se sobrepone a la fuera de la razón y cuando la pasión ideológica trata de ocupar el imperio de las leyes.

El gobernador Aguirre llamó a los golpistas escudados en las siglas del CETEG por su nombre propio. Los calificó de “delincuentes” y de “vándalos”.  Eludió los términos de docentes y educadores para aquellos que se han colocado a la resulta de la imputación penal, soslayando el eufemismo como recurso para condescender y actuar en complicidad con los salteadores de la legalidad.

En su investidura de Ejecutivo de la entidad más castigada por la anarquía, la violencia y las agresiones en la propia sede gubernamental, su mensaje es advertencia con el fin de  contener a través del principio de si es A debe ser B, la avalancha provocadora en todo el país. Mientras  la prudencia se malentiende, a propósito del secuestro en la UNAM, en el Estado sureño se hace oír la voz en términos una denuncia y acusación en firme, contundente, que no admite vacilación por temor a lo que podrá suceder si se hace valer el mandato de la legalidad.

Se dirá que los árboles no dejan ver el bosque, en el Informe del Gobernador. Pero hay datos y referencias ahí, información constatable por parte de los ciudadanos quienes tienen la última palabra con ese efecto: en la costa y la Montaña, en las poblaciones de valles y en las urbes intermedias..

El mandatario expuso su política en materia de seguridad, cuyos referentes son las acciones protectoras y preventivas, por ejemplo, en Acapulco, perla del turismo nacional e internacional, convaleciente aún después de la pasada crisis económica y social. Subrayó los programas en materia de recursos humanos en una etapa plagada de provocaciones y disturbios. Y mencionó las obras hidráulicas en marcha,que se relacionan con la actividad rural e industrial.

Con todo, los reflectores mediáticos, nacionales y locales, han estado atentos a la posición del mandatario frente al acoso de los últimos tiempos en que se ha visto envuelto el  gobierno de la entidad, esta vez por parte de vándalos y representantes de la anarquía delincuencial.

Aguirre Rivero, mandatario polémico, vapuleado políticamente por una de las alas de la izquierda beligerante, y por las derechas, sin faltar el castigo de grupos del centro partidista nacional, ocupa a partir del martes anterior, con honor el sitial de firme aliado de la Reforma Educativa consagrada en la Constitución. Es su adalid y más resuelto defensor entre mandatarios que sufren similar provocación. Al margen de banderías ideológicas y políticas, merece un voto de confianza por parte de sus gobernados. Amerita su actuación, asimismo, el reconocimiento, por lo demás entre ellos también, egoísta y mezquino, de sus pares, en tanto escudo de la legalidad y la constitucionalidad dentro de su jurisdicción. Y no es poco decir.