“DECLARACIÓN SONORA”: ESCUELAS DE CALIDAD PARA TODOS

La Secretaría de Educación Pública se ha comprometido en el marco jurídico del Pacto Federal a implementar, en forma integral, la Reforma Educativa, cuya máxima aspiración es la de impartir enseñanza de calidad, en términos de cobertura equitativa; es decir, con la finalidad de que esté al alcance de todos.

Laica debe ser, desde el Benemérito de las Américas, la educación que imparta el Estado mexicano. Libre de prejuicios, por tanto, de dogmas políticos y religiosos de toda índole.

La de hoy, como en todo tiempo, requiere de la atención solícita, mancomunada, de padres y maestros.

Aunque la etapa en que vivimos, la noción de hogar ha cambiado sustancialmente, la asistencia de padres y tutores es mucho mayor que la de hace cinco décadas, por mencionar un periodo estimado, respecto del proceso de cambios laborales y socioeconómicos que dejan estrechos límites para dar el apoyo que requieren los escolares en la edad  adolescente y de la primera juventud.

La seguridad en los planteles de enseñanza pública demanda el ejercicio vocacional de maestros y asistentes de la enseñanza, aunado a un desempeño ético-jurídico, de respeto a la dignidad de la población estudiantil, en forma individual y colectiva.

Ciertamente, el hogar es fragua en la cual se inicia el temple para la invulnerabilidad  de la persona, prosigue en el aula de la educación básica y alcanza su desarrollo libre y responsable en los recintos universitarios y de enseñanza tecnológica.

En Hermosillo, Sonora, cinco mandatarios del Noroeste mexicano firmaron de manera conjunta y solidaria, con el titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, la Declaración que los compromete y obliga a impulsar, fomentar y convalidar el formato de reforma educativa como eje principal de las restantes: reformas socioeconómicas, culturales políticas y administrativas, decretadas por el Congreso federal.

Acordadas implícitamente por los ejecutivos estatales, la Declaración signada por los gobernadores de Baja California (Norte y Sur), Chihuahua, Sinaloa y al frente Sonora, sede de la reunión, la reforma aprobada formaliza explícitamente prioridades que van desde lo material (infraestructura, equipamiento, materiales educativos) hasta las relacionadas con el desarrollo profesional docente, la revisión, con el objeto de innovar, planes y programas de estudios, así como fortalecer los vínculos entre educación y demandas sociales, sin perder de vista los requerimientos y ofertas del mercado laboral.

De la zona noroeste proviene el Acuerdo con arreglo al cual adquiere mayor fuerza obligatoria, por consenso de los ejecutivos estatales, los puntos clave (prioridades) de la Reforma Educativa.

En el sur y sureste de la República, la oposición tumultuaria a la Reforma  ha sido con el pretexto sindicalista (léase CNTE) para obstruir el proceso de cambio en los enclaves educativos, invocando proclamas de intocabilidad gremial o bien justificando el derecho a la protesta con violaciones a garantías laborales dentro del sector de un magisterio. Aquéllos,  dispuestos a  rechazar e impedir toda forma de evaluación y de valoración de competencias y de calidad profesional.

Es verdad que la Reforma Educativa está en sus comienzos. No es, hasta donde se encuentra a la fecha, el meollo de la revolución que pretende. El deslinde entre lo sindical y lo educativo propiamente dicho, es un primer paso. La evaluación magisterial tiene ante sí el reto de la actualización docente.

La enseñanza de calidad implica contar con un cuerpo magisterial capacitado, idóneo en cuanto al acervo de conocimientos y técnicas modernas para impartirlo en condiciones de modernidad tecnológica. Implica, asimismo, desprenderse del “magister dixit” como fórmula de autoritarismo escolar y a título de predominio del docente sobre la pretendida obediencia ciega de los alumnos.

La imagen del educador como transmisor de conocimientos debe quedar definitivamente atrás y suplirse con la idea de que la educación es un proceso de enseñanza-aprendizaje en donde el dialogo sustituye al discurso intolerante y soberbio.

Educar es enseñar, sí, pero enseñar a crear.

El alumno, en esta cosmovisión educativa, es copartícipe y coadyuvante del mentor.

La letra con persuasión y diálogo se aprende mucho mejor que con castigos y penalizaciones violentas.

HACIA LA OCUPACIÓN PLENA: FERIA LABORAL EN CAJEME

Dio inicio a la Feria del Empleo, primera dentro de su género en Ciudad Obregón, Sonora. Concurren hombres de empresa, oferentes con capacidad de dar ocupación: entre otros, industriales y productores en general.

La Cámara Nacional de Comercio se suma a la cruzada puesta en escena por el Ayuntamiento local.

La ocupación se inscribe, no hay duda, en el conjunto de programas correspondientes una política tendente a la equidad y la igualdad. En el Estado de Bienestar,  el empleo contribuye a resolver progresivamente las demandas perentorias de vivienda, salud, educación.

En términos  de convivencia, ayuda a suprimir, en gran medida, la violencia y da cauces a la participación ciudadana, libre y responsable.

A diferencia del Estado empleador instituido como respuesta emergente al término de una etapa asoladora y desoladora en el seno de la sociedad, la política de pleno empleo convoca a la sociedad civil para compartir el peso de los problemas derivados de una coyuntura circunstancial, suspensiva y de corto plazo.

Mientras en el primer caso se llega al extremo de ofertar un tipo de ocupación sin otra finalidad que la de dar ocupación por sí misma y sin objetivo ulterior, en el pleno empleo se implican metas y objetivos de carácter social: realización de vocaciones, satisfacción de ideales individuales y colectivos; culturales y recreativos. Sin  posponer, por supuesto,  las necesidades inmediatas y sin suprimir las que tienen un sello cultural y desinteresado.

Bienvenida, así, esta Primera Feria destinada a colmar demandas apremiantes, con la participación de empresarios con visión social.

Es una primera piedra en el edificio de la política laboral en la que será posible aunar, adicionar, a la seguridad en el empleo, los beneficios de un retiro digno, sin zozobras y sin mezquindades, propias de las sociedades opulentas condenadas a la existencia efímera, sin pena ni gloria.

A esta buena noticia es posible sumar la relacionada con la atención a los adultos mayores, circulada por “Tribuna del Yaqui” en la edición que informa acerca de la Feria del Empleo, primera en dicha modalidad.

Se compagina con los programas impulsados por el gobierno del Estado, cuyo móvil principal es asignar a la vida en sociedad la dignidad propia, la que le corresponde en el marco del Estado Democrático de Derecho.

Es decir, el vínculo hacia la confirmación de lo humano en cada etapa de la existencia: la escuela primaria y secundaria en la primera y segunda infancia; la de la educación media y superior en la juventud y la del desempeño profesional o técnico en los años subsiguientes. Sin dejar de lado, los adultos de la tercera y última edad. La de los adultos mayores, muchos de ellos carentes de fármacos y asistencia personal.

Por ocupación plena, con W. H. Beveridge, habrá que precisar que no es un concepto mediante el cual se trate de decir que “no exista desocupación alguna”. No significa que “todo hombre o mujer  que viva  dentro de los límites geográficos  del país,  y  que  se encuentra capacitado para trabajar, deba estar ocupado en alguna actividad productiva todos los días  de aquella parte de su vida en que pueda trabajar”.

La ocupación plena, dice el autor de “Pleno empleo en una sociedad libre” significa que la desocupación se reduce a periodos cortos, existiendo siempre  la seguridad  de que pronto se reintegrará el individuo al desempeño de su antiguo oficio o de que trabajará en uno nuevo  cuyo desempeño se encuentra dentro de su capacidad”.      

La política de bienestar integral no está divorciada del empleo cada vez mejor remunerado. Al contrario, una sociedad con elevados índices de ocupación, mejor retribuida, con expectativas de un retiro digno es pilar de no solo de crecimiento económico de unos cuantos, sino de un desarrollo equitativo social en constante progreso, libre y responsable.

MEADE EN LA ENTIDAD: “POR UN SONORA SIN POBREZA”

El Estado de Sonora  es, sin duda, una de las Entidades más próspera, progresista y promisoria del País. Durante años ha estado al frente de la productividad alimentaria en la República, particularmente por sus feraces tierras del Valle del Yaqui. La “pobreza moderada” es una forma de aludir al grado de afectación del estado de bienestar social.

La visita a la Entidad del titular de SEDESOL, Antonio Meade Kuribreña, ha dado lugar a la firma del Acuerdo “Por un Sonora sin Pobreza”.  La capital, lo mismo Guaymas y Navojoa, escenarios del encuentro con la gobernadora Pavlovich Arellano, registran incrementos estimados en uno por ciento en el rubro antes mencionado, sobre todo en los entornos urbanos de la periferia, a causa sobre todo por la desocupación. La media nacional al respecto es del 4.6; en Sonora de 4.9

La pobreza urbana no es una afrenta, sin más. Hay causas que la originan, que la motivan y la hace avanzar hasta llegar a límites incontrolables. La Mandataria sonorense menciona aquellos sectores oprimidos por la necesidad: Lo más importante, reconoce, es regularizar y dar certidumbre jurídica a las familias con el propósito de que puedan acceder a los programas asistenciales que ha puesto a su disposición el Gobierno estatal en rubros del desarrollo integral.

El secretario Meade Kuribreña, por su parte, pone el dedo en los renglones del rezago educativo y de salud pública. Las cifras son de tomar en consideración, si se coloca bajo la luz de la densidad demográfica que prevalece en la Entidad, estimada en 3 millones de habitantes: hay 350 mil sonorenses en rezago educativo; 340 mil sin acceso  los de salud; 107 mil al margen de la seguridad social. En fin, 240 mil sin atención en electricidad, agua potable, drenaje y sin vivienda digna.

Otros datos comparativos hacen notar que en el Estado alrededor del 80 por ciento de los sonorenses genera ingresos necesarios para vivir con adecuados índices de bienestar social.

La pobreza, ciertamente, no es en sí mima o por sí misma un oprobio y un baldón.

Habría que recordar aquí lo expresado por el filósofo de Abdera, el sofista Protágoras. “La pobreza en la democracia  es mejor que la tan ensalzada fortuna de la casa de los poderosos, de la misma manera que la libertad es mejor que la condición de esclavo”.

En todo caso, lo desdeñable no  es el estigma, está en negarse a salir de las condiciones lacerantes. Es decir, en impedir hasta donde sea posible que hagan de las suyas los apremios de la necesidad.

Afortunadamente, la administración política actual en Sonora lleva a cabo gestiones, proyectos y planes para elevar los índices del bienestar: lo mismo en los enclaves educativos, de salud, promoción del empleo y de seguridad jurídica y pública. Habrá que reconocer que se cumple, con amplios márgenes, los compromisos formulados y dados a conocer durante la campaña electoral para alcanzar mayoría de sufragios en la contienda del pasado junio, en 2015.

Aquí, me viene a la memoria del sonorense ilustre, el hombre de letras, guaymense de nacimiento, Edmundo Valadés,  para quien a las mujeres y hombres públicos debiera no de ensalzarse por ensalzarse como tampoco cuestionarlos sólo por cuestionarlos. Con el mejor buen humor del mundo solía decir: a los políticos encumbrados por voluntad ciudadana habría que impulsarlos, alentarlos y presionarlos con el objeto de que vayan hacia adelante en todo aquello que positivamente emprenden y pretenden llevar a buen término.

Es el caso de la actual titular del Ejecutivo estatal en Sonora. Claudia Pavlovich Arellano. En sus programas de desarrollo económico y social sobresalen los de caminos vecinales y carreteras regionales e interestatales con la mira de modernizar el turismo, fortalecer las políticas de apoyo a los pobladores en cruel desamparo de los servicios más elementales: médicos, educativos y de carácter laboral.

De este modo, la participación de la sociedad y el consenso ciudadano en mucho contribuirían para que la pobreza reduzca sus efectos y a fin de que avancen los programas y propuestas en favor del desarrollo social en todas sus vertientes, que no son pocas.

PRESENTE Y FUTURO DEL ITSON: PLAN INSTITUCIONAL 2020

Una institución con futuro es aquella que asume su pasado como patrimonio y herencia que configura su presencia actual.

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) tiene historia: su árbol genealógico garantiza, asimismo, un porvenir prometedor.

Acaba de cumplir, el pasado mes de septiembre, sesenta años de servir educativamente no sólo al sur de Sonora sino más allá de dicha jurisdicción. 

Ha logrado, con tesón y lucidez de sus directivos, patronos, cuerpos magisteriales y comunidad estudiantil, el prestigio que le pertenece: su  liderazgo es digno de emularse, marca derroteros en los inicios de la reforma educativa en marcha.

A la luz de los hechos, bien puede decirse que se adelantó al proyecto de innovaciones que hoy comienza por la educación básica, proseguirá en el nivel medio superior y superior hasta alcanzar la enseñanza superior.

Mira hacia atrás, a su pasado histórico, a fin de tomar energías, actuar con renovado vigor y planificar hacia el futuro con estrategias derivadas de su entorno social, de la injerencia de su población (maestros, directivos y alumnos), sin olvidar los aportes de su Patronato y por la afluencia de recursos económicos para el sostén y la sobrevivencia, de parte del Estado y la Federación.

El Cuarto Informe del Rector Isidro Roberto Cruz Medina es amplio, pormenorizado y persuasivo en cuanto a la exposición que trasciende el periodo al cual da cobertura (2014-2015). Cuantifica el ejercicio de un año lectivo: el desarrollo institucional, cubriendo las dos grandes áreas, la académica y la administrativa.

El capítulo relativo a la extensión universitaria involucra los esfuerzos, tareas y propuestas que tienen que ver con la difusión de lo que hace la institución. Y lo que hace el ITSON, egresados y alumnos, la comunidad entera bien lo saben y conocen:  informan y forman generación y tras generación en las ciencias y las humanidades, desde los remotos tiempos de los años cincuenta del siglo anterior hasta los más recientes del siglo XXI.

Por cierto, el lunes pasado volvieron a clases  15 mil alumnos, lo que da una rápida idea de la cobertura educativa que proporciona la casa de estudios: Su dinámica escolar de dar un sentido social, equitativo y democrático a la enseñanza superior, tecnológica y humanística.

Igualmente, el dato de que el ITSON otorga más de mil becas este año alude a su capacidad en cuanto a promover el ingreso y el egreso  de estudiantes como también el esmero que anima a su administración académica con el propósito de evitar la deserción escolar, acaso el mal peor que ocurre en los centros escolares de formación profesional.

Volviendo al informe del rector Cruz Medina, es importante destacar cómo en el capítulo correspondiente a las actividades propias de la Secretaría de Rectoría,  la institución muestra, con logros sustanciales, claramente cuantificados, el perfil de casa de estudios en lo interno dispuesta a satisfacer las necesidades apremiantes para el ejercicio eficiente, abierta a una permanente movilidad académica y de participación estudiantil, por ejemplo; sobre sus vínculos externos se dan a conocer las experiencias de enlace internacional: estancias de alumnos en el extranjero, asistencia en atención a convocatorias y programas de actualización docente del cuerpo de profesores de la institución. De particular importancia es lo realizado en el plano de la Contraloría para dar transparencia a la ubicación de los recursos y vigilar el uso eficaz de las partidas estatales y federales en aras de la calidad educativa que imparte el Tecnológico de Sonora.

A unos cuantos meses de que concluya el rectorado actual, el Cuarto Informe del rector Cruz Medina es un testamento de su labor durante el cuatrienio que termina.

Ahí, en más de 120 páginas, aparte los anexos que lo integran, todo ello de muy valiosa y acuciosa presentación, se condensa una intensa, lúcida y muy valiosa actuación que marca con signos positivos la marcha ascendente del ITSON hacia metas insospechadas como faro que alumbra los destinos de la casa de estudios y el de la educación superior en Sonora.

DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA AL GASODUCTO

No llega aún a su término la controversia en la SCJN cuando hay visos de inquietud entre los pueblos indígenas. Hay más de una razón para ello.

El Acueducto Independencia es, sin duda, el mayor de los monumentos a la ignominia que se hayan ideado con la perversa finalidad de provocar a una comunidad de por sí marginada y en vía de extinción al igual que otras etnias víctimas de explotación y latrocinio.

El gasoducto, por otra parte, suscita en estos días el malestar de la Tribu Yaqui, de sus líderes recientemente excarcelados, aduciendo argumentos similares a los que enarbolaron hasta hace poco en legítima y honrosa defensa de la tierra, del agua y de la pavorosa contaminación por parte de industriales irresponsables y empresas mineras extranjeras. Todas, en conjunto, depredadoras con patente de inmunidad.

En torno al gasoducto, por ejemplo, Mario Luna Romero, recientemente ratificado en su función de vocero de la etnia yaqui, precisa los términos de la inconformidad de sus representados: ataque, dice, a la integridad del territorio y ausencia de consulta previa a los pobladores de la comunidad en su conjunto.

Esta vez, los beneficiarios no son, en primer término, los receptores anónimos, amparados por un poder ilegítimo, encubiertos detrás de la demanda apremiante del insumo, por usuarios de la capital del Estado.

El vocero yaqui señala el blanco: los posibles gananciosos serían empresarios e industriales quienes recibirían directamente los beneficios del recurso, esta vez, el gas, y la energía eléctrica producido en las plantas transformadoras.

Sin consulta previa la planeación, construcción y funcionamiento del gasoducto en mucho tiene parecido con la portentosa obra hidráulica polémica aún, con los nefastos resultados, del dominio público en Sonora y el resto del país.

Pero la consulta de que se habla ahora no es la organizada con el objeto de distraer, corromper y enriquecer, de manera ilícita, a los licitadores y a los inversionistas de cuello blanco confabulados con los  detentadores del poder mal habido. 

Se trata de una consulta técnicamente formulada, llevada ante los dirigentes de los pueblos indígenas y de sus gobernantes en turno, así como presentada en asambleas populares, de tal manera que nadie se llame a engañado o desinformado más tarde.

Una consulta así daría pie a una planeación democrática en el sentido de contar con el consenso de los pobladores, lo mismo con la asesoría de científicos, técnicos y académicos como, por ejemplo, el investigador del ITSON, González Enríquez, autor de la propuesta a fin de construir plantas desaladoras, hoy asumidas por el nuevo gobierno de Sonora.

No es el caso de inventar escollos y obstrucciones prematuras al crecimiento y desarrollo social impulsado por el régimen que cumple apuradamente cuatro meses.

Mario Luna reconoce públicamente que Pavlovich Arellano inaugura su mandato con las mejores buenas intenciones que van de lo político a lo administrativo. Hace la acotación correspondiente. “Éstas, afirma, deben traducirse en hechos”.

Obras son amores, no hay duda.

Sin embargo, el realismo se impone como criterio evaluativo y como programa de gobierno en donde hay mucho lastre que remover, muchas lacras que subsanar, numerosas lagunas socioeconómicas que colmar.

Esta administración ha empeñado su compromiso de enmendar lo mucho que ha quedado como testimonio de malversación, fraudes a granel, crímenes de lesa humanidad como la trata de menores amparada en densa impunidad.

Asiste la razón a los líderes de la Tribu Yaqui al levantar su voz en rebeldía por los daños y perjuicios perpetrados en su contra. Tienen derechos sobre la tierra, el agua y el aire que los rodea, de los cuales depende su existencia como seres humanos.

La gran oportunidad es poner en balanza los posibles beneficios de la revolución industrial frente a frente de la depredación ambiental, la contaminación de los acuíferos y los atracadores con vestimenta de blanca palomas o de indefensas ovejas.

CONSTITUCIONAL, EL MANDO ÚNICO POLICIAL

A la pregunta de quién será vigía de los veladores por la seguridad  pública, dicha respuesta estará en manos del Poder Legislativo de la Federación.

En CONAGO, el tema de la inseguridad fue motivo principal en la reunión a la que asistió el titular de Gobernación  en calidad de invitado de honor por parte de los ejecutivos de los Estados.

En su intervención Claudia Pavlovich Arellano (Sonora) propuso el sentir general de los mandatarios: elevar a jerarquía constitucional la función de garantizar la seguridad pública a través de una Policía Estatal Única, respetando la autonomía de las entidades y los municipios en la referida materia.

Los términos, extensión y límites jurisdiccionales, serán debatidos y en su caso aprobados en el Congreso.

Respetuoso del Pacto Federal, el proyecto fortalece la noción de coordinación más que el ambiguo esquema de la división y mucho menos el de separación de poderes, evitando anular las facultades comprendidas en el concepto de autonomía municipal y confirmando el de unidad suprema, sin caer en la práctica de la dispersión y pulverización de responsabilidades en los mandos policiales.

La seguridad pública, lo mismo que la seguridad jurídica, son una y la misma en tanto garantía para la convivencia en paz y armonía. Sin desconocer las peculiaridades de cada Entidad o Municipio, sin poner de lado las necesidades específicas de las diversas regiones y, por lo tanto, de sus pobladores, cabe reconocer la necesidad y premura de contar con un Mando Único como el propuesto por la Comisión de Seguridad y Justicia de la CONAGO.

Una sociedad enferma, invadida por bacterias de difícil erradicación es la nuestra. Hay la amenaza de ser víctima de quién sabe qué mal capaz de abatir o erosionarla despojándola de sus energías y disposiciones creadoras.

El Mando Único Policial, cuyo nombre por cierto está por precisarse, se concibe como un antídoto eficaz con el propósito de dar fin a las acciones criminales predispuestas a convertir al país en traspatio del vicio, del trasiego de drogas, de  la corrupción privada y oficial, del lavado de dinero.

Bajo las armas propias del contubernio y la impunidad hemos sido llevados al precipicio de la ilegalidad y al tráfico de intereses y de influencias, del que sólo gracias a un retorno al Estado Democrático de Derecho, no al régimen de intolerancia y arbitrariedad, será posible recobrar la certidumbre, la confiabilidad en las instituciones y el goce de las libertades en toda su amplitud.

La idea de municipio como un santuario intocable, como si fuese el “mana” que tiene de forma ínsita, intrínseca, todo el mal y todo el bien, requiere ser examinada, debatida y colocada en la perspectiva de un federalismo moderno, vivificante y transmisor de renovada fuerza y de vigor reconstructivo a la medida de los tiempos que corren.

Así como la democracia es una afirmación del valor y la dignidad de la personalidad individual también en la figura del municipio se identifican cualidades como la de ser célula constitutiva, originaria, del Pacto en el conjunto de instituciones sociales, educativas, económicas y políticas.

La idea de un Mando Único en cuya estructura los cuerpos policiales de los municipios pasen a ser “guardias administrativas”, abre la posibilidad de que se otorgue, al fin de cuentas, a las zonas marginadas, los enclaves incomunicados por la falta de caminos transitables, ausencia de redes telefónicas y señal inalámbrica, un mínimo de condiciones para la seguridad, la cual, a la fecha, se encuentra plenamente abandonada y en manos de los criminales de toda laya: ladrones de domicilios y asaltantes que medran  con lujo de impunidad, como si portaran patentes de inmunidad.

La “epidemia de desapariciones”,  sobre la que alerta Amnistía Internacional, incide en esta crucial etapa de inseguridad creciente que se abate sobre nuestra Patria. No obstante, por fin hay signos positivos en este horizonte de amenazadoras adversidades.

TRATA DE MENORES EN SONORA: CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

Contra la Humanidad es la trata de menores de edad. El comercio de esclavos en la antigüedad así como el tráfico de mujeres son delitos que horrorizaron y siguen causando estupor en nuestros días. Indefensos en toda la extensión del término son los primeros, en gran medida las mujeres sujetas a la perversidad de sus captores y tratantes amparados, a menudo, por los poderosos envilecidos, a su vez, y envilecedores de vidas ajenas.

La Caja de Pandora continúa dejando ver acciones bochornosas que van del latrocinio a la degradación humana. Víctima de la parsimonia por parte de una justicia que más bien da la impresión de tutelar vicios, contubernios y violaciones, al fin emergen a luz pública ilícitos que salen de lo común. La trata de menores, es el colmo de la maldad organizada desde las alturas.

Está en manos de la PGR la investigación de este crimen que, hoy por hoy, conmueve desde su más recóndita intimidad la conciencia de una sociedad violentada y acosada por varios años, sin que nadie con dignidad y presteza acudiera en su auxilio.

Los velos de la impunidad, por lo visto, son el más eficaz caldo de cultivo a fin de que prolifere el crimen organizado y por igual el desorganizado.

En nombre del Pacto Federal, los directamente involucrados en su integridad y salvaguarda fueron penetrados y convertidos en aliados de la ola criminal dirigida   desde instancias ignotas encubiertas por el anonimato, la tolerancia y la confabulación.

El más reciente hecho de violencia criminal, consumado en una de las Entidades más sacudidas por el terrorismo y el narcotráfico, es el efectuado con el proditorio asesinato de la alcaldesa de Temixco, Morelos, Gisela Mota.

La hazaña oficial de la recaptura del “Chapo” Guzmán ocurre casi al siguiente día del crimen contra la infortunada perredista.

No se trata, por cierto, de colores partidistas.

El principio punitivo, Si es A debe ser B (si es el delito debe ser la consecuencia), vale al margen de potestad alguna.

La ley es la Ley.

La trata de menores de edad es un crimen que ensombrece y cala hasta lo más profundo de la dignidad humana.

Nada podría justificarlo, como tampoco encubrirlo con expresiones eufemísticas que hacen decir que en estos casos, como en otros similares, al daño se agrega la ofensa. Es inadmisible y ofensivo, el pretender paliar, desvanecer o suavizar lo horrendo y terrorífico del hecho.

Nuevamente está a las resultas de la credibilidad ciudadana, la eficacia, honestidad y pundonor de los titulares responsables de indagar, demostrar y encontrar a los culpables del monstruoso crimen. Federación y Estado están en la mira de la sociedad con el objeto de hacer el seguimiento que no se hizo en tiempo y forma, cuando los autores de la trata de menores ejercían los cargos públicos que desempeñaron.

Hoy la majestad de la justicia se yergue a fin de ejercer su poder para exhibir a los autores de lo que ha dado la impresión de ser un craso crimen sin castigo. Nada hará lo resarcible del hecho, pero si el procedimiento judicial toma los cauces debidos, los castigos imputados adquirirían el carácter de ejemplaridad con el propósito de que nunca más la trata de menores, de mujeres, de migrantes, por citar los casos más conocidos, se repitan.

Mucho menos para dejar en manos de los criminales, mafiosos y abusivos desde el poder, la administración del Derecho penal, con la finalidad de favorecer, con plena impunidad, sus turbias ambiciones y sus acciones demenciales en demérito de la dignidad de los ciudadanos más indefensos y marginados.

¿AVAL AL ACUEDUCTO? ¿Y LA GARANTÍA DE AUDIENCIA?

 

Confusa, profusa y difusa es la nota informativa del diario “La Jornada” relativa al proyecto del ministro de la SCJN, Jorge Pardo Rebolledo, sobre el tema del Acueducto Independencia.

En el cintillo se alude a que el susodicho proyecto valida facultades de CONAGUA para la mencionada obra. Por otra, la cabeza expresa: “Preparan ministros aval al acueducto Independencia que impugnan los yaquis”.

El tema, ciertamente, data de años atrás. Amerita, por tanto, darle cuerpo de memoria histórica. Tiene origen desde 2010. Ha sido y es objeto de una controversia cuya resolución tiene aún mucho qué decir.

No es asunto que amerite carpetazo, como popularmente se dice sobre aquellos asuntos que los intereses de grupo y la política suelen cancelar, con el visto bueno de instituciones responsables para dictaminar justicia.

Este, el del Acueducto Independencia, tiene tras de sí larga secuencia en donde tienen que ver abusos de poder, atropello a los derechos de usuarios, licitaciones que encierran presuntos contubernios y oscuras alianzas desde el poder. Etcétera.

Los más recientes actos para subsanar efectos diversos, asumidos por la actual administración estatal, son de carácter remedial. No llegan al fondo de la controversia.

En pocas palabras, son actos del  Poder Ejecutivo Estatal, no del Judicial de la Federación.

El proyecto del ministro Rebolledo valida facultades de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Ordena dar trámite a las peticiones de audiencia de los demandantes. Propone amparar a los quejosos. En modo alguno, se infiere que justifique y en tal virtud que ampare actos en perjuicio de los inconformes.

Están de por medio, asimismo, sentencias tras sentencias en favor de los demandantes.

El proyecto es puntual acerca de la posibilidad que entrañan los diferendos entre usuarios agrícolas y organizaciones de la sociedad. Implica el criterio de que “tendrán prioridad el uso doméstico y el público urbano”.

Se descuenta el dato, no obstante, de que hay el proyecto de instalar plantas desaladoras con el objeto de resolver la demanda del recurso hídrico. La de Guaymas, para empezar.

No faltarán voces delirantes con acentuaciones persuasivas tendentes a justificar la planeación y puesta en servicio de la portentosa obra, con motivo del proyecto en ciernes.

Cabe advertir que está de por medio, en el citado proyecto, la salvaguarda del derecho de los demandantes. De entrada, se indica la “oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que finquen su defensa y la oportunidad de alegar”.

Por cierto, no son únicamente las comunidades indígenas (la Tribu Yaqui) quienes han levantado su voz en protesta por las violaciones de acuerdos y decretos acerca del uso y usufructo del agua. Y por su trasvase. Han sido líderes de la Tribu quienes han actuado, al amparo del Derecho a la Rebelión, frente a las decisiones unilaterales de un gobierno arbitrario (el encabezado por el exgobernador Padrés Elías). Pero no son los únicos que han suscrito las controversias, en espera de puntual respuesta.

Está involucrado el Movimiento Ciudadano en Defensa del Agua, por caso, cuyos dirigentes sin duda harán acto de presencia ante el proyecto que en breve atenderá la Primera Sala de la SCJN. 

Puede decirse que, finalmente, hay luces al final del túnel después de cinco años de infructuosa espera.

Los Acuerdos de Vícam, se espera, no han de quedar en mero señuelo político, a fin de crear ilusorias esperanzas.

La instauración del Estado Democrático de Derecho en Sonora tiene mucho que ver con el traído y llevado asunto del Acueducto Independencia. Podrá decirse que es el Talón de Aquiles de la nueva administración política y, acaso, la prueba principal tras la cual, Claudia Pavlovich Arellano dará certeza y credibilidad en sus motivadores proyecto de crecimiento económico y desarrollo para el bienestar social en toda la Entidad.

“Si es dable”, habrá reparación de los daños y perjuicios a los presuntos inconformes. “Si es dable”, habrá confianza en las propuestas de que sí habrá agua suficiente para todos: consumidores domésticos y urbanos; productores solventes y modestos agricultores. Todo en paz y en armonía.