PATRICIO MARTÍNEZ: DIGNIDAD Y EFICACIA DESDE EL SENADO

Por Federico Osorio Altúzar

Desde Chihuahua, el Estado grande, nos llegan  buenas noticias, señales de lo que sin duda ocurrirá en julio próximo, mes a fin de resolver electoralmente si la democracia en nuestro país sigue siendo, o no, de pantalones cortos. Y para refrendar la proclama: “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

En Chihuahua, el Partido Revolucionario Institucional, tras una de las resoluciones más complejas de su historia reciente, nominó candidatos para contender en los comicios federales. En ejemplar proceso interno, logró hacer a un lado a quienes por inexperiencia, falta de profesionalismo y prestigio requeridos resultaron inelegibles. Y optó,  finalmente, por aquellos que cuentan con una hoja limpia en el servicio público y, en consecuencia, los hace dignos de la plena confianza popular dentro y fuera de su Partido. Son garantes de la adhesión popular,

Así, escogió aspirantes a integrar el Senado de la República con buena fama, prestigiados profesional y cívicamente. Y entre ellos, seleccionó a un extraordinario priista, fuera de serie: un contendiente que vuelve al escenario político después de haber cumplido honrosa y valerosamente su responsabilidad de mandatario (1998-2004).

En medio del beneplácito de sus coterráneos, Patricio Martínez García es símbolo en toda la geografía nacional y ejemplo transparente de la determinación del priismo estatal y nacional con la mira puesta en una efectiva renovación desde sus bases, haciendo valer glorias y realizaciones del pasado como organización revolucionaria..En consecuencia, es signo de la voluntad partidista para emprender la  reforma del Estado: la reforma jurídica y política, la reforma fiscal  hacendaria, la reforma educativa y la reforma agraria. En suma, dicha nominación es preanuncio de la vuelta del  PRI a sus orígenes como organización política capaz de encumbrar a hombres y mujeres visionarios con vocación democrática, genuinos luchadores con ánimo revolucionario en el amplio sentido del término.

Habría que empezar con el rescate del Senado, dándole nueva fachada institucional y no sólo inmobiliaria. Es decir, con el rescate de sus funciones, convalidando las tareas esenciales del Poder Legislativo, atado a la fecha a su papel de báculo al servicio de intereses nefandos: sumiso confidente del poder en turno. Dicho rescate comenzaría por recuperar el prestigio y la eficacia del órgano colegiado para ejercer el control constitucional del Ejecutivo y para velar por los genuinos y acuciantes intereses de los ciudadanos en las entidades que representan. Los nuevos huéspedes del Senado contribuirían, de ese modo, a refrendar efectividad y dignidad a sus funciones, y asegurar a los Estados de la Federación que pueden contar con cada uno de sus integrantes en la legítima defensa de sus problemas inmediatos.

Así, ante la sequía, la defensa del recurso hídrico debería afrontarse con arreglo a Derecho, con la intervención de un Senado previsor y diligente, para contender por  las causas e intereses de los mexicanos en asuntos apremiantes: en lo interno, a fin de impulsar el nuevo federalismo; en lo exterior, con propuestas eficaces en materia de migración; ante los tribunales, como garante de los Derechos Humanos. Y con una legislación progresista, alentar el prestigio tradicional de México en el escenario internacional.  

Tras los comicios de julio, el ex diputado federal, ex presidente de la capital chihuahuense, ex gobernador del Estado  (el mejor de los últimos años, se dice), el flamante senador, entonces, podría ser la carta fuerte para presidir el órgano colegiado y para conducirlo a puerto seguro, al lado del titular del nuevo Ejecutivo federal, inaugurando el subsiguiente capítulo de la democracia en México.

Esperemos lo mejor.

A ONCE AÑOS DEL ATENTADO CONTRA EL GOBERNADOR DE CHIHUAHUA

                                                    Por Federico Osorio Altúzar

 Este 17 de enero se cumplen once años del frustrado magnicidio del que salió con vida, para fortuna de los chihuahuenses, de sus familiares, colaboradores y amigos, el entonces mandatario estatal, contador público Patricio Martínez García. El boletín informativo de la Coordinación de Comunicación Social, a cargo de Antonio García Hernández, breve, escueto en su contenido, refería el lugar, la hora del inaudito atentado y quién había hecho accionar el arma criminal: escalinata del Palacio de Gobierno; 11:30 Y de la mañana. Y el nombre de la atacante: Cruz Victoria Loyola Montejano.

Dos días antes había visitado Chihuahua el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha. Poco antes, el entonces temido traficante de droga, Joaquín Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa y ahora el “narco más poderoso del mundo”, según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se había fugado de un  centro calificado de alta seguridad en Jalisco.

Patricio Martínez había asumido el Ejecutivo estatal en octubre de 1998, sucediendo  en dicha función al gobernador panista Francisco Barrio Terrazas.  En los dos primeros años de su  gestión, el ex presidente municipal de Chihuahua capital y ex diputado federal ponía el énfasis de su actuación pública en la modernización del Estado mediante innovaciones de carácter administrativo que señalarían nuevos rumbos en las inversiones públicas, el impulso a la obra urbana y rural; en la apertura al comercio internacional hacia los mercados de ultramar, así como en la cooperación y el intercambio financiero y tecnológico con los estados allende la frontera: Texas, Nuevo México, Arizona.

Día lleno de incertidumbre y conjeturas aquel 17 de enero. Día rodeado de zozobra por el estado de salud del mandatario. Horas lentas y cargadas de dramáticas inquietudes acerca de los destinos inmediatos de una sociedad por antonomasia noble, generosa y progresista. No había precedente alguno de esa magnitud en la historia de la entidad, aseguraba el ex gobernador Fernando Baeza Meléndez.  Por su parte, Francisco Barrio Terrazas, gobernador del Estado de 1992 a 1998,  descartaba que el móvil del atentado fuera el narcotráfico.

El impacto de la bala criminal hizo blanco en la cabeza del gobernador, aunque no logró la consumación del móvil asesino. Patricio Martínez salvó la muerte en forma por demás afortunada, sin que su  determinación, entereza política y férrea voluntad para superar el incalificable atentado haya menguado de manera alguna. Fue al contrario. Redefinió su plan de Gobierno y programó con mayor precisión y celeridad las metas y objetivos del crecimiento y el desarrollo para el Estado. Se convirtió en la voz más vigorosa y audible en los foros nacionales en donde sus pares, los mandatarios de la República, lo escucharon con excepcional interés la forma de exponer sus propuestas de una reforma hacendaria, cuyos alcances y logros hubiesen evitado el fracaso de las finanzas nacionales y el caos actual de la política fiscal del gobierno que encabeza el presidente Felipe Calderón.

Puso orden en la economía urbana y en la desconcentración administrativa, a pesar de las resistencias provocadas en áreas colaterales del poder estatal y de la falta de entendimiento para extender la seguridad pública con políticas laborales y de igualdad  de género en la frontera. Con mala fe se le quiso cargar la torva cadena de feminicidios.

A once años del fallido asesinato,  la pregunta de aquel 17 de enero se vuelve actual y adquiere renovado sentido ante la impunidad convertida en patente de Corso en manos de la criminalidad organizada: ¿Por qué? ¿Cuál fue el móvil del criminal  atentado? ¿Quién o quiénes fueron los agentes intelectuales de aquel proditorio intento de magnicidio?

VETO DEL MIEDO. A UN MAL PRINCIPIO UN MAL FINAL

                                                   Por Federico Osorio Altúzar

El veto presidencial al Fondo  Especial de apoyo por los estragos de la sequía, es más que una decisión política que rebasa las facultades discrecionales del jefe del Ejecutivo. Va mucho más allá de una moción con finalidades perversas, políticamente dicho, y podría fincarse en la esfera de un mandato dictatorial que no pondera los posibles efectos  letales  y las consecuencias sociales en su verdadera y dolorosa dimensión.

“Pone en riesgo la sobrevivencia de miles y miles de familias mexicanas que no tienen ni para comer”, advierte Francisco Rojas, coordinador del PRI  en la Cámara de Diputados. Hay trasfondo electoral en el veto del presidente Calderón, denuncia  el diputado federal Manuel Cota, coordinador de la diputación campesina. Es una drástica determinación cuya crueldad podría ser considerada de “lesa humanidad”, a la luz de los Derechos Humanos.

En Durango y Chihuahua hace presencia la hambruna sin que, al parecer, haga mella en la conciencia nacional ni extranjera. Las fiestas navideñas y del Año Nuevo ocupan los espacios publicitarios dejando de lado la información incómoda; es decir, todo aquello que tiene que con la corrupción y la rapiña oficial por parte de agentes públicos de todos los niveles y de todos los colores ideológicos.

El despilfarro de los recursos públicos (por ejemplo, el costo o derroche en monumentos conmemorativos del bicentenario) se hacen ostensibles y ofensivos, amplificando aún más las desviaciones gubernamentales y provocando el malestar, de por sí ya insoportable, entre las clases sacrificadas del país: obreros y campesinos, principalmente. La malversación de fondos hacendarios salta a la vista por el volumen desmesurado del endeudamiento público y por el  regateo injustificable para transferir los recursos supuestamente previstos a que está obligada la autoridad federal en situaciones de desastres naturales.

La bancarrota de las finanzas nacionales está a la vista. El veto presidencial a que nos referimos es una señal de lo anterior. La fuga de divisas, por otra parte,  es opción razonable como vía de escape por parte de inversionistas foráneos azorados ante el desplome del crecimiento y los vestigios del desarrollo en estrepitosa caída.  Pocas veces la economía de México ha encendido luces alarmantes, como hoy,  en vísperas de la renovación de poderes. El hundimiento de la educación en todos los niveles, desde el básico hasta el superior, es un grito de alarma en el tormentoso panorama que hace de la esperanza más que una posibilidad y del cambio con sentido de progreso y bienestar, un riguroso imperativo.

A todo esto, el veto presidencial de referencia cae como vendaval en primavera. Se vuelve acicate, cuando se esperarían alivios y retenes ante la amenaza de hambruna en las zonas marginadas. Y es látigo para castigar a inocentes que podrían sumarse a las víctimas inermes del desempleo, la insalubridad y la desnutrición. Aumentará el ya de por sí abultado cúmulo de exterminio a causa de la fallida y mal llamada guerra contra el crimen organizado.

Pero todo lo que mal comienza, mal termina. Todo principio tiene, a la postre, un final. El veto presidencial al Fondo Especial por los efectos de la sequía lleva consigo el destino de un “boomerang” que se vuelve, sin duda se volverá, contra sus mismos inventores. Los miles de muertos en la guerra contra el crimen organizado no votarán, es cierto, este año como tampoco los desaparecidos por la hambruna en la Tarahumara y en la sierra de Durango. No obstante, por su trágico destino y su  muerte por inanición, a causa de negligencia o por imprudencia oficial, harán acto de presencia para dirimir una justa electoral en la que vencerán los mejores.   Es decir, los respetuosos de los Derechos Humanos, de la legalidad y la constitucionalidad.

2000-2012, ¿FIN DEL PRINCIPIO?

                                       

                                             Por Federico Osorio Altúzar

Se inicia el Año Nuevo entre aires reconfortantes de optimismo y esperanza. La noche transexenal de inicio de siglo va quedando atrás y los mexicanos en edad de votar se aprestan a imponer su voluntad de cambio por el método de la legalidad institucional. Llega  a su término la vía de la impostura, la simulación y el engaño.

El fraude electoral ha marcado al país colocándolo en plena bancarrota cívica y  moral; asimismo en grave déficit económico, político y social. El descrédito público pesa negativamente sobre las finanzas y la cooperación por parte de la sociedad internacional.  La pobreza extrema se extiende en forma subrepticia por zonas marginadas y enclaves hasta hace un par de décadas prósperas, modelos de productividad y riqueza.

El año 2000 dio inicio con la fuga del inefable líder del cártel de Sinaloa. El entonces mandatario lúdico se convirtió el más encarnizado perseguidor de un fantasma creado a imagen y semejanza de la renaciente oligarquía en el poder. El sucesor en el máximo poder político en México, Felipe Calderón, prosiguió la estrategia de hacer del crimen organizado el enemigo número a vencer, olvidando que los principales adversarios eran y siguen siendo: el desempleo, la desnutrición, la ignorancia y la falta de techo y abrigo.

A nadie convence, aunque a todos perjudica, la táctica de cazar lugartenientes de los verdaderos capos y cómplices del narcotráfico, de segundo y último rango, como si  fuesen los generales y capitanes de la “guerra” no declarada contra el crimen organizado. A nadie persuade, como no sea a los confabulados, de que estamos en vísperas de capturar al capo susodicho y poner fin a la contienda contra los “barones” del vicio. Con ello, dar término al negocio disfrazado de la venta de armas, el tráfico de influencias, la solapada compra de soberanía y el franco tránsito de inversionistas extranjeros en la explotación y el comercio de metales, escudados en pieles de oveja, pero dispuestos a la rapiña y al despojo en gran escala.

La política de engañar, por lo visto, culmina al hacer caer en la trampa del engaño a los propios embaucadores. Soltar al capo de capos en México, excarcelado furtivamente hace doce años, para recapturarlo en el ocaso de este sexenio, sólo alucina a los incautos. Pues ahora resulta, según los inventores de la fantasmagórica lucha anticrimen, que estamos ya, casi, en la antesala del milenio de la paz, el bienestar, la felicidad y la seguridad.

El recurso a la criminalidad como arma de combate contra la criminalidad, deja huellas indelebles en el rostro de la nación. Lo mismo, el echar mano a la traición y al espionaje para poner de rodillas  al contendiente. Y nada bueno deja la maniobra perversa, como en el aciago 1994,  de poner piedra sobre piedra, para  hacer caer a quien lleva la delantera en la lucha por el poder, el precandidato del PRI, incluyendo por supuesto a los modernos “judas” en acecho a la sombra de la precampaña presidencial. ¡Cuidado! Hay por todos lados Camachos disfrazados, a la vera del camino.

La otra cara de la moneda es, a nuestro juicio, la que hace recobrar la ecuanimidad y la fortaleza en estos momentos de duda, desconfianza y confusión.

Los mexicanos en condiciones de votar se aprestan a dar el triunfo al abanderado del cambio; a quien se ha comprometido a devolver la paz por medio del derecho, a restituir la seguridad pública y jurídica y dejar que alumbre, con luz propia, el derecho vigente; es decir, el derecho positivo, por encima del inoperante derecho natural con pretensiones de justicia, equidad y de igualdad.

2012 es así, el año de la esperanza, del entendimiento, el acuerdo y la armonía.  Es, debiera serlo, el fin del principio de la impostura, de la propuesta ideológica proclamada época del cambio y de la seguridad social.