Toca
turno ahora al Acueducto Independencia, sin duda el más ostentoso monumento a
la ilegalidad, sólo comparable a la estatua conocida como Danzante Yaqui. La
analogía tiene que ver con la temeridad, el autoritarismo y la estela de
corrupción que la administración de Padrés Elías ha dejado, infame legado, a
los todavía atónitos ciudadanos de Sonora.
La
espera en cuestión es una pausa en el complicado proceso jurídico planteado por
los agricultores del Valle del Yaqui, ejidatarios y los pueblos indígenas,
víctimas del despojo del recurso vital para lo que es, sin duda, la
sobrevivencia.
Agotadas
las instancias por parte de los quejosos, habiendo echado mano hasta más no
poder los recursos normativos, colmados de amparos los tribunales de justicia y
a punto de perder la fe en la eficacia del Estado de Derecho, ahora repunta la histórica
controversia de acuerdo con la información periodística de última hora.
Una
vez despejado todo lastre obstructivo, superada la contaminación política con
la cual se manipuló la planeación del oneroso Acueducto, construido a espaldas
de toda consulta, teniendo en cuenta el interés de contratistas y
prestanombres, se retoma el camino procesal no sin acudir al despacho del
Ejecutivo federal con el objeto de enterar de viva voz y con toda la
documentación del caso para mostrar y demostrar la legitimidad de las demandas
de protección jurídica.
Asimismo,
el reinicio ante la antesala del despacho presidencial conlleva, en forma
implícita, el malestar acumulado por el agravio que representa la ineficacia de
las sentencias emitidas en favor de los quejosos. La suma de sentencias sobre
sentencias hace ya de los trámites acumulados una “summa” que bien podría
llevar como sobrenombre “expediente de la ignominia” o bien, “cártel de la
afrenta”.
De
todos es conocido el desacato por parte de organismos y dependencias con el
carácter de autoridades responsables a fin de intervenir en la dilatada
controversia que rebasa las fronteras del país, sentando el penoso precedente
entre representantes de organismos y entidades internacionales sobre México en
el sentido de que somos un Estado en el que predomina el temperamento y las
inclinaciones políticas sobre los mandatos de la Ley.
A
un cercano colaborador del Primer Mandatario, Pedro Joaquín Coldwell, llevan
ahora los quejosos toda la documentación, a partir de 2010, con arreglo a la cual se han presentado los
amparos y se han emitido las sentencias, ciertamente en abierto y
cínico
desacato. Con renovado impulso, dispuestos a jugar la última carta por la vía
institucional, pacífica y contractual, reclaman que se haga justicia jurídica
pronta, debida y expedita. Es decir, piden que se otorgue a cada quien lo suyo,
conforme a Derecho, en paz y concordia.
El
agua es para todos. ¿Quién osaría negarlo? ¿Quién podría decir lo contrario?
¿Quién, en suma, autoridad, juez o
político encumbrado o no, estaría dispuesto a proceder en contra de ello?
Todo
indica que se impondrá la decisión salomónica, el arbitrio de resolver la
controversia tomando en cuenta los derechos y obligaciones de todos. Sin
anteponer intereses contra intereses, ¿habrá llegado el momento de poner en
marcha viejos y nuevos proyectos para resolver la demanda de agua para todos
por medio de propuestas como la del PLHINO (Plan Hidráulico del Noroeste) y la
de plantas desaladoras, ahora que las lluvias, ciclones y tormentas han dado un
oportuno respiro con este efecto?
O,
al contrario, ¿habrá que esperar que sobrevenga una hambruna seguida de epidemias para convencer a los timoratos de
que ya era necesario tomar el toro por los cuernos, de una vez por todas?
Son
varias las opciones a seguir. Hay, por otra parte, voluntad jurídico-política a
fin de actuar. Hay disposición, por lo visto, de lado de los defensores del
agua para llevar a culminación, en tiempo y forma, su histórica controversia.
En esto, como en todo desacuerdo, disputa y confrontación, no es necesario que
haya triunfadores y vencidos, gananciosos y derrotados. Y mucho menos se espera
que la política y los tránsfugas del crimen organizado impongan sus torvos intereses.
A cada quien lo
suyo. Pero con arreglo a Derecho. ¡Ahora o nunca!
