No
todo son festejos en la Universidad Nacional. Cierto es que la institución
celebra el sesquicentenario (150 años) de la Escuela Nacional Preparatoria. Es
decir, conmemora la promulgación, diciembre 2 de 1867, de la Ley Orgánica de
Instrucción Pública, por el Presidente Benito Juárez, con arreglo a la cual se
crea el plantel, la Escuela Nacional de la Preparatoria que dará apertura a la
educación ilustrada.
A lo
anterior se suma la primera década de haberse declarado a la UNAM como “Patrimonio
de la Humanidad”.
Ambas
celebraciones son fechas históricas, lo cual da un significado más profundo de
lo que parece, a primera vista, a lo expresado por el rector Enrique Graue en
cuanto a lo inaceptable de que haya universidades en riesgo por falta de
recursos.
Así,
el tema resulta apremiante, diríase ineludible, por lo que se refiere a su
planteamiento y correcta resolución. Por tanto, sería muy lamentable tratar de
ocultar los peligros reales y latentes, o bien postergarlos soslayándolos sin más.
Ciertamente
no es lo económico el factor determinante para el buen funcionamiento de los
centros de educación media y superior. La ley de autonomía es el fundamento sobre
el que se ha construido y constituido el régimen de libertades de enseñanza,
investigación y difusión y extensión cultural.
Sin
embargo, las contingencias coadyuvan en la tarea con el propósito de
salvaguardar o no el papel de los establecimientos de enseñanza en la paz
social, el progreso y la armonía ciudadana.
Los
sismos de septiembre pasado, la reconstrucción de viviendas por los efectos
telúricos, los temores que derivan de la sobrevivencia del TLC, aunado a los
dimes y diretes provocados por la competencia electorera, están repercutiendo
en la administración pública de los recursos presupuestarios. En consecuencia, está
puesta la mesa para justificar la magra erogación de los medios de subsistencia
y en consecuencia para la inversión de dinero, la más productiva, en
actividades académicas sustantivas.
En
el corazón de la reforma educativa suceden las contingencias que hacen cada vez
más difícil avanzar en los frentes que más importan a la sociedad. El riesgo a
que aluden los conceptos del rector Graue es múltiple, a juzgar por el grado de
indefensión de las instituciones educativas.
Por
un lado, está el deber de las autoridades educativas a fin de rendir cuentas en
tiempo y forma, con legalidad y transparencia. Asimismo, la función de los
sindicatos universitarios se entiende como un factor de equilibrio, y no buscar
y obtener privilegios fuera de la normatividad vigente. Es al final
contraproducente.
Y el
riesgo mayor en todo esto, al modo de ver, es el de la intromisión externa
(congresos y cámaras locales), con el objeto de imponer por medio de recursos
legaloides presiones ideológicas que afecten directamente la autonomía de los
centros educativos.
Finalmente,
cabe señalar como una contingencia más, real y latente, la presencia de los
cárteles de la droga, el narcotráfico, ante el debilitamiento y necesidades materiales
de las casas de estudio, de por sí acosadas por los tentáculos y las agresiones
que hay por la venta de estupefacientes.
Ante
las contingencias, es hora de escuchar voces como las del rector Graue que
advierten sobre los peligros que hay en el intento de suspender o regatear el
sostén de las instituciones públicas dedicadas a la enseñanza integral.
Estamos
todavía a tiempo.
