Cinco ex rectores
universitarios, encabezados por el doctor Guillermo Soberón, han hecho causa
común con el jefe nato de la Universidad Nacional, José Narro Robles, exigiendo
el ejercicio de la Ley por encima de los intereses diversitarios que rondan en
torno a la casa de estudios. Sus nombres brillan sobre la densa oscuridad que se
abate sobre el Alma Mater: Octavio Rivero, José Saruhkán, Francisco Barnés de
Castro y José Ramón de la Fuente.
Diez días después de la
llamada “toma” de la Rectoría, este gesto solidario es considerado ejemplo que enaltece a los ex líderes académicos en
horas que podrían ser aciagas para la enseñanza superior en el país.
Si el objetivo es repetir el
episodio que se enseñoreó en la UACM, los delincuentes al servicio de la
reacción se equivocan. Las universidades públicas no son, no tienen por qué
ser, botín de advenedizos de la política. Su lugar, el lugar de los autores
“intelectuales”, en todo caso, está en los Partidos. Trátese de organizaciones
del centro, de la extrema derecha o de la delirante izquierda.
Guillermo Soberón es paladín
de la autonomía universitaria. Su lúcida gestión es memorable ante la embestida
irracional en pasadas décadas y es llamado de alerta frente al intento de poner
en jaque a los encargados de sacar adelante la reforma educativa en ciernes.
Los provocadores debieran saber que no son tiempos, los actuales, para denostar
al rector, con la mano en la cintura, como ocurrió con el doctor Barnés hace
dos sexenios. La experiencia en la UACM no es aleccionadora, tampoco, con ese
efecto.
Los provocadores de oficio se
han escudado en el manto de la impunidad, lo cual facilita su obstinación para
tratar de minar el prestigio de la Universidad, vejar la investidura rectoral y
obstruir las tareas de la inteligencia. Motivados por la inepcia oficial, la mancha
de la ignominia quedará como un testimonio de la impotencia e ineficacia del
anarquismo y como crónica que explique sucesos
torvos, similares a los del pasado 1 de diciembre. Pretender hacer de
las chispas dispersas de inconformidad, la gran hoguera en donde sucumba la
marcha del país, es anhelo de la desesperación cuando no resultado de mentes
desquiciadas por la frustración y la derrota.
Luis Raúl González Pérez,
abogado de la Universidad Nacional, ha hecho lo conducente, siguiente
instrucciones del Rector y los acuerdos de la Junta de Gobierno. Los invasores
de la Rectoría están, por lo tanto, a resultas de la acción penal, además de que
exhiben, una vez más, a sus patrocinadores. Por otra parte, Los expulsados de
la UNAM son desde ahora prófugos de la ley.
El llamado del rector Narro,
convoca a la cordura. Expresa la convicción de que el diálogo entre universitarios es camino
idóneo para resolver atender las diferencias en el seno de la legalidad
institucional, bajo el entendido de que hay de por medio la garantía
constitucional del régimen de la autonomía. Así, manifestó: “Frente a la
sinrazón, la imposición y la violencia, las respuestas deben ser dadas a partir
de la inteligencia, el apego a la legalidad y la prudencia”.
Perduran, con todo, los enigmas:
¿A qué responde la indefensión a que se confina la Universidad? ¿Qué
explicación hay para el incumplimiento
de la acción judicial tras las denuncias reiteradas de intromisión y secuestro
de la Rectoría de la UNAM, todo ello con alevosía? Finalmente, ¿qué hay detrás
de todo, a la luz de lo que ocurre en Guerrero, Michoacán y Oaxaca? ¿Se trata
de una delegación de autoridad, de franca inepcia, o de plano contubernio? Más
aún, ¿es una especie de autosecuestro del Estado impuesto por francotiradores ocultos
desde las filas de la reacción incrustada en el poder?
