No
siempre los dichos populares son portadores infalibles de la verdad. Por caso,
el que reza así “Árbol que nace torcido jamás sus tronco endereza” bien podría
enunciarse diciendo: “Aunque naciera torcido, el árbol podría finalmente
enderezarse”.
Todo depende, es
cierto.
El
Acueducto Independencia se gestó y creció en medio de graves defectos. Desde sus
orígenes, se concibió entre anomalías. Creció, así, hasta alcanzar la madurez;
es decir, hasta su puesta en operación.
De
lo primero hay constancias que se refieren a la errática planeación de la
ingente obra y sobre la consiguiente ausencia de consulta a los involucrados; a
esto se añade lo anómalo de la licitación, rodeada de asegunes. Y a lo torcido
de la naciente planta, se suma lo dudoso
de su procedencia y legitimidad.
Lo
segundo, tiene que ver con la puesta en servicio de la susodicha obra. Hará
tres años en que el entonces ocupante del Ejecutivo federal, Felipe Calderón,
le dio su bendición inaugurándolo sin que para entonces hubiese el vital
líquido, el agua, del que deriva el sustantivo que lo identifica.
En
fin, la suerte del árbol torcido del que no todos profetizarían que algún día
habría de verse con el tronco restaurado, siguió cubriéndose del qué dirán
(dimes y diretes), apostando unos por su cancelación definitiva; otros,
anticipando su utilidad en el corto o mediano plazos, invocando con este último
efecto la parábola bíblica del fallo salomónico. El pronóstico está a punto de
verificarse.
Las
sentencias del Poder Judicial forman parte de la secuela de ignominia tras
ignominia que pesa sobre el multicitado Acueducto.
Pero no hay
malentendido que dure cien años.
Los
pronunciamientos de la jefa del Ejecutivo estatal y del director general de
CONAGUA disipan un mar de conjeturas en torno al destino del Acueducto, de su
transitoria operatividad, sino acerca del problema de fondo,: el abasto de agua
en lo inmediato: para el servicio doméstico, uso agrícola y menesteres
industriales. Y todo, en beneficio de los municipios del sur como para poblaciones
intermedias y de Hermosillo, la ciudad capital.
Lo
expresado por Claudia Pavlovich Arellano y Roberto Ramírez de la Parra puede
sintetizarse así: a) el agua es para todos. Su distribución se hará con arreglo
a criterios técnicos de equidad; b) el saneamiento de la problemática
consistirá en instalar una planta desaladora, a fin de resolver la demanda en
el mediano plazo; c) Federación y Estado acuerdan, en común, restaurar el
deteriorado Estado de Derecho en la Entidad, promoviendo condiciones de
posibilidad para dar a cada quien lo suyo conforme a la normatividad vigente.
Acerca
de la planta desaladora, el presidente municipal de Cajeme, Faustino Félix
Chávez, impulsor de este acuerdo, expresó: “Es la respuesta a la demanda de los
productores agrícolas del sur de Sonora”. Y puntualizó: en la medida que se solucione el problema de abasto de agua a
Hermosillo, no será necesario el abasto del vital líquido desde el Novillo, a
través del Acueducto Independencia.
No
se avizoran pugnas, inconformidades o protestas por parte de grupos en
controversia.
Todo
indica, por encima de las primeras reacciones mediáticas, que hay excelentes
disposiciones a fin de enderezar el árbol torcido por parte de ejidatarios, comunidades
indígenas y productores. El Movimiento Ciudadano por el Agua ha contribuido
ejemplarmente a fin de reimplantar la legalidad por encima de la política
discriminatoria.
Hay
unanimidad, logro plausible después de largos años de zozobra, incertidumbre y
activismo frente a la arbitrariedad, el acoso, la injusticia contra líderes de
la Tribu Yaqui y amenazas a los disidentes.
Alberto
Vizcarra, líder de “No al Novillo” sostiene que este es un primer paso, en
firme, para superar el paradigma que ha prevalecido durante años tocante al
abasto del vital insumo. Es una redefinición en puerta a la controversia, la
cual prepara el camino para restituir el Estado de Derecho. Y es una
demostración, asimismo, de la actitud visionaria de la gobernadora de la
Entidad.
