EL IDEAL DE JUSTICIA Y EL SISTEMA JUDICIAL EN MÉXICO

Por Federico Osorio Altúzar

A semejanza de la estrella polar de Rudolf Stammler que guía al navegante pero es inalcanzable, así el ideal de justicia que ilumina el horizonte de nuestra convivencia diaria. Es una luz distante más de lo que se quiere y, por lo común, mucho menos intensa o real de lo exigible.

Goza nuestro sistema jurídico de notable fama por sus ordenamientos progresistas, se aclama, en materia laboral, sanitaria, educativa, agraria y en seguridad. Pero es objeto de críticas diversas, incluso destructivas, que reconocen nuestro sistema jurídico nacional por su validez, mas no por su eficacia. Abundan casos ejemplares.

Piedra en el zapato son los conflictos sindicales, diferidos o soslayados (paradigma es el de los  mineros de Caborca, Sonora); ostensible es el desplome de los servicios de salud y el encarecimiento de fármacos para favorecer negocios nefandos; tangible la quiebra educativa, pues mientras se abate aritméticamente la oferta de enseñanza en los niveles medio, medio superior y superior, la demanda crece en forma geométrica. El desempleo es uno más de los efectos perniciosos.

En el campo vuelve la época de la hacienda y el esclavismo disfrazado, mientras la estadística de indocumentados en regiones agobiadas por la extrema pobreza (Oaxaca con dos millones de ilegales en Estados Unidos, Guerrero con casi un millón) denuncia, dicha estadística, lo que es inexcusable: resulta peor el PAN que su patrocinador y beneficiario, el PRI. Crece la retórica justiciera.   

Damos la imagen de un país en donde imperan los temperamentos y no las leyes; el autoritarismo y no la voluntad fundada en el sistema normativo vigente.

A unos días de la elección de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suceso en otras ocasiones inédito, desleído para la mayor parte de la población, el tema de la justicia  ocupa el centro de interés de la sociedad, como asunto que atañe a todos. Así, las miradas concurren, por lo extraordinario de los hechos, en la figura del ministro Juan N. Silva Meza, candidato señero en un camino despejado a la rectoría del Supremo Tribunal.

Los últimos sucesos deplorables, en Chihuahua, con la inepcia y corrupción de jueces para administrar justicia en aquella jurisdicción, son focos rojos que llaman a una reforma judicial a fondo. ¡Ahora o nunca! Pero no como la “reforma” de Zedillo, sólo para defenestrar con propósitos inefables, sino para convalidar y fortalecer el Estado a través de una rigurosa política de ingreso, permanencia y promoción del personal al servicio de la legalidad y la individualización del derecho positivo.

La justicia, es así, el tema de los temas. El pivote en derredor del cual giran intereses que no sólo tienen que ver con bienes materiales, prácticos y sustituibles. Es el asunto primordial que, de una u otra forma, atrae como si fuera gigantesco imán a los acuciantes problemas acumulados: violencia, criminalidad organizada, ineficacia administrativa; en fin, sistemáticos ataques al federalismo y embestida al mandato constitucional de la  coordinación de poderes.

Hambre y sed de justicia rondan en torno al tema crucial que nos ocupa. Dar a cada quien lo suyo, conforme a Derecho es meta revolucionaria incumplida, pues lo suyo de cada quien es objeto de vendimia, rapiña o búsqueda por iniciativa propia. El ideal que la inspira no alumbra con suficiencia el camino que podría llevar a su disfrute, en paz y armonía. Se pregona la justicia, distorsionando su concepto como cualidad posible, no necesaria, a la luz de un sistema judicial que deja mucho que decir. Fallan mujeres y hombres (funcionarios), se dice paladinamente, pero no las instituciones. Lo cierto es  que incumplen ambos. Y gana, con ufanía, la impunidad.

ELECCIÓN EN LA SCJN: DISENSO Y CONSENSO

   Por Federico Osorio Altúzar

Hubo disenso en el Senado acerca de la terna enviada por el jefe del Ejecutivo para elegir sucesor del ministro finado José de Jesús Gudiño Pelayo y consenso, por otra parte, tocante a la candidatura del ministro Juan N. Silva Meza, solitario aspirante a fin de presidir el Supremo Tribunal a partir del entrante mes de enero. Desacuerdo en lo primero; unanimidad en lo segundo.

Cercano y calificado contendiente fue el ministro José Ramón Cossío considerado circunspecto jurisconsulto, quien de manera pública expresó, en tiempo y forma, las razones que le llevaron a declinar para la relevante encomienda. En la persona de Silva Meza, a su vez, concurren rasgos y virtudes éticas y profesionales que lo describen como paladín de aquellas garantías que trascienden al ámbito de las garantías sociales.

Observadores del tema en cuestión suelen colocarse gafas para sopesar tendencias, proclividades y preferencias de orden ideológico y doctrinario, relacionadas con aspirantes a coordinar la actividad del órgano colegiado. De ese modo, en los eventuales presidentes de la SCJN ven, ora líderes del ala conservadora, ora dirigentes del ala liberal, esgrimiendo en todo caso argumentos que justificarían la inclinación y el influjo en la apología de los derechos individuales o bien la toma de partido para la custodia de los derechos sociales.

Se tira lejos del blanco si el criterio para discernir este asunto fuera así de simplista, sin que se tomara en cuenta que la Suprema Corte es el escudo defensor de la Constitución, su coraza y valladar frente a cualquier voluntarismo. Y no tendría por qué ser  organismo, o bien órgano político a expensas del temperamento o visión subjetiva del gobernante en turno. Con todo y el dicho de un encumbrado rector del Supremo Tribunal quien solía advertir que, en este país, nada se mueve sin la decisión del Presidente.

Su carácter neutral, imparcial y objetivo, le restringe a sus integrantes el actuar con arreglo a intereses subjetivos, ora de tinte conservador ora de tinte progresista, pues en ese caso estaría siendo intérprete de una Constitución de derecha o hermeneuta en el otro extremo de un orden normativo supremo de tipo revolucionario, lo cual resultaría paradójico o francamente sin sentido.      

Ni duda cabe que entre los asuntos más acuciantes está el de la violencia. Y, paralelamente, está el de la justicia, faro resplandeciente para establecer la paz social o insoslayable “cabo de las tormentas”, problema de la garantía jurisdiccional de la Constitución.

Así, resulta explicable la acentuada curiosidad y el desacostumbrado interés público que motiva la elección de Presidente de la Suprema Corte.  En el caso, hay expectativas a fin de conocer la trayectoria, experiencia y solvencia intelectual del ministro Juan N. Silva Meza, quien hace dos décadas asumió el cargo de Magistrado (2 de diciembre de 1988, Segundo Tribunal Unitario, Primer Circuito, del  Distrito Federal)

En el Directorio Biográfico del Poder Judicial de la Federación (SCJN, 1993) puede leerse en la página 214, lo siguiente: Nació el 13 de septiembre de 1944 en México, D. F. Estudios: Facultad de Derecho, UNAM; examen profesional con la tesis “El artículo 333 del Código Penal”. Carrera judicial: juez Octavo de Distrito en Materia Penal, DF; secretario de Estudio y Cuenta, Primera Sala, SCJN; secretario en el Tribunal Colegiado del Primer Circuito. Docencia: profesor de Nociones de Derecho Positivo Mexicano (Escuela Nacional Preparatoria, UNAM); catedrático de Derecho Penal y Derecho Mercantil y Bancario. En la División de Estudios de Posgrado, Derecho Penal Fiscal y Delitos Fiscales (Facultad de Derecho, UNAM); maestro de la asignatura Delitos Fiscales, Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE).

FRENTE A LA VIOLENCIA ORGANIZADA, LAS INSTITUCIONES DE CONTROL

Por Federico Osorio Altúzar

México, el gobierno de México, declara el vocero de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) no tiene nada que festejar en materia de los Derechos Humanos, a propósito del día internacional conmemorado el pasado 10 de este mes en diversas regiones del planeta. Habría que añadir que tampoco puede levantar la voz con franqueza y veracidad tocante al tema del llamado cambio climático en virtud de que, en nombre de la modernidad, se avasallan derechos de propiedad y se conculcan garantías individuales y sociales de las etnias  en las zonas perdidas de la sierra y la montañas, sobre los que otra vez pende la espada de Democles.

La violencia de Estado se impone como logística para erigir sobre la humillada población las bases modernas del autoritarismo, vía la militarización creciente y el consiguiente atropello de las garantías de libertad de expresión, de tránsito, de seguridad y de propiedad. Los bosques, el subsuelo, el agua, las tierras de labranza vuelven a ser, como en la Colonia y el Porfirismo, objeto de codicia por parte de émulos de hacendados y herederos de bienes malhabidos y acopiados al amparo del robo y el despojo.

Pero si al respecto no hay mucho o nada que festejar en lo que va de este siglo, sí hay mucho qué hacer, y más de lo imaginable, con la premura y  la atingencia que los tiempos aconsejan, para contener a los aprendices de tiranos y de autócratas, su desbocado voluntarismo, antes de que impongan, sobre los escombros de la tímida democracia en México, el Estado autoritario frente a frente del cual se hizo la Revolución Mexicana hace cien años.

Desde el seno de uno de los estados más afectados  por la violencia criminal y en donde se enseñorea, por cierto, uno de los experimentos políticos menos publicitado a nivel nacional, pero con el mayor consenso favorable de los ciudadanos, en Guerrero, la voz del mandatario estatal Zeferino Torreblanca se hace oír llamando a la concordia en horas inciertas en que asoma la confrontación política y partidarista, para hacer ver la inconveniencia de atizar violencia sobre violencia. Esto es lo que menos conviene a Guerrero, advierte. Añadiríamos: es lo menos que  conviene a los mexicanos en  vísperas de la sucesión presidencial. Como hace un siglo.

 Allá mismo, en Chilpancingo, ciudad capital, sede de los poderes estatales, desde la cual se libra actualmente una tenaz y declarada guerra contra los restos del autoritarismo y el caciquismo decadente, la proclama por la validez y eficacia de los Derechos Humanos cobra inusitada vigencia y prioridad, dando a las instituciones de control la prevalencia que le es propia como valladar a cualquier asomo de intemperancia y haciendo las precisiones y correcciones, en su caso, para que los órganos responsables actúen, en tiempo y forma, con impecable autonomía y solvencia en bien de la sociedad.

Con la representación del Ejecutivo, Israel Soberanis Nogueda, secretario general de gobierno, funcionario experimentado en tareas al servicio de su entidad: presidente municipal de Acapulco, rector de la Universidad Americana, diputado federal y senador de la República, acaba de expresar en el Tribunal de lo Contencioso un mensaje, con trasfondo eminentemente humano, asegurando que en medio del disturbio y la anarquía la paz por medio del Derecho es y será la impronta que “selle los destinos del mandato constitucional en turno”, pues en el gobierno de Torreblanca la garantía de audiencia es fundamental. Precisa a su vez que la inconformidad y la controversia son recursos en manos de la sociedad  y formas para hacerse oír ante una administración pública que asegura ser moderna, participativa y democrática. No hay duda: es oportuna y lúcida esta declaración a la luz del Día Internacional de los Derechos Humanos.

EN LA UNAM, EL SESQUICENTENARIO QUE VIENE

Por Federico Osorio Altúzar

El triunfo de la República encabezado por el presidente Juárez, en 1867, es la victoria de los ideales de libertad educativa, política y religiosa. Representa, por otra parte, la derrota de la sociedad cerrada marcada por la fe en el dogma y la creencia. Así, toca a su fin la edad oscurantista y el desdén hacia las ciencias naturales y matemáticas, las ciencias sociales de base jurídica y el desprecio por el arte entendido como expresión de todo lo humano.

El 2 de diciembre de ese año (1867), el Benemérito expidió la Ley Orgánica del Distrito Federal, con arreglo a la cual se produjo la primera revolución educativa en el país. Entre sus innovaciones, escribe Ernesto Lemoine, la más trascendental fue la creación, sustentada en la doctrina positivista, de la Escuela Nacional Preparatoria.

Con ese motivo, la Preparatoria enaltece aquella fecha histórica, rumbo al Sesquicentenario de su fundación, no tan lejana como parece, a la distancia de siete años; festeja 147 años de servir educativamente a México forjando decenas de miles de jóvenes con vocación nacionalista y visión ecuménica; recuerda en estos días que el 9 de diciembre próximo se cumplirán tres décadas del traslado de San Ildefonso a su actual sede de Adolfo Prieto. Y en breve, el 3 de febrero entrante, celebrará un aniversario más de la apertura de cursos con una asistencia, entonces, de novecientos alumnos (Lemoine, “Efemérides”, 1978)

La Preparatoria dio, en 1910, hálito de vida a la naciente Universidad Nacional y ésta la convirtió, a su vez, en fuente de inagotables recursos humanos, los que requiere para cumplir sus funciones sustantivas y avanzar culturalmente en la modernidad. Protagonizó, al final de la década de los años veinte, la batalla por la autonomía convertida en garantía constitucional en los ochenta. Participó en los aciagos años de 1968 y 1971 frente a la agresión brutal a las libertades académicas mancilladas, y luchó por la no injerencia del anarquismo empobrecedor en el “campus” de la Universidad.

Harían bien, desde ahora, sus máximas autoridades académicas y administrativas, el claustro de sus profesores de carrera, sus ex directivos, investigadores y coordinadores, en recrear su pasado, haciendo de su historia un legado redivivo, siempre actual; viviente en una palabra. Los tiempos que corren son propicios para llevar a cabo una profunda introspección, un autoanálisis crítico que ponga en claro, con propósito esclarecedor y por lo mismo objetivo, la continuidad de sus planes y programas de estudio, a fin de ponderar el progreso institucional en la reubicación de sus instalaciones como también en sus acervos bibliográficos, la programación y edición de libros de texto y de consulta.

En suma, es aconsejable llevar a cabo una revaloración a fondo, comenzando por investigar y publicar una colección de biografías preparatorianas con sus filósofos, pedagogos, historiadores, jurisconsultos y sociólogos. Pues, ¿quién recuerda, por cierto, a Porfirio Parra, chihuahuense notable como los rectores universitarios Manuel Gómez Morín y Salvador Zubirán, ambos asimismo de Chihuahua. El doctor Parra fue el segundo director de la Preparatoria.  Médico y humanista muy distinguido, filósofo al igual que su ilustre antecesor.

Se echa de menos un capítulo expositivo en donde se explique cómo y por qué el positivismo filosófico fue cancelado como método pedagógico y sustituido en sus principios teóricos por modas románticas (fenomenología, existencialismo y neo escolástica). ¿Cuáles fueron las consecuencias desde el punto de la enseñanza, la formación humanística y científica? ¿En qué ganó o qué perdió, desde el punto de vista del progreso educativo, formativo e informativo, la enseñanza propedéutica de la Preparatoria?        

OTRO CENTENARIO: POR QUIÉN DOBLAN LAS CAMPANAS

                                                          

Por Federico Osorio Altúzar

El presidente Adolfo López Mateos hizo despertar del sueño dogmático a la clase política con su tronante declaración según la cual su gobierno era de izquierda. De izquierda dentro de la Constitución, precisó.

Eran tiempos en que el llamado desarrollo estabilizador irradiaba fuerza del partido político  hegemónico y experimentado al que la oposición, si la había, no le causaba la menor mortificación. El Partido Comunista representaba, desde la clandestinidad, la antítesis opositora, pues en el seno del PRI cabían todas las corrientes ideológicas, sin descartar a los mismos conservadores y ultraderechistas expulsados por  la Revolución.

Las preguntas no se hicieron esperar. ¿Era acaso la Constitución Política un ordenamiento de izquierda? ¿Podía un Presidente de la República, con el mismo argumento, declarase de derecha, pero con arreglo a la Carta Magna? La Constitución, ¿era algo así como la Cama de Procusto que podía ajustarse al deseo del mandatario en turno? Izquierdas y derechas, ¿tan sólo tenían un valor ideológico declarativo, retórico, sin más?

Dos décadas después las cosas tomarían otro perfil. Los líderes políticos opositores saldrían de la clandestinidad. Ser de izquierda, entonces, marcaría líneas definitorias de beligerancia y acción plebiscitaria. Por otra parte, la derecha esperaba, desde principios de los 90, recibir beneficios electorales a la sombra de la ruda disputa por el poder entre el omnímodo PRI y el naciente PRD. Cuauhtémoc Cárdenas, como en el 2006 Andrés López Obrador, se declaraba vencedor ante un Carlos Salinas considerado por los cardenistas y otros sectores usurpador y Presidente ilegítimo.   

El escenario político nacional y regional es otro hoy en día. Beneficiada la derecha por el PRI en la década finisecular, en Chihuahua, para citar el caso más ostensible del concertacionismo priísta, hoy hace alianza vergonzante con el PRD con el señuelo de evitar lo que parece ya ineluctable: el regreso del PRI a los Pinos, aunque sin los Ulises Ruiz y los Salinas, nombres emblemáticos de un pasado  que la gran mayoría ha terminado por abominar.

En el marginado Guerrero todo indica que la estrella de la izquierda perredista local tiende a ocultarse. Ahí, Zeferino Torreblanca Galindo representa lo que el liderazgo personal puede llegar a significar  a partir de una izquierda (¿dentro de la Constitución?) enarbolada desde la entraña empresarial, mas con la propensión hacia el cambio social. Todo proveniente de la vocación personal y por un acendrado sentimiento de solidaridad.

Tres veces candidato perredista hasta ganar al fin la alcaldía de Acapulco y vencedor en 2005 para gobernar Guerrero, Torreblanca es el primer candidato del PRD en lograrlo. Expresa en su experiencia política individual cómo la crisis interna del sol azteca lleva a su posible disolución y diáspora. Gana sin mediateces y sombra de manipulación, con el voto mayoritario de los guerrerenses, precedido por una campaña que lo llevó a la sierra y a la montaña, a las costas y a los valles, ajena a la estridencia y a las promesas populistas. Cuestionado por su origen empresarial, a sólo cuatro meses de cumplir con su mandato, Zeferino Torreblanca toma distancia de un PRD en vertiginosa caída, ideológica y logística. De un PRD ávido de poder por el poder mismo, que coparticipa en tácticas auspiciadas por el ahora partido en el poder. El mandatario guerrerense, así, se hace a la mar con todo y la soledad que implica el desdén de la cúpula a su política de cambio con acento social, el rechazo a meter las manos en el partido y a la tentación de hacer clientelismo por medio de dádivas y cuotas de poder.   

Ahora bien, si los guerrerenses no se equivocaron, la pregunta es: ¿por quién doblan las campanas?

UNIVERSIDADES: ENTRE EL ABANDONO Y LA VIOLENCIA CRIMINAL

Por: Federico  Osorio Altúzar

En vísperas del centenario de la Revolución, la violencia organizada surge a gran escala, esta vez impetuosa y ciega, haciendo presa del estallido al país entero y como principal víctima a la población inerme, desamparada y desprotegida, inclusive por el propio Estado. Presionado éste desde dentro y erosionado desde fuera a causa del entreguismo vergonzante de gobiernos impopulares, el afrentoso proceso culmina en defenestración institucional.

Estado fallido llaman los voceros del Imperio al Estado mexicano. Estado ineficaz, traspatio para los invasores y tierra baldía de sus torvos propósitos, de sus experimentos expansivos, y para saciar la sed de las transnacionales a fin de obtener recursos estratégicos a como dé lugar. Al igual que en los años previos a la Constitución de 1917, armas y explosivos entran por las fronteras del Norte y del Sur; ahora desde puertos marítimos y aeropuertos, con la venia de autoridades que, por otra parte, facilitan la conversión de nuestro territorio en paraíso fiscal y de lavado de dinero.

De guerra no declarada, guerra al fin, hemos pasado a una abierta confrontación que involucra a la población civil en una especie de altercado de guerrillas entre líderes del crimen, mafiosos contra testaferros reclutados por la criminalidad criolla y transnacional. Se trata de una reyerta en donde la  sociedad civil es objeto de atracos, blanco de la perversidad de sicarios y traficantes de toda laya. Frente a esto, el gobierno de la República parece dejar las riendas de la legalidad en manos de criminales que ensayan una especie de “resolución final”, amenazando, acosando, ahuyentando y dictando órdenes a la población. En suma, conminando al Estado a fin de que pacte con ellos, criminales y agentes al servicio de la provocación internacional.

Mientras tanto, el desdén se cierne en torno a las instituciones educativas del país. Se amenaza y amedrenta a los planteles escolares del nivel básico como estrategia para aterrorizar a las familias; se ataca centros académicos  hiriendo y cegando la vida de alumnos y maestros, sin que se esclarezcan los ilícitos y se castigue a los culpables.

Al propio tiempo se vuelve a la ancestral táctica de doblegar por la penuria y el hambre a las universidades públicas cuyo sostén, por mandato constitucional, proviene de recursos pecuniarios de la Federación. Con mano implacable retiene ésta las partidas presupuestales con dicho efecto, hace caso omiso a los reclamos de rectores y directivos; ocasiona en fin rezagos económicos y quebrantos financieros propicios para desestabilizar y provocar  ingobernabilidad, protesta y enfrentamientos.

Las universidades empobrecidas han sido, son y serán, pasto apetitoso para la injerencia de élites, grupos desnacionalizados y voraces transnacionales. Ahora, como en el 68, son víctima de acoso por aventureros junto con inescrupulosos políticos con ansia de poder, dispuestos a todo, incluyendo la  violencia y el terror. Las instituciones famélicas que egresan profesionistas formados al vapor, con ostensibles vacíos informativos y nula sensibilidad social, se convierten, así, en campo de ensayo para quienes profesan la perversa misión de cercenar, junto con el cuerpo, la inteligencia.

Como en los 60, estamos frente a frente de nuevos vientos desestabilizadores los cuales soplan desde los planteles escolares de formación básica, los centros de enseñanza media superior y superior, y alcanzan aún a los institutos de alta docencia e investigación. La estrategia se repite: consiste en socavar las libertades académicas para enseñar, investigar y difundir cultura; someter por medio de la inanición y la precariedad. Por esa vía, el escenario estaría listo, claro, si se les deja, para la penetración y el predomino colonizador.       

LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ AL RECTOR INOLVIDABLE

Por Federico Osorio Altúzar 

“Post mortem”,  cuatro décadas después de su fallecimiento en 1971, Javier Barros Sierra es honrado con la Medalla Belisario Domínguez en reconocimiento a su irreprochable y lúcido liderazgo,  cívico, académico, y profesional,  al frente de nuestra máxima casa de estudios en horas de recia tempestad  como nunca antes ni después.

A su tío abuelo,  don Justo Sierra, debemos la creación de la Universidad Nacional. Al ingeniero Barros Sierra el haber efectuado su cabal defensa, la puntual y señera apología, convirtiéndose en  escudo inexpugnable para contener a los depredadores de oficio y amparar, con la reciedumbre de su voluntad, anclada en la ley, de la violencia organizada,  a  miles y miles  de alumnos, maestros y empleados perseguidos y hostigados por el poder político en turno.

En su memoria, la medalla laudatoria resplandece con luz propia y con los reflejos que  emanan de los corazones de universitarios de bien que jamás lo olvidarán mientras vibre la emoción por el derecho a pensar lo que se quiere y a querer, objetivamente, lo que se piensa. “Honrar, honra” dice la sentencia que alude, como en este caso, al reconocimiento implícito en la presea a fin de exaltar virtudes que no perecen. De él, asimismo, puede decirse: “No todos los hombres son mortales”.

En una época aciaga en la que asesinar se está volviendo un acto cotidiano y aún deleznable para algunos seres irracionales, y en la que se pone indiscriminadamente en la mira de las armas criminales a  jóvenes y  adolescentes en plenitud de vida, con la torva finalidad de socavar la esperanza y el futuro de la sociedad, de cancelar todo proyecto educativo y toda tarea destinada a renovar y crear los valores del saber, del querer social y del sentir artístico; en esta época, ahora,  rememoramos al rector insigne por su bonhomía, vocación humana y fe inquebrantable para defender la integridad física y moral de la inteligencia y la juventud.  Su claridad intelectual aunada a su diáfana comprensión, fue la palanca a fin de sortear los peligros que rodeaban a la Universidad y a su comunidad en franco estado de indefensión, lo que impidió, en aquel lóbrego 68,  la comisión de más actos bestiales y de barbarie    

Barros Sierra asumió la Rectoría de la UNAM después de una intensa actividad profesional  en la iniciativa privada y después, asimismo, de haber entregado talento y disposición a la docencia   desde la enseñanza media superior hasta  el nivel superior en su Facultad de Ingeniería, cuyo auditorio principal lleva, con dignidad y orgullo, su ilustre nombre. Escribió obras didácticas que revelan su “eros” pedagógico, entre otras de cálculo infinitesimal en la colección Textos Universitarios. ¿Qué más puedo hacer por la Universidad? era su preocupación diaria, indeclinable.

En 1966 asumió la Rectoría en medio de la intransigencia interna y los asomos de represión externa por parte del conservadurismo en boga, provocativo y dispuesto a imponer su consigna de postrar a la institución por medio del embate a su Ley Orgánica y procurar el derrumbe de su organización académica y, con ello, el régimen de libertades para enseñar, Investigar y difundir la cultura universitaria.    

A dos años de su rectorado, una vez sueltos todos los demonios de la anarquía y la insania, Javier Barros Sierra se vio enfrentado a la más ruda y brutal de las embestidas contra la Universidad, desde su fundación hasta nuestros días. A cuatro décadas de su muerte, su ejemplo crece en la medida que la insania letal  aumenta con el objetivo avieso de minar los caudales de energía  y pervertir a quienes, teniéndolas,  podrían tomar las riendas del avance científico y humanístico en el país cuando más falta hace. ¿A quién, con palabras suyas, podría convenirle esto?

LA MINERÍA AHORA: NUEVO ROSTRO CON DESTINO SOCIAL

Por Federico Osorio Altúzar

Sonora y Chihuahua, Durango y Coahuila se asientan  en montañas y sierras de metales preciosos, como en el sur y el sureste de México, los mantos petroleros fluyen en los subsuelos de Campeche, Tabasco y Veracruz. La madre naturaleza les escrituró  legados inexplorados aún, en vía de explotación y usufructo. La tragedia de la mina de San José (Chile), nos ha sacudido y habla de la industria en cuestión: riesgos y desafíos en orden a la obtención de riquezas y prosperidad, de  opulencia ante la extrema pobreza, plena ocupación y apertura de inversiones; en suma, de tentadoras ofertas de crédito  y financiamiento.

La otra cara de la realidad social y económica sugiere que la oportunidad es atractiva en términos de viabilidad: hace renacer esperanzas de resurgimiento material, de recuperación y salud financiera en el mediano plazo; de convivencia en paz y seguridad.

Cananea es elocuente voz de alerta. Como en 1906, son intolerables abusos y vejaciones al cobijo de la arbitrariedad. Advierte sobre el riesgo inminente de echar combustible a la hoguera de la inconformidad, tras el drama de Pasta de Conchos.

Pero lo anterior no indica que  a causa de la corrupción, el entreguismo a las transnacionales y el afán de erosionar derechos humanos,  laborales y de libre asociación, hubiese que cegar pozos petroleros, cancelar petroquímicas y dejar sin efecto compromisos comerciales con el exterior. Así, es motivo de optimismo y prudente expectativa, de no oculto júbilo oficial y empresarial, las noticias relativas a la reactivación de la minería en el norte del país, en Sonora y Chihuahua. Veamos por qué.

En los municipios de Cucurpe y Magdalena, en el solar sonorense, avanza el proyecto minero con obras de infraestructura y trámites relativos a tenencia y uso del suelo con el fin de evitar problemas administrativos y de carácter laboral. Por otro lado, en la Tarahumara se dan a conocer proyectos y propuestas respaldados por grupos como el Grupo Carso y por capitales dispuestos a  promover el desarrollo minero regional. En los escenarios  donde  el coronel Joaquín Terrazas libró denodada guerra contra los apaches, se abre paso el proyecto liderado por nuevos políticos, jóvenes  funcionarios públicos para quienes, tarde o temprano, habrá que pagar a los marginados  la deuda diferida desde la Colonia y desde el México posrevolucionario, vigente hoy.

Presidente de un municipio periférico, Moris (similar a Ocampo, Batopilas, Uruachi y Carichi), José Martín Pérez Campos enarbola un proyecto audaz para el Desarrollo de la Sierra de Chihuahua, con la fuerza vinculatoria de más de doce munícipes de la región, integrado con alternativas de progreso y bienestar  para todos los pobladores al margen de condición económica o social, de etnia o de preferencia política o de religión.   

El proyecto arranca del análisis socioeconómico de los municipios serranos, describe las actividades productivas actuales (agricultura, ganadería, minería, turismo, y otros); incluye la fuente de recursos federales y estatales; enlista las áreas de oportunidad en rubros emergentes:  comunicación (carreteras, caminos rurales y telefonía); urbanización y servicios básicos (energía eléctrica, agua potable, drenaje);  asimismo, subraya otras áreas de oportunidad: producto de lácteos (hatos lecheros familiares, praderas o invernaderos); turismo: hospedaje, alimentación, visitas guiadas, “camping”, sin dejar de lado la capacitación para el trabajo y la descontaminación de suelos. 

Lúcido ejemplo de un municipalismo moderno, visionario y audaz, sus promotores abonan credibilidad al pacto federal en su carácter de fuerza política, económica, educativa y cultural, por medio de la asociación y el compromiso, propiciando, así, nuevas formas de vivir y convivir.  

CADENA PERPETUA EN CHIHUAHUA: ¿PRINCIPIO DEL FIN?

Por Federico Osorio Altúzar

Toda la fuerza del poder y la de todos los poderes públicos contra el flagelo del crimen organizado en Chihuahua y en todo el país. Si bien era previsible que se adelantara el Estado grande, el denominado Estado fuerte, a fin de modificar le ley penal en los términos dictaminados por el Congreso local, la preocupación ahora es si en el resto de la República ocurrirá lo mismo. La emergencia es nacional, lo mismo que la ineficacia punitiva.

Como insectos atemorizados buscarán refugio, sin duda, los “malandros” de toda laya.  El paso dado ni Dios, con todo respeto, lo quita. Es el primero, dice  Marco A. Quezada, presidente municipal de Chihuahua,  “para recuperar la paz social”, una paz productiva, promotora de empleo y bienestar venida a menos en un abrir y cerrar de ojos.

Lo importante es no dejar vacíos legales que faciliten la libre actuación de los delincuentes, asevera el munícipe chihuahuense, quien por cierto  inicia  bajo óptimos augurios políticos su mandato con el anuncio del libramiento carretero en la demarcación capitalina, obra pública largamente esperada en aras de la fluidez del transporte foráneo y el orden urbano. Con Marco Adán Quezada, suman su voluntad en la búsqueda de condiciones para restaurar la paz perdida y procurar el objetivo de que  resplandezca la justicia penal jurídica, los más de sesenta alcaldes de la entidad.

César Duarte ha lanzado inequívoco ultimátum a los asaltantes y sicarios, a los suplantadores de personas indefensas, a los tránsfugas de la justicia, para que devuelvan a las personas secuestradas y den la cara los infractores de la ley. A tres semanas de haber asumido su elevada representación popular demuestra su disposición de enfrentar, de una vez por todas, sin titubeos ni concesiones de ninguna clase, el miura de la criminalidad con la nueva normatividad en materia penal empuñada con rigor y con la adhesión de la sociedad y el consenso de los poderes públicos. Truena contra la impunidad y la provocación, los abusos y el inefable contubernio entre servidores públicos y forajidos. Ha llegado, da a entender, la hora no sólo de remediar sino de aplicar cirugía mayor en el falleciente organismo.

Pero Duarte Jáquez al igual que los alcaldes, los funcionarios de su gabinete y los integrantes de los poderes estatales  requiere de la adhesión y el respaldo de la sociedad en conjunto, sin diferencia de partidos e ideologías, para levar anclas y hacer la difícil e inclusive temeraria travesía. El mejor y acaso único blindaje eficaz con el que puede contar en estas horas difíciles, es el que pueden forjar en torno suyo, los ciudadanos y los medios de comunicación, haciendo causa común, cívica, participativa y responsable, en la defensa y la autodefensa legítima de la integridad de las personas humanas.

Novedoso capítulo inauguran el Ejecutivo y el legislativo en Chihuahua, aunque ahora apremia la concurrencia, en el esquema del federalismo, del Poder Judicial del Estado. La validez, ni la duda cabe, requiere de la eficacia; por cierto, mucho más que un mínimo de eficacia.

En los inicios de su administración pone César Duarte el acento de la legalidad en donde debe ir. Se hace oír con la debida franqueza y claridad, hasta los últimos rincones de la abatida demarcación chihuahuense, tratando de persuadir a sus coterráneos que la justicia por mano propia no es justicia. Es, en todo caso, venganza. Jurista fogueado en los más altos foros en donde se debate la legalidad y la constitucionalidad del mundo normativo, sus enunciados dan confianza y seguridad acerca de que el castigar con impunidad es un agravio aún mayor, pues al daño sin reparar se añade, de ese modo, la  execrable ofensa.    

LA SIERRA TARAHUMARA: ALMACÉN DE OPORTUNIDADES

                                                                      Por Federico Osorio Altúzar

En medio de la encendida polémica acerca del papel del municipio  en la vida del país, asumen su cargo los munícipes electos el pasado mes de julio. Son modernos adalides de la modernización al lado de mandatarios con visión renovadora al margen de ideologías y partidarismos. Es la vuelta al federalismo consagrado en el 115 constitucional, mandato por hoy ineludible.

En la alta y la baja Tarahumara se gesta un movimiento sociopolítico de insospechadas consecuencias, si las acciones se acompasan con los discursos de campaña. César Duarte, gobernador de Chihuahua, ha dado el banderazo de la renovación mediante una convocatoria persuasiva a la participación de líderes empresariales, dirigentes gremiales, coordinadores de la educación profesional y técnica, cuyo objetivo principal es poner término a la violencia, al odio y las venganzas por medio del trabajo organizado y la inversión productiva.

En los confines de la región serrana, colindante con los estados de Sonora, Durango y Sinaloa, hace eco el despertar de su largo sueño un proyecto innovador no sólo por el contenido de las propuestas sino por el carácter organizativo, el acento interdisciplinario y el sentido de cooperación a la luz de un ambicioso plan que involucra, de manera integral, los recursos que atesora la naturaleza al igual que los atesorados en el talento creativo de la población.

Es un proyecto con alternativas reales de desarrollo integral, asegura el presidente municipal de Moris, Martín Pérez Campos, por segunda vez electo, cuya demarcación geopolítica está vivamente descrita en  “Noticias Estadísticas del Estado de Chihuahua, por J. A. Escudero, cuya primera edición data de 1834. El proyecto ancla en lo profundo de la impresionante, ingente en sus retos y desafíos, Sierra Madre. Nace y toma impulso en una de sus regiones más pródigas, espléndida por sus habitantes, su historia y opulencia.

Inmersa en un olvido inexplicable, con siglos de soledad sobre sus hondonadas, cordilleras y sinuosidades; ahíto su vasto escenario de esperar con templanza y resignación, la Tarahumara  hace oír su voz convertida en grito rebelde para que su almacén de oportunidades sea lo que  el alcalde Pérez Campos propone en su llamado al trabajo organizado, a la inversión planificada, a la participación de todos, desde el modesto agricultor hasta el capitalista con visión del presente y del futuro.

Hay en la propuesta todo un menú de oportunidades a fin de concurrir con experiencia,  valor empresarial y pulso planificador al reto del siglo, al singular desafío municipal del que hablaba el desaparecido José Francisco Ruiz Massieu en el ya lejano 1982, cuando definía la figura política y ético-jurídica del municipio como una “manera de vivir de los mexicanos. Una manera descentralizada de vivir”.           

El proyecto, de suyo ambicioso pero anclado en información verificable, comprende carreteras por hacer, caminos rurales por emprender, urbanización y servicios básicos (energía, agua potable, rellenos sanitarios, hospitales y centros de salud con médicos y enfermeras; escuelas con maestros y con alumnos); drenaje, calles y espacios comunes.

Pero no hay que soslayar lo siguiente: sin tratarse de un milagro en la Tarahumara la llave maestra aquí, como en cualquier propuesta de orden social, económico y cultural, es la organización, la asociación, la planificación, antídotos ante todo riesgo de frustración y aun de fracaso. Son una cadena de municipios, más de 12 al parecer. Una red de voluntades con sus alcaldes al frente, quienes desde ahora se imponen deberes para hacer propuestas legislativas en orden a la seguridad jurídica del proyecto, a su información, difusión y persuasión masivas que aseguren integridad laboral y en materia ambiental. Estamos ante el despertar, luminoso despertar.

JAVIER BARROS SIERRA, NO SE OLVIDA

El nombre del ingeniero Javier Barros Sierra está indisolublemente unido al 2 de octubre, a la noche lóbrega de la matanza de Tlatelolco,  como el de su ilustre antecesor, el maestro Justo Sierra, al 22 de septiembre de 1910, gloriosa fecha de la fundación de nuestra Universidad. Decir 2 de octubre es enunciar uno de los capítulos más dolorosos de la historia de México junto con el de la militarización de la Preparatoria por el chacal Huerta, en 1914. Es, acaso, el más dramático para nuestra máxima casa de estudios, para el IPN y otros centros de estudios. Ahí se registró la irreparable pérdida de vidas en plenitud de formación, a causa del odio vengativo y la felonía de un poder devastador. 

Javier Barros Sierra, Rector inolvidable, en sombrío desdén ocasionado por la ingratitud de siempre y la politiquería de no pocos disfrazados de universitarios exigió en 1968, en alto los ideales de legalidad, autonomía y libertad académica, respeto irrestricto a la garantías académicas mancilladas por los intemperantes solapados bajo el discurso populista y tercermundista, por los delirantes al servicio de la opresión y el afán anarquista en boga. 

Como muchos otros próceres universitarios, la memoria de Javier Barros Sierra ha sido suplantada, soterrada y aun tergiversada por la crónica de tijeras y engrudo, unas veces para hacerle el juego a la derecha gobiernista, otras para justificar la disputa y el reparto de privilegios y prebendas desde las alturas, sin faltar el modo de operar de los  desmemoriados que se las ingenian para dar a entender que con ellos, y sólo con ellos, es posible la excelencia de la cultura superior y la extensión de las ciencias, las humanidades y las nuevas tecnologías.

En 1966, frente a la intromisión irracional del diazordacismo en la Universidad, Barros Sierra sostuvo, en apoyo a la memorable Declaración del Consejo Universitario, lo siguiente: “La autonomía, más que un privilegio, entraña una responsabilidad para todos los miembros de la comunidad universitaria: la de cumplir con nuestros deberes y hacer honor a la institución, recordando que la autoridad y el orden en nuestra casa de estudios no se  fundan en un poder coercitivo, sino en una fuerza moral e intelectual, que sólo depende de la conciencia y la capacidad de cada uno de nosotros”.    

En 1968 el rector inolvidable refrendó, con singular bonhomía, la tesis de la autonomía, de la no intromisión interna y externa, en los asuntos privativos de la UNAM. Día a día, actualmente, la dignidad y el honor de los universitarios se encuentran bajo amenaza y acecho. Con Barros Sierra, no obstante, habrá que salvaguardar frente a cualquier asomo de irresponsabilidad y avaricia para defenestrarlo, el régimen irrestricto de libertades académicas.

CÉSAR DUARTE Y LA PAZ SOCIAL QUE TODOS QUEREMOS

El relevo político en la persona de César Duarte, novísimo mandatario del Estado de Chihuahua,   hace abrigar grandes esperanzas en la población urbana y mayores expectativas entre los sectores marginados, particularmente de la Sierra, agobiados por el desempleo, el desamparo ante el embate de la pobreza y la urgencia de políticas públicas eficaces relativas al bienestar: salud, educación, vivienda y falta de incentivos para al desarrollo integral.

La inseguridad es el clamor general, aunado al reclamo de justicia positiva o jurídica. En la entidad pionera en cuanto a reformas novedosas en el ramo del derecho penal, los recientes asomos de  justicia a mano propia dejan mucho qué decir acerca de cómo procurar y administrar justicia. Lentitud, impericia e impunidad van de la mano.

César Duarte recibe una administración pública cuyo principal mérito fue el impulso a la inversión, el fortalecimiento de la producción y  la productividad, sin que haya registros tangibles en el área de la equidad social y cultural, la igualdad de género y condiciones idóneas para el desarrollo económico, material y moral.

Ha crecido a ritmo considerable el Estado en dimensiones cuantitativas, tomando como trampolín el sexenio encabezado por el contador Patricio Martínez García, excepcional político y hombre de ideas y de libros. Pero se inmovilizó deplorablemente el desarrollo social, registrándose involuntario olvido de grupos en pleno subdesarrollo, sobre todo  los guarajíos, rarámuris, pimas y tarahumaras, cuya inmensa soledad de siglos es equiparable a la incomunicación, a la falta de una política educativa coherente que abata la ignorancia ancestral, la negligencia para crear escuelas de artes y oficios que ponga fin a la esclavitud disfrazada, la mendacidad abierta y la ostentosa humillación.

La violencia en la frontera y la improductividad, olvidando los portentos recursos en la agreste zona serrana, hacen la pinza que convierte al Estado orgullosamente prerrevolucionario y revolucionario en blanco socorrido de los retrógrados del vecino país y de los emisarios de la reacción criolla, que más parecen, éstos, salidos de las filas que hicieron resistencia al movimiento de liberación nacional encabezado por los paladines que nos dieron enseñanza y patria digna. Muchísimo bien hicieron, sin quererlo, los que entonces resistieron al embate renovador, como grandísimos males acarrean sus epígonos. Aquéllos hicieron diáfano el escenario para luchar con razón, heroísmo y justicia; éstos obstruyen con su inepcia y mala fe los avances incontenibles de la modernidad.

Chihuahua es tierra propicia para la inversión productiva por parte de hombres de empresa con visión de futuro; también es cuna de lúcidos educadores: Manuel Gómez Morín en el primer tercio del siglo y Salvador Zubirán en el segundo, figuras emblemáticas de una revolución pacífica en proceso aún de consolidación.             

Como la esperanza es lo último que muere, ya se oye el resonar de campanas que llaman a saldar una vieja, ancestral deuda, de siglos ya, para que los marginados de siempre, los nómadas de la montaña, los parias entre barrancos y  parajes olvidados e incomunicados, dejen por fin de ser los convidados de piedra del crecimiento, cuya estadística hace beneficiarios “per cápita”, de manera exclusiva a la vieja élite, a los hacendados de cuño porfirista y de inclinación colonialista.

Buen deseo y legítimo anhelo es que César Duarte haga valer el pluralismo político, sin poner énfasis en colores partidistas o en posturas ideológicas. Que oriente la política económica, la planeación democrática hacia la inversión productiva con criterio social y participativo, involucrando enclaves de pobreza, de frustración y olvido, y que reasuma el capítulo de la esperanza con verdadero ímpetu renovador.

DE FUENTEOVEJUNA AL PUEBLO DE ASCENSIÓN: JUSTICIA DENEGADA

                                                          Por Federico Osorio Altúzar

La sed de justicia cunde en todos los ámbitos del territorio nacional. Chihuahua y Durango aparecen en los primeros sitios de violencia criminal en la propaganda mediática nacional e internacional. Gana la batalla la impunidad y se impone el castigo por mano propia, mientras la investigación del delito  y la individualización de las normas penales están a las resultas del crimen organizado.

César Duarte asumirá la titularidad del Ejecutivo en medio del optimismo de una población acosada por la delincuencia, como nunca antes en la historia del Estado. Entrará a Palacio de Gobierno rodeado de grandes esperanzas, resuelto a encarar la más difícil y plausible de todas las batallas políticas habidas y por haber: la batalla por la restitución de la legalidad.

Es hombre de leyes en el amplio sentido del término y sabe que el mejor, políticamente hablando, no es el que está nimbado con timbres de ufanía por las campaña publicitarias, sino el que conoce a fondo el oficio de legislar y hace honor a los compromisos, cumpliéndolos el pie de la letra y según el espíritu que los inspira. 

En el municipio de Ascensión se encendieron luces rojas que anuncian males peores, si la nueva administración no hace valer el imperio de la ley con vigor y ejemplaridad. Como en Tomóchic y Santo Tomás, hace más de un  siglo,  la población se levanta en vilo para gritar su inconformidad y sed de justicia jurídica. Allá, el motivo de la rebelión fue la intolerancia; aquí la impunidad y la corrupción las razones del encono popular.

Se dirá que el drama del linchamiento en Ascensión es un hecho aislado y hasta deleznable en el idioma de la inepcia burocrática. Todo comienzo tiene el carácter de lo individual y de lo aparentemente transitorio. Pero una chispa es el inicio, a menudo, del incendio y hasta de la gran conflagración. Una larga cadena se hace de numerosos goznes. Y lo ocurrido en Ascensión es síntoma de una enfermedad silenciosa que corroe el Estado de Derecho, haciendo imposible determinar dónde comienza la eficacia de la anarquía y dónde la de la procuración y la “aplicación” de las sentencias.

Difícilmente podrá contenerse la ira de una comunidad, de cualquier comunidad, cuando los responsables de atender las quejas y las denuncias son los pararrayos del crimen organizado, como en el caso del ministerio público estatal en Ascensión, con antecedentes delincuenciales, y quién con su conducta reprochable hizo derramar el vaso de la ira popular acumulada. Hay, por lo demás, alevosía por motivo de la pasividad y el contubernio de las autoridades superiores en el ramo correspondiente.

Imposible es, así, el triunfo de las leyes contra la corrupción que engendra impunidad cuando el virus letal anida en los mismos cuerpos encargados de perseguir, investigar y establecer las pruebas. Si la lenidad y la inepcia prosperan desde dentro, obstruyen y hacen nula la administración de justicia.

El gobernador electo, César Duarte, tendrá que ser más, mucho más, que un mandatario emergente para apaciguar la cólera de la población chihuahuense y para actuar como un apagafuegos  frente a la hoguera crispante de la impunidad. De Chihuahua, dijo un ilustre político de la entidad, vino la Revolución. Temóchic y Santo Tomás, en las páginas de Heriberto Frías y de Fernando Jordán, así lo atestiguan.

Los valerosos habitantes de Ascensión, en este 2010, ingresan a las páginas del Centenario de la Revolución de 1910 como un doloroso y dramático esfuerzo a fin de mostrar y demostrar que la autodefensa y la justicia a mano propia, ante la derrota de la legalidad y la ingobernabilidad, representan una ominosa y oportuna advertencia. Es una luz preventiva que no se puede desdeñar  a riesgo de que despierte el gigante de su largo sueño. 

             

CUMBRE DEL PRI EN CHIHUAHUA: VIEJA Y NUEVA REVOLUCIÓN

                                                                  Por Federico Osorio Altúzar

En “Crónica de un país bárbaro”, Fernando Jordán escribió hace poco más de cincuenta años: “Es en Chihuahua, seis años antes de que termine el siglo XIX, 15 años antes de Madero, donde por primera vez se escucha la maldición rebelde: “´¡Abajo la dictadura!´”. La sublevación de Tomóchic encendería la chispa que el 20 de noviembre se volvió crepitante hoguera revolucionaria. “Poco después, agrega, Pascual Orozco bajaba de la montaña con la antorcha en la mano, para unirla a las otras que corrían por la llanura y el desierto, iluminando la humana esperanza de libertad y de justicia”.

Haciendo gala de una memoria histórica, desdeñada una y otra vez por la dirigencia del otrora partido hegemónico en el poder, el CEN priísta lanzó su proclama desde la capital del Estado fuerte para reconquistar la Presidencia de la República, enarbolando la bandera que dio origen y sentido a las siglas partidistas en la cuna de la Revolución, ahí en donde el heroísmo de un puñado de mujeres, hombres, niños y ancianos ofrendaron sus vidas en el primer holocausto que registra la historia nacional contra la férrea tiranía de Díaz y sus epígonos locales.

La vieja Revolución fue evocada en nombre de la nueva Revolución en silenciosa y terca marcha. El viejo PRI dio indicios de moverse y despertar de su letargo ante el escenario de una dictadura en pleno ascenso y consolidación. A poco más de cien años de la matanza de Tomóchic, de la gesta olvidada y de la provocación de la oligarquía criolla, la Revolución que México invoca y reclama no es ya la de los cañones y la pólvora, la de la lucha fratricida, la de los secuestros y los crímenes en serie, sino la revolución de las instituciones, la revolución educativa, la revolución en los foros legislativos y en el seno de las industrias productivas en el esquema de un desarrollo integral.

La epopeya de Tomóchic nos ha  hecho recordar que la oligarquía está en pie de lucha para imponer, a como haya lugar, y con todos los recursos de la guerra exterminadora, su férrea ley propia de la oligarquía sin frenos ni barreras. Y algo hace indicar que, por fin, el Partido que un día  hizo legítima defensa de los campesinos, las organizaciones sindicales, abrió carreteras y alentó el crecimiento de las universidades públicas, da señales de volver por sus fueros, de retomar las armas de la legalidad para asumir un liderazgo dilapidado por  quienes, desde hace poco más de dos décadas, se dedicaron al despojo y a la malversación del ejido, de los ferrocarriles, la minería y los parajes turísticos.           

En este panorama de recuperación emergen figuras nuevas, rostros que podrían ingresar a la historia actual, de contar con el arrojo indispensable, la serenidad a toda prueba de tentaciones efímeras, con la finalidad de poner orden en el convulsionado país, víctima de letal anarquía y del cáncer fatal que corroe las entrañas de la institucionalidad, de la legalidad y constitucionalidad. Pues traición a la Patria es pretender violentar las normas supremas y ostentar públicamente, con intolerable cinismo, que no se sigue castigo alguno ante semejante ilícito.

La nueva Revolución se abre paso entre la sinrazón de la fuerza desde las alturas del poder. Y si el nuevo PRI ha comprendido la lección  histórica en las páginas de la amarga derrota, México entero, como en su momento los valientes victimados de Tomóchic, podrá tener esperanzas fundadas de salir de las tinieblas que lo aquejan, de las miserias  que lo atosigan. El Centenario de la Revolución es más, mucho más, que el fasto cortesano en que se nos ha querido involucrar, por todos los medios, en estos lóbregos días de verdadero acoso y hostigamiento den todos los órdenes de la humana convivencia.    

  

UNAM: EL HOMENAJE A GUILLERMO SOBERÓN

A tiempo, con generosidad y plenitud de afectos, el homenaje rendido el pasado mes de abril al doctor Guillermo Soberón Acevedo, el Rector Magnífico de nuestra máxima casa de estudios, ha sido espléndido preámbulo de los festejos centenarios de la Universidad Nacional inaugurada por el maestro Justo Sierra, el 22 de sepriembvre de 1910.Con sello de la UNAM, circula recientemente un libro en el que se compilan contribuciones de  colaboradores, colegas y amigos suyos.

Guillermo Soberón es figura emblemática en la historia de México. Universitario de cepa lo llama el rector José Narro, quien escribe en el libro-homenaje: “Al término de sus dos periodos rectorales entregó una universidad en paz, ordenada, con una institucionalidad consolidada e inmersa en el trabajo productivo” 

Después de la Presentación del rector Narro Robles, la primera contribución es del doctor Jaime Martuscelli, sin duda el más cercano, fiel y lúcido continuador del legado académico y científico de Guillermo Soberón, dentro y fuera de la UNAM. Más adelante, los ensayos de los doctores en Derecho, Diego Valadés y Jorge Carpizo. Se echa de menos, sin embargo, la aportación del doctor Ignacio Carrillo Prieto, autor de valiosa investigación sobre el estatuto del personal académico de la Universidad.

Por los festejos centenarios y el eminente lugar que revistió y ha desplegado la Preparatoria en su luminosa trayectoria, destaca la participación del licenciado Enrique Espinosa Suñer, pilar indudable del plantel juarista-barrediano, quien, con el maestro Raúl Pous Ortiz, ha presidido, y preside, los destinos de la benemérita institución. ”Guillermo Soberón: un preparatoriano ilustre” es puntual y lúcida síntesis del resurgimiento de la institución en los inciertos años tras el conflicto estudiantil de 1968.

En la página 107, puede leerse: “A lo largo de casi siete años compartí con el rector su preocupación por los problemas que aquejaban a la ENP entre los que destacaban: elevar el nivel académico, mediante el establecimiento de diversos cursos de preparación para el profesorado; actualizar el plan y los programas de estudio; impulsar decididamente la difusión de la cultura; incrementar la modernización de las instalaciones y emprender un efectivo combate a la violencia en los planteles preparatorianos”

La tesis de Guillermo Soberón era en el sentido de que: “La Universidad Nacional será más vigorosa, en la medida en que su enseñanza media se consolide para la formación de futuros profesionales”.

Hoy en día la Nacional Preparatoria prosigue el ideal del Presidente Juárez en torno a una educación laica, libre de dogmas y prejuicios; nacionalista pero abierta a la universalidad de las ciencias y las humanidades. Heredera del positivismo filosófico y pedagógico de los doctores Barreda y Parra, propaga los valores de la cultura humanística, del conocimiento de la naturaleza y la sociedad; impulsa la dignidad de sus adolescentes y jóvenes; se encamina a una etapa de renovación hacia dentro y hacia su entorno social.

Conducida la Preparatoria, ahora, por primera vez, por una psicóloga, la maestra Silvia Estela Jurado Cuéllar, una de sus primeras acciones ha sido proponer la refundación de lo que será el Centro Preparatoriano de Atención Psicoterapéutica, un palpitante interés de la comunidad universitaria, del rector José Narro Robles, de los preparatorianos incluyendo a sus padres  y familiares; en fin, a trabajadores y docentes. El objetivo es  proteger, salvaguardar y rescatar su más preciado patrimonio, su población estudiantil. Y con ello  implantar  la cultura de la legalidad, propagar la de la prevención, alentar el cultivo del arte, el deporte, la expresión literaria.

Acertada contribución, esto último, al Centenario de la Universidad Nacional.

GUERRA FALLIDA: EL COSTO SOCIAL DE LA DERROTA

                                 

Por Federico Osorio Altúzar

Son frías las estadísticas, pero resultan gélidas cuando el recuento es de vidas humanas. Más aún cuando a la masacre se suma el alto costo social y moral, irrecuperable al final de todo.

Treinta mil víctimas mortales, aparte otro tanto  o más de mujeres y hombres desaparecidos entre ancianos, niños y jóvenes; una economía pública en bancarrota; la educación popular (básica, propedéutica y superior) en casi total bancarrota. En suma, la nación en riesgo inminente de estallar en añicos.

Sombrío es el panorama que se cierne sobre nuestro desdichado país. Es decir, sobre todos nosotros, al margen del grupo sociocultural al que pertenezcamos. La gente incrustada en el poder (político o económico) es, hasta ahora, la menos vulnerable;  la menos afectada. Aunque es la más horrorizada por el resultado de esta guerra no declarada, a la que se nos convocó cuando todo estaba en llamas y en cierto modo bajo la bota del vencedor: el crimen organizado.

Guerra fallida es la que se extiende hacia todos los rincones del país. Guerra fallida a costas de las clases más oprimidas, guerra fallida depredadora de humanos y de instituciones, guerra fallida que ha convertido los derechos esenciales y todas las garantías habidas y por haber en objeto suntuario y no en motivo de tutela y salvaguarda por los representantes de los órganos establecidos en el supremo ordenamiento jurídico de la nación.

Son válidas, pero no eficaces las normas de observancia obligatoria. Es decir, son normas únicamente en apariencia. El orden jurídico o sistema de normas está formado de frases, palabras y oraciones gramaticales. De buenas intenciones y cuando más de enunciados, pero no las reviste, no las identifica y define la imputación como su contendido propio, su carácter inmanente.

Nunca como ahora se pone de relieve, de manifiesto, aquella de que las normas se hacen para “violarlas”. Las viola, impunemente, el poderoso, el anarquista con fuero, el criminal con medios para agredir y evadir el castigo. Violar la ley es el deporte nacional de moda.

Nos aproximamos de manera temeraria, imprudente, al filo de la barranca, donde todo cae por su propio peso  y de cuya profundidad no hay poder capaz de rescatar, menos de salvar. Los malos ejemplos cunden por todas partes. En un país en el que predomina el pleno desempleo, la oferta laboral desde las sombras del crimen organizado hace de las suyas. Recluta voluntarios y por medio de la fuerza hace mercenarios a indefensos adolescentes y jóvenes en condición de penuria.

Ha ganado la delantera el crimen organizado a los organizadores del Bicentenario y del  Centenario: de la Independencia y la Revolución. Somos el país con mayor índice de sumisión y dependencia política en el orbe latinoamericano. Somos la nación menos revolucionaria en los campos del bienestar.  Llevamos el campeonato de atropellos y vejaciones  en el área laboral. Los mineros y los electricistas no son las únicas víctimas de esta guerra no declarada.

Hace un siglo, por estos días, en los prolegómenos de la Revolución armada, se fundaba la Universidad Nacional. Hoy  la bandera de la autonomía, la enseñanza laica, progresista y popular está amenazada dentro y fuera de los recintos escolares públicos. Hace doscientos años, Vicente Guerrero,  el estadista de la primera y más visionaria liberación nacional, en las alturas del Sur, declaraba  “La Patria es primero”. Hoy, en cambio, el grito de la clase política en el poder es en el sentido de Stirner. “Yo, el mundo  propiedad.”

 Mientras tanto, el ¡“Viva México”! vibra como una de las más grandes esperanzas  y como el más caro de los anhelos en el corazón de millones de compatriotas. Dentro y fuera del país.