Hay
contiendas bélicas que duran y perduran más allá de lo imaginable. Por ejemplo,
la que se escenifica en el Oriente Medio, la cual data de tiempos inmemoriales. Otras, de carácter
legal, se extienden por décadas, sin que haya señal de llegar a un fin final.
La
que se libra en Sonora con motivo del uso y usufructo del agua, lleva años en
la etapa crucial: es de índole política y legal. La compleja controversia está
plagada de amparos, sentencias y aplazamientos hasta más no decir. A la fecha, sigue
su curso dando la impresión de un proceso en donde las partes tienen, todas, la
razón. Es decir, extrañamente, como si ninguna de ellas la tuviese.
Salió
Fernando Jiménez de la cárcel hará poco más de un mes y se entrevió un lampo de
luz. Entonces se dijo que el asunto del Acueducto Independencia, su operación,
el trasvase de agua hacia la capital del Estado, Hermosillo, y otros temas
colindantes, estaban en vías de inminente resolución.
Con
ocasión de la excarcelación de Mario Luna aumentaron los augurios en el
anterior sentido, adjudicando su liberación a la intervención de la flamante y eficaz
Gobernadora de la Entidad, Claudia Pavlovich Arellano, festinándose inclusive
el retorno de Tomás Rojo a la Entidad, como augurio y anticipación de la buena
voluntad de la Mandataria, así como del acato, por parte suya, a los Acuerdos
de Vicam. Entre éstos, figuraba el relativo a las denuncias por ilegalidad de
la precitada obra y por la arbitraria realización de la misma al margen de la
consulta a los involucrados.
Mario
Luna, el líder liberado, aseveró tan pronto traspuso el encierro que padeció injustificadamente
por más de un año, que la lucha por el agua no terminaba aún. Que las
condiciones políticas al ser otras a las que prevalecieron durante el despótico
mandato de Padrés Elias, propiciaban grandes esperanzas. Y el líder yaquí,
Tomás Rojo, dirigente en el exilio, sumaría su terminante juicio a la de su
congénere, asegurando que se retomaría la confrontación con arreglo a las
circunstancias que se han planteado a partir del 13 de este mes, con el ascenso
al poder de la nueva titular del Ejecutivo sonorense. Todo configura, así, el
despuntar de la nueva aurora.
En
tanto la guerra es la continuación de la política por otros medios, hacía notar
Karl von Clausewitz, aquí cabe afirmar que la lucha de la Tribu Yaqui,
fragorosa y desgastante lucha que aún continúa, toma nuevo rumbo y asume
derroteros perentorios. Adquiere el sentido de una controversia cuya resolución
toma inéditos cauces, para bien de los inconformes, dentro de un Estado
democrático de Derecho.
Ciertamente,
los pueblos indígenas no han estado solos en esta intensa y desigual batalla
por el agua. Tampoco han permanecido en el abandono los empobrecidos
ejidatarios y los pequeños productores frente al despojo y la voracidad de
políticos y empresarios convertidos en depredadores en propiedad ajena y
criminales con patente de Corzo.
El
Movimiento Ciudadano por el Agua, sus líderes y leales protectores de los
derechos que asisten a las miles de familias en desgracia han mantenido, en
todo momento, desde el inicio de los atropellos hasta las últimas horas, un
papel de encomiable entereza y gallardía. Han puesto ejemplo a seguir entre
aquellos que, sumados en pro de la controversia, hoy en día comienzan a
degustar, por anticipado, los buenos resultados de una guerra fratricida e incruenta,
de efectos impredecibles y, con todo, letales para los más indefensos entre los
indefensos.
Aún
se recuerdan las palabras de Adalberto Rosas López, adalid del Movimiento
Ciudadano por el Agua, con motivo de la liberación de Fernando Jiménez. Su
liberación, enfatizó entonces, fortalece la lucha por la cancelación del
Acueducto Independencia. “El Acueducto es la obra emblemática del Nuevo Sonora.
Es el rostro deforme que los sonorenses rechazamos en las elecciones pasadas”.
“Con
estos hechos, abundaría, se fortalece la lucha por el restablecimiento del
Estado de Derecho en Sonora y por la implementación de una política de gestión
de más agua con la desalación y el PLHINO”.
