No
hay la menor duda. La restauración del orden, la convivencia armónica y el
entendimiento ahí en donde haya deterioro, dan comienzo al hacer que
resplandezca, con luz propia, el respeto irrestricto a la legalidad.
La
garantía de seguridad dentro de la gama de los derechos individuales y sociales,
es el paso inicial hacia la realización del principio a fin de restablecer el
Estado democrático de Derecho.
La
impunidad, enemigo público a vencer en dicho proceso instaurador de un nuevo
estilo de vida, equivale a una especie de cáncer letal, cuyos perniciosos
efectos se advierten cuando el tratamiento, muchas veces, ya es demasiado
tarde. De ahí la importancia de prevenirlo y combatirlo, sin miramiento, en su
misma madriguera.
No
se da el combate y no se obtienen buenos resultados gratuitamente. El beneficio
de la seguridad personal o social no emana como algo milagroso. Tal supuesto o
creencia, ciertamente, no existe, como si las palabras de la ley produjeran el
suceso fortuito en forma expedita o automática.
Aquí,
al igual que en otras circunstancias parecidas, habría que reconocer que nada
ocurre, a secas, como por decreto. Cabe reconocer, sin embargo, que las
palabras de la ley tienen carácter de condición previa o fundamento de lo
posible o circunstancial.
Explicable,
entonces, es el tono de la polémica en torno a lo ocurrido en la demarcación
del municipio de Cajeme, motivada por el caso en el que un miembro de la
policía municipal fue aprehendido con un automóvil reportado en calidad de
robado, meses atrás.
No
sólo la persona afectada, es decir, quien fue víctima del hurto, sino la
sociedad misma y la máxima autoridad municipal, el alcalde Faustino Félix
Chávez, han externado su justa indignación y preocupación ante el hecho. En el
fondo, se cuestiona la incidencia como un suceso que va mucho más allá de lo
común, un contrasentido que parecería provocación y hasta desafío a la
investidura que tienen aquellos uniformados que, se supone, garantizarían
seguridad social en la medida que son custodios del orden establecido y de acato a la legalidad.
De
primera intención es comprensible la reacción del ofendido. Se entiende que el
enojo, aunado a la sorpresa, se convierta en cólera. Y lo mismo podría decirse
de una sociedad que se indigna y protesta frente al hecho del cual podría
derivar la propensión al descrédito y a la desconfianza, origen a la supuesta
contradicción.
¿La
seguridad pública, entonces, en manos de la delincuencia? ¿La paz social en
poder de quienes delinquen a ojos vistas? ¿La credibilidad en las instituciones
depositada al alcance de salteadores furtivos y provocadores con ropaje de aparente
respetabilidad?
Por
fortuna, el Presidente Municipal de Cajeme, Faustino Félix Serna, ha salido de
inmediato al frente con el fin de disipar las confusiones incubadas y con el
propósito de manifestar el criterio institucional que señala derroteros en casos
determinados como el que se comenta. Asimismo, precisa y establece, de una vez
por todas, los rumbos a seguir en lo que se refiere a la salvaguarda de la
garantía con arreglo a la cual se establece la sana convivencia, el compromiso
de legalidad y el respeto entre la autoridad y los ciudadanos.
Respetar
la ley y hacerla respetar es condición sin la cual la gobernabilidad sería
palabra vacua, sin sentido. En el caso de los cuerpos policiales que tienen el
deber de cuidar la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos, su misión no
principia ni acaba suscitando con su presencia temor y miedo. Perseguir a los
criminales es uno de los cometidos que les corresponde, pero en modo alguno
tienen consigo excusa para imbricarse o coludirse con los malhechores.
El
munícipe cajemense ha puesto énfasis al expresar que el más alto deber de la
Policía es respetar y hacer respetar la ley. Su responsabilidad consiste en ser,
todos y cada uno de sus integrantes, custodios insobornables de los Derechos
Humanos y escudos férreos de las garantías individuales y sociales.
