La
salud y el derecho inherente a su salvaguarda son prioritarios en el formato
del Estado de bienestar. Nos referimos a la salud en su más amplio concepto:
mental y corporal.
Se
oye a menudo que una sociedad sana, en dicho sentido, es aquella en la que sus
integrantes viven y conviven en condiciones idóneas de productividad cultural y
material. Son elevados sus índices de creatividad en ciencias y humanidades y,
en gran medida, autónomos en el abasto de satisfactores para beneficio propio.
Inclusive, generan excedentes que impulsan su presencia allende la
frontera.
En
contrapartida, una sociedad enferma, víctima de males endémicos y pandémicos,
es emisora de violencia, caos intergrupal; origen de pasiones que van de la
envidia al rencor y de éste a la venganza.
Los
sentimientos de cordialidad y colaboración serían propios de la primera, según
concluye Lawreence K. Frank en su ensayo “La sociedad como paciente”.
Viene
al correr de la máquina lo anterior, con motivo del proceso de renovación del
ideal de bienestar que invade todos los ámbitos del quehacer
político-administrativo en el Estado de Sonora, cuyos recientes, providenciales
inicios, dan motivo al optimismo y a la esperanza en rubros que no dan, no
deben dar, pausa al descanso; tampoco a la exasperación.
En
Cajeme, por fortuna, a una transición sin sobresaltos y sorpresas inefables se
aúna la alternancia en términos de transparencia y legalidad, sin ilícitos que
perseguir de oficio y sin pretextos para la exaltada publicidad y la conmoción
de las “buenas conciencias”.
El
capítulo de la salud pública, uno de los más vulnerables en el ámbito estatal
por lo que todo mundo sabe y muchos padecen en carne propia, está ampliamente
garantizado en cuanto a su planeación, evaluación y seguimiento; es decir, si
bien se presenta como tarea difícil no es de imposible resolución en los
subtemas de más pronta y expedita atención. Ciertamente, el desabasto de
medicamentos a todos afecta al igual que el bajo nivel profesional por parte de
no pocos facultativos adscritos a instituciones de sobra conocidas.
Antonio
Alvidrez Labrado, médico y abogado chihuahuense-sonorense, gentilicios de
origen y de corazón, hasta hace un par de semanas secretario del Ayuntamiento
de Cajeme, representa el factor humano, experto y confiable, para impulsar la
susodicha modernización, cuyos efectos bien podrían trascender a las diversas
regiones de la Entidad.
Bien
saben los cajemenses que en su municipio se lograron elevados niveles en
desarrollo social a pesar de las limitaciones con las que fue castigada la
administración de Rogelio Díaz Brown. Lo
saben, asimismo, los padres y madres de
familia y los jóvenes que van a sus centros de estudios o a los centros de
trabajo por calles y avenidas que más bien parecen trampas para no llegar a
tiempo. Lo saben los enemigos de la seguridad que se esconden en colonias mal
alumbradas, al igual que los comerciantes en sus locales desprotegidos.
Volviendo
al rubro sanitario, lo mejor puede esperarse de quien conociendo el valor de la
medicina preventiva sin duda hará de la planeación la guía para llevar adelante
las funciones normativas, bajo el primado de que la planeación, su proceso y
realización, no se delega; se supervisa ocularmente.
Alvidrez
Labrado, en su desempeño como la mano derecha del munícipe Díaz Brown, con reconocimientos nacionales y del
exterior, podrá ser co artífice de la política de bienestar en materia de
salud. En el ejercicio de sus atribuciones, tiene en su haber una lectura y una
bien aprovechada relectura por lo que se refiere al municipio en toda su
estructura orgánica.
Como
abogado, el Derecho a la Protección de la Salud está avalado “a priori”, lo
mismo el control sanitario y todo lo
concerniente a la medicina asistencial. ¡Buenos augurios!
