La
Suprema Corte de Justicia debe ser baluarte de la Carta Magna, su máximo
custodio. Nada ni nadie ha de estar por encima de su égida. Hans Kelsen la
definió así, al responder en su célebre ensayo a la candente pregunta: “¿Quién
debe ser el defensor de la Constitución?”
En
los hechos, en la indómita realidad no obstante algo agita las conciencias. ¿Acaso,
en el fondo, hay un ser omnipotente que determina de modo absoluto el destino de
la vida en sociedad’ Es decir, ¿nada sucede sin el soplo omnímodo de un todo
poderoso?¿Todo se mueve por su voluntad, incluyendo el interés y los propósitos
de todos, sin excepción alguna?
El
tema de la elección de ministros en el Supremo Tribunal está, ahora, en el
tapete de la virulenta polémica. Se agrava con la disputa acerca de la reciente
nominación de Eduardo Medina Mora somo integrante de la institución.
¿Es
el titular del Ejecutivo quien se arroga, por encima de la Constitución, la
facultad para nombrar, elegir con argucias y aun destituir a quienes tienen en
sus manos la capacidad de determinar lo que es justo o no, lo que es válido o
no? En suma, arreglar a su modo, premeditadamente, la calificación de referencia?
En este país, se
escuchó por décadas, la expresión en el sentido de que nada se movía, nada existía,
sin la voluntad del señor que está en Los Pinos.
Era,
con la expresión del viejo Aristóteles, una especie de motor inmóvil que mueve
sin ser movido. Por encima de las leyes, el Ejecutivo federal gobernaba como
soberano, con derechos y garantías al margen y por encima de cualquier taxativa
jurídica: más allá de todo control constitucional. Y en consecuencia bien le
iba la expresión del monarca francés: “El Estado soy yo”.
Proponer
candidatos para ocupar un sitial en el máximo foro responsable de hacer
justicia, de dictaminar entre lo lícito y lo ilícito, de reinstaurar el Estado
de Derecho ahí en donde hay deterioro o presunción de “vacío” de poder, no es
algo de poca monta. La norma constitucional señala límites y alcances de toda
conducta, a fin de proceder con arreglo a la legalidad establecida.
En
dicha acción se implica ni más ni menos, la prevalencia del pacto federal como
la coordinación de poderes y no la separación, mucho menos la división con el
propósito deliberado de que preponderase por medio de la fuerza uno por encima de otro.
Una
prueba para el régimen democrático es el que afronta la elección de los
dos ministros que ocuparán lugar desde
el cual impartirán justicia jurídica, imparcial, y expedita .Una prueba más, a
fin de superar la inquietante y obstinada duda acerca de si, en efecto, hemos
alcanzado el estatus de una nación de leyes y no de volubles temperamentos.
¿Predomina
aquí, paradójicamente, en la sede desde la cual se dirimen los valores de la
legalidad, la justicia con objetividad, opuestos y contrarios intereses tales
como los de ilicitud, subjetivismo, preferencia de personas, por encima de lo
que establece la ley y los principios que le son inherentes?
Viene
a mente, muy a propósito el pasaje bíblico invocado en la entrevista de José
Gordon con Amos Oz (Revista de la Universidad de México, agosto de 2015) en donde
Abraham interpela a Dios con motivo del destino que pesa sobre Sodoma, la
ciudad pecadora.
El
Patriarca, tras perder la controversia, de rodillas y balbuceando perdón ante
el Todopoderoso, sube la voz y dice: ¿Puede el Dios de toda la tierra no hacer
justicia? Esto quiere decir que tal vez tú seas Dios, el señor del universo,
pero no estás por encima de la ley. Podrás ser el legislador, pero aun así no
estás por encima de la ley. La ley está por encima de ti”.
