De
lesa humanidad es el crimen propiciado, solapado o bien encubierto con todos
los subterfugios habidos y por haber a causa de la contaminación del aire, de
la tierra y del agua. Produce enfermedades de la piel así como de los órganos
internos de las personas. Daña en forma irreversible el entorno ambiental de lo
cual no escapan fauna y vegetales.
En
Sonora, lo mismo en Chihuahua y otras partes de la República, el deterioro
ecológico está a la orden del día. Como el drama en Pasta de Conchos, ahí no
pasa nada, absolutamente nada para los inspectores de Profepa, Semarnat o Conagua.
Tampoco hay algo anormal para los técnicos y expertos de la secretaría de
Trabajo o para el personal de la secretaría de Salud.
El
Pacto Federal ahí cumple orondamente sus deberes: da el visto bueno, la tácita
aprobación a las empresas extranjeras o desnacionalizadoras, con el beneplácito
de los gobiernos locales. Mandatarios estatales, con lujo de cinismo, aplauden
hasta no más poder las ofertas de millonarias inversiones de compañías que han
sido expulsadas en otros países por la depredación: envenenan cuencas fluviales y
explotan bajo ningún control sanitario el subsuelo y la mano de obra de
lugareños.
Viejo
problema, la contaminación prolifera en Sonora, de Norte a Sur y de Oriente a
Poniente, invadiendo ríos y afluentes desde la Sierra que une a Chihuahua con Sonora
(Tesopaco por ejemplo) y desde Álamos, la añorada y romántica región productora de metales
preciosos durante la Colonia. Ni qué decir de la que fuera cuna de la
Revolución en 1906, Cananea, con los derrames de tóxicos, intencionados o no,
sobre los ríos de Bacanuchi y Sonora con los efectos conocidos de todos y
tolerados por autoridades locales y
federales.
En
el Valle del Yaqui, oasis del vasto semidesierto
del Noroeste, el plomo y el arsénico pululan en aguas destinadas como recurso
potable por los señores potentados, dueños de todo o casi de todo, incluyendo
garantías que podrían quitar la vida de
los indefensos y los marginados. Las comunidades indígenas, sobrevivientes del
despotismo y de la infamia por siglos,
son los actuales conejillos de Indias, sujetos al cruel experimento de ingerir agua
contaminada y seguir con hálito, teniendo además que soportar infecciones por
emanaciones tóxicas y por la esterilización
de sus campos de labranza.
Pero
nace o renace la esperanza. Se vislumbran cambios sustentables. No obstante, se
multiplican las demandas ciudadanas y aumenta los reclamos por una pronta
resolución de los problemas que se recrudecen
en torno a la actividad agropecuaria y gravitan sobre la integridad física y psicológica de la población.
El
Movimiento Ciudadano por el Agua, a través de Adalberto Rosas López, activista y
enhiesto defensor de los derechos indígenas, hace certera denuncia: otro
acueducto, tendido por manos irresponsables, el que va al puerto de Guaymas y
al centro turístico de San Carlos pasa por el subsuelo de la Tribu, y opera
como principal causante de la intoxicación de niños, ancianos, mujeres y
hombres de la acosada Tribu. Entre tanto, el Acueducto Independencia es el
acutal motivo de repudio colectivo y de justificable movilización social..
En
el Congreso local se pide la comparecencia de funcionarios y de investigadores
del Instituto Tecnológico de Sonora, de la UNISON y de la UNAM, con la
finalidad de contar con argumentos para emprender acciones de correctivas en
los inicios de la nueva administración, por cierto resuelta a enderezar
entuertos y devolver la paz y la
seguridad.
Hay
testimonios contrastables, por si hiciesen falta aún, de investigadores como
los de Rodrigo Gonzáles Enríquez (investigador del ITSON) que documentan
efectos letales a causa de la contaminación producida por los elevados
niveles de plomo y arsénico en el agua
que beben los indígenas yaquis.
