Javier
Gándara Magaña, ex presidente municipal de Hermosillo, Sonora es, con la venia del
Instituto Nacional Electoral (INE), candidato de la ilegalidad. El instituto
responsable de velar por el acato a la ley electoral en sus diferentes
determinaciones, acreditó la procedencia de la representación del aludido, con
lo cual sanciona y legitima su participación en la disputa por la gubernatura
de Sonora.
Dada
la multiplicidad de acusaciones, denuncias y presuntas ilicitudes atribuidas al
candidato del PAN, los ciudadanos sonorenses, incluyendo a la mayoría de sus
seguidores panistas, hubiesen esperado la sustitución, en tiempo y forma, del
aspirante a ocupar la titularidad del Ejecutivo en la Entidad. ¿Una razón? Evitar que al daño se añada la ofensa.
Pero en nuestro
país, por lo visto, todo pasa; todo puede llegar a ser.
Si
se respetara la Ley, dice Adalberto Rosas López, ex Presidente Municipal, a la
fecha activo dirigente del Movimiento Ciudadano por el Agua, en ese caso,
Gándara Magaña no sería candidato a gobernador del Estado. Más aún,
permanecería tras las rejas.
Ciertamente,
si se respetara el Estado de Derecho, entonces brillaría con luz propia el
principio de la constitucionalidad de la legislación y de la legalidad de su
ejecución. En tal caso, no habría estela de inseguridad en el México de hoy, el
que nos heredaron los Zedillo, los Fox y los Calderón. Tampoco estaríamos
sufriendo el latrocinio organizado de alcaldes corruptos, de mandatarios
locales enriquecidos de la noche a la mañana, de diputados y senadores
manipuladores al servicio de la corrupción de cuello blanco.
Si
se respetara la Ley, con palabras de Rosas López, México ya habría dejado de
ser ejemplo de complicidad entre políticos y empresarios “de nomine”, entre
juzgadores y tránsfugas de la normatividad, entre legisladores y delincuentes.
Si
se respetara la Ley en el sentido del líder cívico de Cajeme, no habría lugar
en las cárceles para quienes retienen los recursos bajo su administración,
durante sus encargos oficiales, y no utilizarían los dineros de la población en
provecho de sus negocios. Jamás osarían duplicar el pago de obras con el propósito
de ponerlos en sus bolsillos.
Si,
en fin, se respetara la legalidad en todos sus términos y en bien de los ramos
de la gestión pública, no cabría tener que vérselas con funcionarios que llegan
al colmo del cinismo al acaparar y comerciar con predios urbanos; además
cometer el peor de los daños que se pueda inferir: traficar con los bienes
municipales o estatales, amparándose en el fuero mal entendido y con objetivos
de enriquecimiento personal.
Pero
como no se acata la Ley, como no se le respeta en el sentido del deber ser,
entonces no tendríamos por qué espantarnos de que haya candidatos a puestos de
representatividad como el que en Sonora es motivo de ludibrio, objeto de sorna a
nivel nacional. Y hay quienes festinan acerca de que no habría por qué
ruborizarse si hubiese alguna oscura gestión para que Padrés Elías, actual
mandatario, fuese precandidato en el 2018 para ocupar Los Pinos.
Y en esas
circunstancias hasta Caro Quintero y “El Chapo” Guzmán figurarían en las
boletas de esos comicios del terror.
Las
elecciones que vienen están de por sí marcadas por los cruentos atentados.
Son comicios rodeados de barruntos de
tormenta y aún de amenazas de tornados y
tsunamis que, sin duda, no ocurrirán.
La
convocatoria en esta situación, en donde el SI condicional lleva a supuestos,
presupuestos e hipótesis inasibles, es ejercer el voto con la responsabilidad
ciudadana que requiere y exige la decisión personal e intransferible.
La
elección de no elegir, que también es una modalidad de elección, es la menos
aconsejable. Cierra compuertas a la democracia, a la opción de cambio por la
vía de la libertad responsable.
