De
Arequipa y Moquegua a la sierra del norte de Sonora, el envenenamiento
ambiental está en manos de las empresas mineras del Grupo México. Con voracidad
hurgan en las entrañas del subsuelo, explotan propiedades de los lugareños,
imponen condiciones infames de trabajo en los países que invaden con lujo de
inmunidad; dejan aterradora estela de enfermedad, pobreza y daños irremediables
en el entorno ecológico.
Pero
no sólo Perú y México son presa de este despiadado embate. En la propia España,
promotora de explotación en época de la Colonia, las empresas extranjeras
siembran desolación y males crónicos entre la población trabajadora, sin que
los líderes pro Derechos Humanos intervengan a fin de contrarrestar la temible
plaga contra la Humanidad.
“Cananea
es una ciudad inmersa en un polvo blanco corrosivo”, dice una nota informativa
del diario Excélsior. La Mina Buenaventura del Cobre es emisora de aquella estela
mortífera, trituradora no sólo de rocas y generadora de tolvaneras que hacen
remolinos de tierra envenenada, sino de hombres, mujeres y ancianos convertidos
en desechos humanos por obra y gracia de la voraz compañía.
Después
del criminal derrame de tóxicos sobre los ríos Sonora y Bacanuchi ocurrido el
año anterior, Minera Buenaventura ha endurecido su despotismo y crueldad,
mostrando que no sólo su nombre es un grotesco eufemismo sino el de Grupo
México en el que esconde, no se sabe bajo qué dioses de exterminio, su cínica
actividad desnacionalizadora y de rapiña por la riqueza de la Nación.
El
cierre del Hospital General “El Ronquillo” es uno más de los atropellos de la
empresa en contra de los trabajadores en la Minera. Amparada ésta por la
complacencia y lenidad de los autoridades de la Secretaría del Trabajo, de SEMARNAT
y PROFEPA, y protegida a causa de razones obvias por el
gobierno de la Entidad, a la estela letal que se expande sobre el cielo de la
región se suma la causa principal del asma, de las hemorragias nasales y de un
sinfín de alergias entre la población, una de las más laceradas por la ambición
y el desdén de las autoridades.
Ahí
la “Muerte tiene permiso”, para invocar el título del conmovedor relato del
ilustre cuentista sonorenses, don Edmundo Valadés. Tiene asimismo pasaporte la
explotación laboral, el lucro ilimitado de la agrupación de vivales en
complicidad con los gobiernos federal y estatal. Está más allá de las leyes
nacionales en términos de soberanía y de las concesiones en materia de
extracción de minerales, el multicitado Grupo México, cuya sola mención, por el
nombre, repugna al menos comprometido con los ideales de autodeterminación y
soberanía.
A
pesar de los densos velos de impunidad con los que se encubre la voracidad, la
deshumanizada explotación en las minas de todo el país, Cananea a la cabeza,
aún se considera plausible la incursión de empresas dedicadas al letal comercio,
sin impedimento alguno, de los bienes que atesora el territorio nacional.
Sin
controles específicos, sin una diáfana política de planeación y seguimiento de
la actividad de empresas extranjeras y consorcios desnacionalizados, México puede
volver hacia la época de la Colonia y regresar a los tiempos en que las
compañías beneficiarias de los hidrocarburos eran dueñas del caudal de la riqueza
que abunda en nuestro territorio.
En
Perú, hay vidas sacrificadas en aras de la defensa de su patrimonio por parte
de los obreros acosados por militares y cuerpos policiales que protegen a los invasores
por órdenes de la autoridad.
En
Cananea, la voracidad y el atropello a los trabajadores mineros tienen plena
libertad para hacer y dejar de hacer. Ahí lo mejor es peor y lo peor es mucho
mejor.
