Por
largo tiempo hemos esperado del Senado de la República una moción de reforma
tendente a convertir al Municipio en eficaz célula tutelar de nuestro Estado
democrático de Derecho.
Republicano,
federalista, revolucionario y democratizador a partir de 1874 hasta alcanzar en
la Carta Magna de 1917, su consagración como órgano eminentemente garante de la participación de los Estados en la
integración de la voluntad cívica, sitio que a la fecha ostenta, el Senado asume a la fecha sus funciones
reguladoras con el objeto de establecer condiciones de posibilidad en la práctica de sus atribuciones. En su
seno, se debate la iniciativa para redefinir el concepto con arreglo al cual despliega
el ejercicio de sus libertades, entre
otras para administrar sus bienes, su patrimonio institucional.
Miembro
distinguido, discreto y circunspecto, precedido de larga y bien calificada
trayectoria en la administración pública, como también en la misión de hacer leyes buenas y previsoras, el
senador chihuahuense Patricio Martínez García ha presentado al supremo foro
federalista el proyecto de Decreto con
el fin de reformar el artículo 115 constitucional, en cuya norma suprema toma
asiento el Pacto Federal, motor que alienta la soberanía y el régimen de
autonomía entre Estados y Municipios.
El
ex diputado federal, presidente municipal de Chihuahua capital y Gobernador de
su Estado, el ahora senador de la República, ha propuesta adicionar el inciso
b) del párrafo II del precitado artículo constitucional con el propósito de
impedir a las administraciones locales que enajenen los bienes inmuebles: terrenos,
construcciones, jardines, parques,
unidades deportivas y baldíos.
Bien
se sabe la situación de precariedad que priva en la mayoría de los 2 mil
quinientos municipios dispersos en el territorio nacional. Son comunes las
noticias sobre el estado de pobreza y marginación en dichas circunscripciones,
lo cual motiva a los alcaldes y a los órganos auxiliares de autoridad a poner
en manos de particulares, alienándolos,
pertenencias ciudadanas cuyo destino es para beneficio de la población
municipal.
Asimismo,
es consabido que más de un Ejecutivo Estatal ejerze castigos pecuniarios,
aplique sanciones de naturaleza partidista en contra de munícipes que no son de
su gremio y que, por añadidura, actúan como “torpedos marinos” mediante
denuncias y señalamientos, por lo demás fundados en Derecho. Y paladinamente retienen los recursos y
transferencias federales que, en rigor, corresponden a las autoridades
municipales. Lo hacen arbitrariamente, y de manera impune.
Víctimas
directas de estas incalificables acciones son los ciudadanos más necesitados
entre los necesitados. Y son reos indefensos, igualmente, los alcaldes en
desgracia, maniatados para ejercer en tiempo y forma los programas sociales que
acusan mayor apremio.
¿Y
qué hacer entonces? ¿De dónde echar mano para sufragar los gastos en materia de
seguridad, para el pago de servicios de alumbrado, dotación de agua para el uso
doméstico?
Tomar
el camino del endeudamiento, no es la mejor de las opciones habidas y por haber.
Dejar la carga de pagos por créditos las más de las veces onerosos, tampoco es
aconsejable.
¿Y
qué tal, entonces, la enajenación de bienes públicos, propiedad de la
municipalidad? ¿Qué decir de la venta subrepticia de predios fraccionables, por
caso, con apariencia de donaciones y sello altruista o filantrópico? He ahí,
una de tantas pruebas y tentaciones.
Lo
anterior indica que, llegada la hora de las reformas, este proyecto para
modificar el ejercicio libérrimo de administrar los bienes públicos, es motivo
de reconocimiento. Es como salir de una maraña que ha crecido subrepticiamente
en los jardines del federalismo, en medio de las plantas de la libertad. Y todo
ello, en nombre de la democracia.
