Luces y sombras se abaten sobre la
geografía política, económica y social del país. Más se habla, se escucha y se comenta sobre
lo segundo; lo sombrío invade todo lo extenso del norte, centro y sur de la
Nación. Las luces se dejan aparte como si fuese algo normal y cotidiano, sobre aquello que no es
indispensable mencionar, mucho menos ponderar con signo positivo.
Sobre Estados y Municipios habrá, no
obstante, mucho qué decir. Y decirlo en tono optimista, a fin de que el
pesimismo y la zozobra no hagan mella en el ánimo popular, evitando por
supuesto el conformismo y el desdén que suele, a menudo, hacer su parte
negativa cuando no demoledora.
En el Sur de Sonora, por ejemplo, el
Municipio de Cajeme ha tenido de todo. Para empezar el “affaire” Acueducto
Independencia tiende una especie de velo denso que no deja ver más allá de su contorno. O sea, arbitrariedad
y acoso, “violación” sistemática del Estado de Derecho y negligencia o
contubernio de los organismos responsables de resolver, en tiempo y forma, una
controversia constitucional convertida en fabulosa sarta de mentiras, engaños y
de espera que puede convertirse en pretexto para la violencia organizada. Dado
lo que se ventila día a día, los adversarios del régimen actual no perderían la
ocasión para llevar agua a su triturador molino.
Pero la municipalidad, por otra parte,
ha venido haciendo con resolución y constancia, apegadas siempre a la
normatividad establecida en el artículo 115 de la Constitución, lo que decenas
de ayuntamientos no han querido realizar teniendo recursos del estado y apoyos
financieros de la Federación. Estos, a título de premios ganados a pulso por la
sumisión y la obediencia.
El alcalde Rogelio Díaz Brown, en uso de
sus atribuciones, ha sido desde hace un par de años la palanca capaz de mover
voluntades en el centro financiero y político de la Federación con el propósito
de obtener los recursos que la administración panista del Estado le ha
restringido, aplazado y hasta recortado en el
capítulo presupuestal. A pesar de ello, el munícipe ha dado continuidad,
con ejemplar denuedo, al legado constructivo de sus antecesores.
Entera el alcalde a la ciudadanía del
resultado de sus gestiones con la finalidad de conseguir que los apoyos
concurran a su jurisdicción no sólo con oportunidad y expedición. Y da al
respecto la noticia de que en el presupuesto federal 2015, Cajeme se verá favorecido
con un importante incremento, mismo que será como la vara de Moisés en cuanto a
calmar la sed de obras públicas; por ejemplo, la pavimentación y culminar a tiempo el viejo sueño
comunitario: el Hospital General de Pueblo Yaqui.
Por su parte, el síndico municipal
Manuel Montaño Gutiérrez da la buena
nueva que viene a reafirmar la
credibilidad y la confianza en sus líderes gubernamentales por parte de los
cajemenses. El Municipio ostenta, así, el honor de presentarse, con plusvalía,
ante propios y extraños. Da el dato cuantitativo de que se eleva a 500 millones de pesos más el valor de
su patrimonio. Y refiere que la plusvalía está relacionada con la eficacia del programa
para la anexión de predios en situación irregular.
Cabe reconocer que al mismo tiempo de que
el Senado de la República promueve
reformas en la Carta Magna con el objeto de regular, en beneficio de los pobladores y en términos
de transparencia, en la administración de bienes muebles e inmuebles de los
municipios, hay casos ejemplares (citamos el caso de Cajeme) que expresan con
elocuencia que a la bondad de las
iniciativas puede sumarse la convicción
de que los caminos están empedrados de alentadoras experiencias imputables a
quienes ejercen la función de gobernar, con
arreglo a los principios de libertad, responsabilidad y soberanía.
