De
plácemes la Tribu Yaqui, el próximo viernes podría ser su arribo a la capital
del país con el fin de celebrar la magna concentración en la que habrá miembros
seguramente provenientes de etnias originarias de la Selva Lacandona y de la
Tarahumara, sin faltar mineros de Zacatecas y jornaleros de San Quintín.
Con
seguridad estarán acompañados en la Plaza del Zócalo metropolitano por líderes de los ocho pueblos indígenas de
Sonora; también por dirigentes de organizaciones cívicas como la que preside en
la cabecera del municipio de Cajeme, Ciudad Obregón, el dinámico dirigente del
Movimiento Ciudadano por el Agua, Adalberto Rosas López, en apoyo invariable a
los verticales luchadores por los derechos del agua, el aire, la tierra y la
dignidad de las etnias y de los productores.
Se
echará de menos la asistencia del diputado con licencia, Faustino Félix Chávez,
distinguido defensor de la Tribu, hoy en motivadora campaña para alcanzar la
alcaldía de Cajeme, una vez en su poder, desde la cual sin duda validará el
triunfo de los hoy indoblegables luchadores del Sur de Sonora.
En
otras ocasiones, formó parte visible de la caravana de los yaquis funcionarios
públicos de la talla de Rogelio Díaz Brown y Antonio Alvídrez Labrado,
Presidente y Secretario del Ayuntamiento de Cajeme, uniéndose codo con codo en
la más enconada batalla por obtener justicia jurídica, la cual parecía no tener
fin. En cambio, crecía la impresión de estar ante una desigual lucha en donde
campeaba la corrupción y la tergiversación orquestada en contra de los grupos
demandantes.
Hay
indicios que llevan a pensar que fue necesario que mediara el incidente del
avión para que el titular de CONAGUA, David Korenfeld, hiciera mutis y se pudiese
entrever una tenue luz al final del impenetrable túnel de la ilegalidad, de las
reiteradas violaciones al Estado de Derecho y de la inaplicabilidad de la ley,
imperando la impunidad sobre la validez y eficacia de las normas obligatorio.
Esta
vez, la multicitada “veda electoral” no fue óbice para que el Juzgado Octavo de
Distrito emitiera la resolución que, junto con las anteriores, pasará al expediente en el que podrá leerse y
releerse, interpretarse y comentarse, el zigzagueante proceso que tuvieron que
recorrer productores, ejidatarios y
yoremes integrantes de la indómita tribu de los yaquis.
El
anunciado debate por la gubernatura pondría en su lugar al sexenio de la
indignidad y de las ilicitudes en cadena. Lo precede la resolución
jurisdiccional aludida. Quizá deje, esperamos, duraderas y sabias enseñanzas.
El amparo reitera la ilegalidad del otorgamiento
de los títulos de concesión emitidos por CONAGUA; ordena a las autoridades
responsables que otorguen el derecho de audiencia a la Tribu Yaqui, y que se
acaten las formalidades esenciales del proceso. La consulta es una de éstas.
Punto
relevante en dicho amparo es el relativo a que se informe a la Tribu, en forma
y tiempo, acerca del procedimiento y sus consecuencias; ofrecer condiciones
para el desahogo de pruebas; hacer posible los alegatos a fin de exponer los
derechos reclamados.
No
hay plazo que no se cumpla. A la emisión de fallos, sentencias y amparos en
favor de los inconformes, se suma éste que conlleva visos de resoluciones en
firme, imperativas que, en caso de ser ejecutadas, bien pueden conducir a un
fin final, en donde la justicia, la equidad y la legalidad, resplandecieran con
luz propia.
Por
fin, el derecho asume las riendas en este magno y afrentoso suceso de
impunidad, ilegalidad y abuso del poder. La política, la ideología y los
intereses personales quedarían, de ese modo, sujetos a los dictados de la
normatividad jurídica. La victoria de la equidad haría posible el principio de
dar a cada quien lo suyo, pero conforme a Derecho.
