Bienvenido lector:

Federico Osorio Altúzar ha sido profesor de Filosofía en la UNAM y en la ENP (1964-1996) y Editor de la Gaceta de la ENP desde 2004.
Durante 15 años fue editorialista y articulista en el periódico NOVEDADES.
Es maestro en Filosofía. Tiene cursos de Inglés, Francés, Griego y Alemán.
Ha publicado en Novedades, el Heraldo de Chihuahua, El Sol de Cuervanaca, el Sol de Cuautla, Tribuna de Tlalpan, Tribuna del Yaqui, Despertar de Oaxaca y actualmente colabora en la versión en Línea de la Organización Editorial Mexicana (OEM).







viernes, 1 de mayo de 2015

MARCELO EBRARD Y LA REVOCACIÓN DE CANDIDATURAS

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Marcelo Ebrard ha sido llevado ante la justicia electoral y acordada la revocación de su candidatura a diputado federal por el partido Movimiento Ciudadano.
La infracción por la cual se le penaliza es por haberse registrado en las planillas de dos partidos, acción que el organismo electoral pondera como condición de la sanción que se le imputa.
El ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, por su parte, anuncia que impugnará la decisión que lo coloca como responsable de un delito que, a su juicio, no cometió, presunción que tratará de hacer válida.
En Sonora, la situación jurídica que rodea la candidatura del representante del PAN para competir en los comicios de junio venidero adquiere cada vez mayor perplejidad en cuanto a procedencia, de acuerdo con las imputaciones de corrupción administrativa  y contubernio con el titular del Poder Ejecutivo en la Entidad.
Arrecian las denuncias contra Javier Gándara, el candidato indiciado a medida que se adicionan, como en una interminable cadena, los cargos contra Guillermo Padrés Elías, el aún titular del gobierno en aquella jurisdicción.
El delito de superchería, suplantación o en su caso de engañifa no se considera, electoralmente hablando, menor que el de suplantar, en beneficio propio, los deberes o responsabilidades, medrando de paso con los privilegios inherentes a la investidura oficial.
Pesa sobre Ebrard, ex titular del gobierno del D.F., el señalamiento de arrogarse una doble identidad, implicando en su personalidad una y la misma ideología de izquierda en dos organizaciones partidistas, cometiendo con ello la infracción que se le imputa y exponiendo su candidatura, en forma ingenua, a la pena de la inhabilitación por parte del órgano electoral.
En cuanto a Javier Gándara, ex presidente municipal de Hermosillo, es objeto de penalidad por encubrimiento fiscal. En otras palabras, se le acusa por haber reducido el monto en el pago de impuestos a la Federación, valiéndose al efecto de la protección del gobernador Padrés Elías y por simular paladinamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Hacienda ahora ya no la de la época de Vicente Fox cuando  solapaba delitos como los cometidos por la familia Sahagún
Los dueños de 41 empresas habrían dejado de pagar tres cuartos del millón de pesos al fisco, fraude solapado por el jefe del Ejecutivo estatal y el ex alcalde hermosillense.
No se  lleva a término el proceso administrativo con implicaciones penales en el que se vinculan a las persones mencionadas. La ciudadanía se pregunta: ¿Y hasta cuándo? Es decir, si lo de la candidatura de Gándara tiene que ver con la traída y llevada “veda electoral” que sirve para todo y es como la “cama de Procusto” propia a fin de hacerla a la medida de las circunstancias. O bien, si se trata de un truco o trampa electorera para “dejar hacer, dejar pasar” y allanar el camino con el fin de que prosiga el PAN en el poder, sin importar que la impunidad haga de las suyas. Nadie lo sabe.
En Sonora, ocurre lo nunca visto. Desacato es uno de los términos más socorridos en el vocabulario de informadores y comentaristas mediáticos. Desacato a la voluntad ciudadana en el caso del Acueducto Independencia, desacato a las opiniones de expertos en ciencias y tecnologías acerca de los efectos de la contaminación por parte del Grupo México con motivo del derrame criminal de tóxicos; desacato del gobierno estatal a la máxima autoridad jurisdiccional. la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En la sede del organismo electoral hay silencio y complicidad de los consejeros en este asunto que bien podría contaminar el clima electoral y poselectoral hasta llegar al extremo de nulificar elecciones como parecería ser en el caso de Guerrero en donde la violencia sienta sus reales ante la impasividad y estudiada tolerancia del gobierno federal.