No
sólo el Grupo México de Germán Larrea está en la mira de los tribunales internacionales, por delitos de lesa
Humanidad. No obstante, es la empresa número uno acusada de envenenar el
entorno ambiental, afectando el aire,
los ríos aledaños y el subsuelo.
En
la República de Perú, al sureste de la capital, afectados por la extracción de metales
se quejan de la pérdida fatal de algunos de sus seres queridos; denuncian enfermedades crónicas y sufren de letal empobrecimiento.
De ahí, que trabajadores y pobladores resuelven hacerse justicia por mano
propia frenando el proyecto auspiciado por Grupo México, por cierto a punto de
llevarse a cabo, ante la amenaza de que este consorcio prosiga la explotación
irracional que suele acostumbrar, con la complicidad y pasividad, ahora, del
gobierno de Ollanta Humala.
En
España, trabajadores organizados que laboran en la mina de Aznalcóllar
protestan en contra de la injerencia del
Grupo México en la explotación del codiciado metal. Aducen como argumento lo
ocurrido en el norte del Estado de Sonora, hecho inadmisible por su carácter de
eficaz depredador ambiental y por los efectos
lesivos causados en las comunidades ribereñas de los ríos Sonora y
Bacanuchi. Arguyen, con toda razón, que no quieren ser víctimas, como ahí
sucede, con el “desastre ambiental más grave”, ocurrido en este país.
En
México, ciertamente, ocurren hechos deplorables tal y como si viviésemos en la
Colonia. De Tesopaco salen diariamente toneladas de mineral al igual que oro de
Álamos hacia España, dejando a cambio carreteras intransitables, campos
agrícolas en víspera de ser eriales improductivos y crecimiento económico de
relumbrón, todo en codependencia con el auge depredador.
En
la Minera de Cananea lo mismo que en Pasta de Conchos, Grupo México repite la
crónica de ignominia con patente de inmunidad que los gobiernos de la República
le han ofertado, de Salinas de Gortari a Calderón, pasando por Zedillo y el
presidente lúdico Vicente Fox. En suma, más del cincuenta por ciento del
subsuelo patrio les fue arrendado en concesiones, diríase al margen de cláusulas
obligatorias de control.
Pasea
como trofeo de exterminio humano, el criminal deterioro ambiental y pauperación,
lo ocurrido en agosto pasado a causa del derrame de tóxicos. Y como testimonio de impunidad, están los crímenes
tolerados en complicidad con agencias extranjeras, evidentemente en complicidad
con organismos nativos encargados de tutelar el bienestar y la dignidad ciudadana.
Es
ya un referente el despojo de tierras ejidales, el maltrato a trabajadores
mineros y jornaleros sin que nada ni nadie ejerza protección alguna ante los
poderosos y omnipotentes. Más aún, sin que organización sindical alguna haga
algo por mejorar la suerte de los explotados como en el caso de los parias de
San Quintín.
Mientras
eso ocurre, en otra entidad norteña, en la que fuera cuna de ideales
revolucionarios como los de Tierra y Libertad, se anuncia la ampliación y la
instalación de proyectos mineros, habida cuenta que Chihuahua ha sido uno de
los Estados productores de minerales más
importantes de México; sin olvidar los placeres de Santa Bárbara y Parral.
Los
proyectos anunciados tendrían ubicación en Camargo, Aldama y Guadalupe y Calvo;
aportarían empleos directos, crecimiento socioeconómico, desarrollo y estabilidad
social, dado que en el reciente pasado la minería obtuvo inversiones por más de
3 mil millones de dólares y derrama económica por 27 mil millones de pesos.
Los
contrastes, así, están a la vista. Por un lado, se aplaude el avance de la
Minería con lujo de beneficios en el futuro: Por otro, se invoca la urgencia a
fin de que el Estado lleve a cabo la reforma constitucional que, como en 1938,
contuvo la actividad de agencias depredadoras del subsuelo mexicano.
