Poco
antes los rarámuris, ahora los triquis. Ambas comunidades han sido últimamente víctimas
de la apatía oficial de los gobiernos local y federal en la península
bajacaliforniana. Lo más triste y doloroso aún es el hecho de que las organizaciones protectoras de los
indígenas no se hacen oír y mucho menos atender por las instancias responsables.
Éstas hacen caso omiso a pesar de los cruentos
sucesos en que hay versiones de muertos y constancias de heridos graves
y lesionados. Hay relatos de trabajadores en letal y total desamparo, junto con
sus familas.
Tratados
como apátridas, lacerados por ostentosos hacendados y latifundistas, los jornaleros aborígenes descendientes de
quienes fueron los legítimos dueños del territorio cuyos actuales poseedores
hacen uso y obtienen usufructo con lujo de expoliadores sin escrúpulos, ahora son objeto de
discriminación sistemática dentro y fuera del país. La indefensión los hace
víctimas irredentos.
Las
crónicas periodísticas dejan pocas dudas sobre la acción exterminadora de seres
humanos, tolerada e incluso perpetrada por cuerpos policiales al servicio de
quienes detentan capitales y riquezas a expensas de la explotación organizada y
propiciada por las autoridades en connivencia con las autoridades de la
Federación. Es el caso de la conducta punible de la Secretaria de Gobernación,
específicamente la del mal llamado servidor público, Luis Enrique Miranda,
corresponsable junto con el titular, de esta y otras acciones vituperables.
Dejados
en el vil abandono por sus gobiernos locales los rarárumis de Chihuahua y los
triquis de Oaxaca, es decir, por sus irresponsables mandatarios, todo hace
indicar que se trata de convertir y pervertir la justicia jurídica dejándola en
mano propia a fin de que sea un camino, el camino, para alentar conflictos,
suscitar masacres, provocar enfrentamientos con el propósito de revertir la
justicia jurídica. Y dar, así, cauce expedito y autorizado a la represión y la barbarie.
Pero
cunde el cinismo sobre nuestras conciencias cuando ocurre lo siguiente: nos
causa asombro y terror la noticia sobre la desgracia de los migrantes
norafricanos que perecen por decenas en aguas del Mediterráneo antes de
alcanzar las costas europeas. Mientras tanto da la impresión de que nada sucede, de que
todo es normal y que en nada nos afecta la
tragedia recurrente de connacionales, de
ciudadanos den situación de extrrema marginación y cruel indefensión.
El
drama dado a conocer el sábado anterior en el que decenas de miembros de la
comunidad triqui son víctima de atropello policiaco, es mucho más que un
incidente intrascendente. El cuadro de atropellos en el humilde asentamiento de
los jornaleros es elocuente del abuso policial, de la cínica soberbia por parte
de ricos productores y de la situación inerme de los trabajadores y sus
familias.
Ante
esos hechos de violencia por parte de los que todo lo tienen, incluyendo la
protección oficial, no queda sino subrayar los asomos de defensa mancomunada,
del uso de la protesta organizada como la anunciada por el EZLN y de organizaciones
similares. El derecho a la protesta civil pasa de la inconformidad a la
desobediencia organizada, con todos los riesgos reales y latentes de orden
social.
La
metáfora del pájaro tirando a la escopeta deja su carácter de invención y
adquiere el significado de la búsqueda de medios que no encuadran en los de una
sociedad regulada y fundada en la legalidad.
Ejemplar, así,
ha sido y es la lucha de la Tribu Yaqui ante la adversidad organizada desde el
poder político en Sonora. Ejemplar es la participación civil, ciudadana de las
agrupaciones de ejidatarios, productores y miembros de la sociedad en la
defensa de los derechos de la Etnia.
