Por Federico Osorio Altúzar
Hubo disenso en el Senado acerca de la terna enviada por el jefe del Ejecutivo para elegir sucesor del ministro finado José de Jesús Gudiño Pelayo y consenso, por otra parte, tocante a la candidatura del ministro Juan N. Silva Meza, solitario aspirante a fin de presidir el Supremo Tribunal a partir del entrante mes de enero. Desacuerdo en lo primero; unanimidad en lo segundo.
Cercano y calificado contendiente fue el ministro José Ramón Cossío considerado circunspecto jurisconsulto, quien de manera pública expresó, en tiempo y forma, las razones que le llevaron a declinar para la relevante encomienda. En la persona de Silva Meza, a su vez, concurren rasgos y virtudes éticas y profesionales que lo describen como paladín de aquellas garantías que trascienden al ámbito de las garantías sociales.
Observadores del tema en cuestión suelen colocarse gafas para sopesar tendencias, proclividades y preferencias de orden ideológico y doctrinario, relacionadas con aspirantes a coordinar la actividad del órgano colegiado. De ese modo, en los eventuales presidentes de la SCJN ven, ora líderes del ala conservadora, ora dirigentes del ala liberal, esgrimiendo en todo caso argumentos que justificarían la inclinación y el influjo en la apología de los derechos individuales o bien la toma de partido para la custodia de los derechos sociales.
Se tira lejos del blanco si el criterio para discernir este asunto fuera así de simplista, sin que se tomara en cuenta que la Suprema Corte es el escudo defensor de la Constitución, su coraza y valladar frente a cualquier voluntarismo. Y no tendría por qué ser organismo, o bien órgano político a expensas del temperamento o visión subjetiva del gobernante en turno. Con todo y el dicho de un encumbrado rector del Supremo Tribunal quien solía advertir que, en este país, nada se mueve sin la decisión del Presidente.
Su carácter neutral, imparcial y objetivo, le restringe a sus integrantes el actuar con arreglo a intereses subjetivos, ora de tinte conservador ora de tinte progresista, pues en ese caso estaría siendo intérprete de una Constitución de derecha o hermeneuta en el otro extremo de un orden normativo supremo de tipo revolucionario, lo cual resultaría paradójico o francamente sin sentido.
Ni duda cabe que entre los asuntos más acuciantes está el de la violencia. Y, paralelamente, está el de la justicia, faro resplandeciente para establecer la paz social o insoslayable “cabo de las tormentas”, problema de la garantía jurisdiccional de la Constitución.
Así, resulta explicable la acentuada curiosidad y el desacostumbrado interés público que motiva la elección de Presidente de la Suprema Corte. En el caso, hay expectativas a fin de conocer la trayectoria, experiencia y solvencia intelectual del ministro Juan N. Silva Meza, quien hace dos décadas asumió el cargo de Magistrado (2 de diciembre de 1988, Segundo Tribunal Unitario, Primer Circuito, del Distrito Federal)
En el Directorio Biográfico del Poder Judicial de la Federación (SCJN, 1993) puede leerse en la página 214, lo siguiente: Nació el 13 de septiembre de 1944 en México, D. F. Estudios: Facultad de Derecho, UNAM; examen profesional con la tesis “El artículo 333 del Código Penal”. Carrera judicial: juez Octavo de Distrito en Materia Penal, DF; secretario de Estudio y Cuenta, Primera Sala, SCJN; secretario en el Tribunal Colegiado del Primer Circuito. Docencia: profesor de Nociones de Derecho Positivo Mexicano (Escuela Nacional Preparatoria, UNAM); catedrático de Derecho Penal y Derecho Mercantil y Bancario. En la División de Estudios de Posgrado, Derecho Penal Fiscal y Delitos Fiscales (Facultad de Derecho, UNAM); maestro de la asignatura Delitos Fiscales, Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE).
