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Federico Osorio Altúzar ha sido profesor de Filosofía en la UNAM y en la ENP (1964-1996) y Editor de la Gaceta de la ENP desde 2004.
Durante 15 años fue editorialista y articulista en el periódico NOVEDADES.
Es maestro en Filosofía. Tiene cursos de Inglés, Francés, Griego y Alemán.
Ha publicado en Novedades, el Heraldo de Chihuahua, El Sol de Cuervanaca, el Sol de Cuautla, Tribuna de Tlalpan, Tribuna del Yaqui, Despertar de Oaxaca y actualmente colabora en la versión en Línea de la Organización Editorial Mexicana (OEM).







miércoles, 15 de diciembre de 2010

FRENTE A LA VIOLENCIA ORGANIZADA, LAS INSTITUCIONES DE CONTROL




Por Federico Osorio Altúzar
México, el gobierno de México, declara el vocero de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) no tiene nada que festejar en materia de los Derechos Humanos, a propósito del día internacional conmemorado el pasado 10 de este mes en diversas regiones del planeta. Habría que añadir que tampoco puede levantar la voz con franqueza y veracidad tocante al tema del llamado cambio climático en virtud de que, en nombre de la modernidad, se avasallan derechos de propiedad y se conculcan garantías individuales y sociales de las etnias  en las zonas perdidas de la sierra y la montañas, sobre los que otra vez pende la espada de Democles.
La violencia de Estado se impone como logística para erigir sobre la humillada población las bases modernas del autoritarismo, vía la militarización creciente y el consiguiente atropello de las garantías de libertad de expresión, de tránsito, de seguridad y de propiedad. Los bosques, el subsuelo, el agua, las tierras de labranza vuelven a ser, como en la Colonia y el Porfirismo, objeto de codicia por parte de émulos de hacendados y herederos de bienes malhabidos y acopiados al amparo del robo y el despojo.
Pero si al respecto no hay mucho o nada que festejar en lo que va de este siglo, sí hay mucho qué hacer, y más de lo imaginable, con la premura y  la atingencia que los tiempos aconsejan, para contener a los aprendices de tiranos y de autócratas, su desbocado voluntarismo, antes de que impongan, sobre los escombros de la tímida democracia en México, el Estado autoritario frente a frente del cual se hizo la Revolución Mexicana hace cien años.
Desde el seno de uno de los estados más afectados  por la violencia criminal y en donde se enseñorea, por cierto, uno de los experimentos políticos menos publicitado a nivel nacional, pero con el mayor consenso favorable de los ciudadanos, en Guerrero, la voz del mandatario estatal Zeferino Torreblanca se hace oír llamando a la concordia en horas inciertas en que asoma la confrontación política y partidarista, para hacer ver la inconveniencia de atizar violencia sobre violencia. Esto es lo que menos conviene a Guerrero, advierte. Añadiríamos: es lo menos que  conviene a los mexicanos en  vísperas de la sucesión presidencial. Como hace un siglo.
 Allá mismo, en Chilpancingo, ciudad capital, sede de los poderes estatales, desde la cual se libra actualmente una tenaz y declarada guerra contra los restos del autoritarismo y el caciquismo decadente, la proclama por la validez y eficacia de los Derechos Humanos cobra inusitada vigencia y prioridad, dando a las instituciones de control la prevalencia que le es propia como valladar a cualquier asomo de intemperancia y haciendo las precisiones y correcciones, en su caso, para que los órganos responsables actúen, en tiempo y forma, con impecable autonomía y solvencia en bien de la sociedad.
Con la representación del Ejecutivo, Israel Soberanis Nogueda, secretario general de gobierno, funcionario experimentado en tareas al servicio de su entidad: presidente municipal de Acapulco, rector de la Universidad Americana, diputado federal y senador de la República, acaba de expresar en el Tribunal de lo Contencioso un mensaje, con trasfondo eminentemente humano, asegurando que en medio del disturbio y la anarquía la paz por medio del Derecho es y será la impronta que “selle los destinos del mandato constitucional en turno”, pues en el gobierno de Torreblanca la garantía de audiencia es fundamental. Precisa a su vez que la inconformidad y la controversia son recursos en manos de la sociedad  y formas para hacerse oír ante una administración pública que asegura ser moderna, participativa y democrática. No hay duda: es oportuna y lúcida esta declaración a la luz del Día Internacional de los Derechos Humanos.