Por Federico Osorio Altúzar
La sed de justicia cunde en todos los ámbitos del territorio nacional. Chihuahua y Durango aparecen en los primeros sitios de violencia criminal en la propaganda mediática nacional e internacional. Gana la batalla la impunidad y se impone el castigo por mano propia, mientras la investigación del delito y la individualización de las normas penales están a las resultas del crimen organizado.
César Duarte asumirá la titularidad del Ejecutivo en medio del optimismo de una población acosada por la delincuencia, como nunca antes en la historia del Estado. Entrará a Palacio de Gobierno rodeado de grandes esperanzas, resuelto a encarar la más difícil y plausible de todas las batallas políticas habidas y por haber: la batalla por la restitución de la legalidad.
Es hombre de leyes en el amplio sentido del término y sabe que el mejor, políticamente hablando, no es el que está nimbado con timbres de ufanía por las campaña publicitarias, sino el que conoce a fondo el oficio de legislar y hace honor a los compromisos, cumpliéndolos el pie de la letra y según el espíritu que los inspira.
En el municipio de Ascensión se encendieron luces rojas que anuncian males peores, si la nueva administración no hace valer el imperio de la ley con vigor y ejemplaridad. Como en Tomóchic y Santo Tomás, hace más de un siglo, la población se levanta en vilo para gritar su inconformidad y sed de justicia jurídica. Allá, el motivo de la rebelión fue la intolerancia; aquí la impunidad y la corrupción las razones del encono popular.
Se dirá que el drama del linchamiento en Ascensión es un hecho aislado y hasta deleznable en el idioma de la inepcia burocrática. Todo comienzo tiene el carácter de lo individual y de lo aparentemente transitorio. Pero una chispa es el inicio, a menudo, del incendio y hasta de la gran conflagración. Una larga cadena se hace de numerosos goznes. Y lo ocurrido en Ascensión es síntoma de una enfermedad silenciosa que corroe el Estado de Derecho, haciendo imposible determinar dónde comienza la eficacia de la anarquía y dónde la de la procuración y la “aplicación” de las sentencias.
Difícilmente podrá contenerse la ira de una comunidad, de cualquier comunidad, cuando los responsables de atender las quejas y las denuncias son los pararrayos del crimen organizado, como en el caso del ministerio público estatal en Ascensión, con antecedentes delincuenciales, y quién con su conducta reprochable hizo derramar el vaso de la ira popular acumulada. Hay, por lo demás, alevosía por motivo de la pasividad y el contubernio de las autoridades superiores en el ramo correspondiente.
Imposible es, así, el triunfo de las leyes contra la corrupción que engendra impunidad cuando el virus letal anida en los mismos cuerpos encargados de perseguir, investigar y establecer las pruebas. Si la lenidad y la inepcia prosperan desde dentro, obstruyen y hacen nula la administración de justicia.
El gobernador electo, César Duarte, tendrá que ser más, mucho más, que un mandatario emergente para apaciguar la cólera de la población chihuahuense y para actuar como un apagafuegos frente a la hoguera crispante de la impunidad. De Chihuahua, dijo un ilustre político de la entidad, vino la Revolución. Temóchic y Santo Tomás, en las páginas de Heriberto Frías y de Fernando Jordán, así lo atestiguan.
Los valerosos habitantes de Ascensión, en este 2010, ingresan a las páginas del Centenario de la Revolución de 1910 como un doloroso y dramático esfuerzo a fin de mostrar y demostrar que la autodefensa y la justicia a mano propia, ante la derrota de la legalidad y la ingobernabilidad, representan una ominosa y oportuna advertencia. Es una luz preventiva que no se puede desdeñar a riesgo de que despierte el gigante de su largo sueño.
