Por Federico Osorio Altúzar
Son frías las estadísticas, pero resultan gélidas cuando el recuento es de vidas humanas. Más aún cuando a la masacre se suma el alto costo social y moral, irrecuperable al final de todo.
Treinta mil víctimas mortales, aparte otro tanto o más de mujeres y hombres desaparecidos entre ancianos, niños y jóvenes; una economía pública en bancarrota; la educación popular (básica, propedéutica y superior) en casi total bancarrota. En suma, la nación en riesgo inminente de estallar en añicos.
Sombrío es el panorama que se cierne sobre nuestro desdichado país. Es decir, sobre todos nosotros, al margen del grupo sociocultural al que pertenezcamos. La gente incrustada en el poder (político o económico) es, hasta ahora, la menos vulnerable; la menos afectada. Aunque es la más horrorizada por el resultado de esta guerra no declarada, a la que se nos convocó cuando todo estaba en llamas y en cierto modo bajo la bota del vencedor: el crimen organizado.
Guerra fallida es la que se extiende hacia todos los rincones del país. Guerra fallida a costas de las clases más oprimidas, guerra fallida depredadora de humanos y de instituciones, guerra fallida que ha convertido los derechos esenciales y todas las garantías habidas y por haber en objeto suntuario y no en motivo de tutela y salvaguarda por los representantes de los órganos establecidos en el supremo ordenamiento jurídico de la nación.
Son válidas, pero no eficaces las normas de observancia obligatoria. Es decir, son normas únicamente en apariencia. El orden jurídico o sistema de normas está formado de frases, palabras y oraciones gramaticales. De buenas intenciones y cuando más de enunciados, pero no las reviste, no las identifica y define la imputación como su contendido propio, su carácter inmanente.
Nunca como ahora se pone de relieve, de manifiesto, aquella de que las normas se hacen para “violarlas”. Las viola, impunemente, el poderoso, el anarquista con fuero, el criminal con medios para agredir y evadir el castigo. Violar la ley es el deporte nacional de moda.
Nos aproximamos de manera temeraria, imprudente, al filo de la barranca, donde todo cae por su propio peso y de cuya profundidad no hay poder capaz de rescatar, menos de salvar. Los malos ejemplos cunden por todas partes. En un país en el que predomina el pleno desempleo, la oferta laboral desde las sombras del crimen organizado hace de las suyas. Recluta voluntarios y por medio de la fuerza hace mercenarios a indefensos adolescentes y jóvenes en condición de penuria.
Ha ganado la delantera el crimen organizado a los organizadores del Bicentenario y del Centenario: de la Independencia y la Revolución. Somos el país con mayor índice de sumisión y dependencia política en el orbe latinoamericano. Somos la nación menos revolucionaria en los campos del bienestar. Llevamos el campeonato de atropellos y vejaciones en el área laboral. Los mineros y los electricistas no son las únicas víctimas de esta guerra no declarada.
Hace un siglo, por estos días, en los prolegómenos de la Revolución armada, se fundaba la Universidad Nacional. Hoy la bandera de la autonomía, la enseñanza laica, progresista y popular está amenazada dentro y fuera de los recintos escolares públicos. Hace doscientos años, Vicente Guerrero, el estadista de la primera y más visionaria liberación nacional, en las alturas del Sur, declaraba “La Patria es primero”. Hoy, en cambio, el grito de la clase política en el poder es en el sentido de Stirner. “Yo, el mundo propiedad.”
Mientras tanto, el ¡“Viva México”! vibra como una de las más grandes esperanzas y como el más caro de los anhelos en el corazón de millones de compatriotas. Dentro y fuera del país.
