Por Federico Osorio Altúzar
Toda la fuerza del poder y la de todos los poderes públicos contra el flagelo del crimen organizado en Chihuahua y en todo el país. Si bien era previsible que se adelantara el Estado grande, el denominado Estado fuerte, a fin de modificar le ley penal en los términos dictaminados por el Congreso local, la preocupación ahora es si en el resto de la República ocurrirá lo mismo. La emergencia es nacional, lo mismo que la ineficacia punitiva.
Como insectos atemorizados buscarán refugio, sin duda, los “malandros” de toda laya. El paso dado ni Dios, con todo respeto, lo quita. Es el primero, dice Marco A. Quezada, presidente municipal de Chihuahua, “para recuperar la paz social”, una paz productiva, promotora de empleo y bienestar venida a menos en un abrir y cerrar de ojos.
Lo importante es no dejar vacíos legales que faciliten la libre actuación de los delincuentes, asevera el munícipe chihuahuense, quien por cierto inicia bajo óptimos augurios políticos su mandato con el anuncio del libramiento carretero en la demarcación capitalina, obra pública largamente esperada en aras de la fluidez del transporte foráneo y el orden urbano. Con Marco Adán Quezada, suman su voluntad en la búsqueda de condiciones para restaurar la paz perdida y procurar el objetivo de que resplandezca la justicia penal jurídica, los más de sesenta alcaldes de la entidad.
César Duarte ha lanzado inequívoco ultimátum a los asaltantes y sicarios, a los suplantadores de personas indefensas, a los tránsfugas de la justicia, para que devuelvan a las personas secuestradas y den la cara los infractores de la ley. A tres semanas de haber asumido su elevada representación popular demuestra su disposición de enfrentar, de una vez por todas, sin titubeos ni concesiones de ninguna clase, el miura de la criminalidad con la nueva normatividad en materia penal empuñada con rigor y con la adhesión de la sociedad y el consenso de los poderes públicos. Truena contra la impunidad y la provocación, los abusos y el inefable contubernio entre servidores públicos y forajidos. Ha llegado, da a entender, la hora no sólo de remediar sino de aplicar cirugía mayor en el falleciente organismo.
Pero Duarte Jáquez al igual que los alcaldes, los funcionarios de su gabinete y los integrantes de los poderes estatales requiere de la adhesión y el respaldo de la sociedad en conjunto, sin diferencia de partidos e ideologías, para levar anclas y hacer la difícil e inclusive temeraria travesía. El mejor y acaso único blindaje eficaz con el que puede contar en estas horas difíciles, es el que pueden forjar en torno suyo, los ciudadanos y los medios de comunicación, haciendo causa común, cívica, participativa y responsable, en la defensa y la autodefensa legítima de la integridad de las personas humanas.
Novedoso capítulo inauguran el Ejecutivo y el legislativo en Chihuahua, aunque ahora apremia la concurrencia, en el esquema del federalismo, del Poder Judicial del Estado. La validez, ni la duda cabe, requiere de la eficacia; por cierto, mucho más que un mínimo de eficacia.
En los inicios de su administración pone César Duarte el acento de la legalidad en donde debe ir. Se hace oír con la debida franqueza y claridad, hasta los últimos rincones de la abatida demarcación chihuahuense, tratando de persuadir a sus coterráneos que la justicia por mano propia no es justicia. Es, en todo caso, venganza. Jurista fogueado en los más altos foros en donde se debate la legalidad y la constitucionalidad del mundo normativo, sus enunciados dan confianza y seguridad acerca de que el castigar con impunidad es un agravio aún mayor, pues al daño sin reparar se añade, de ese modo, la execrable ofensa.
