Por: Federico Osorio Altúzar
En vísperas del centenario de la Revolución, la violencia organizada surge a gran escala, esta vez impetuosa y ciega, haciendo presa del estallido al país entero y como principal víctima a la población inerme, desamparada y desprotegida, inclusive por el propio Estado. Presionado éste desde dentro y erosionado desde fuera a causa del entreguismo vergonzante de gobiernos impopulares, el afrentoso proceso culmina en defenestración institucional.
Estado fallido llaman los voceros del Imperio al Estado mexicano. Estado ineficaz, traspatio para los invasores y tierra baldía de sus torvos propósitos, de sus experimentos expansivos, y para saciar la sed de las transnacionales a fin de obtener recursos estratégicos a como dé lugar. Al igual que en los años previos a la Constitución de 1917, armas y explosivos entran por las fronteras del Norte y del Sur; ahora desde puertos marítimos y aeropuertos, con la venia de autoridades que, por otra parte, facilitan la conversión de nuestro territorio en paraíso fiscal y de lavado de dinero.
De guerra no declarada, guerra al fin, hemos pasado a una abierta confrontación que involucra a la población civil en una especie de altercado de guerrillas entre líderes del crimen, mafiosos contra testaferros reclutados por la criminalidad criolla y transnacional. Se trata de una reyerta en donde la sociedad civil es objeto de atracos, blanco de la perversidad de sicarios y traficantes de toda laya. Frente a esto, el gobierno de la República parece dejar las riendas de la legalidad en manos de criminales que ensayan una especie de “resolución final”, amenazando, acosando, ahuyentando y dictando órdenes a la población. En suma, conminando al Estado a fin de que pacte con ellos, criminales y agentes al servicio de la provocación internacional.
Mientras tanto, el desdén se cierne en torno a las instituciones educativas del país. Se amenaza y amedrenta a los planteles escolares del nivel básico como estrategia para aterrorizar a las familias; se ataca centros académicos hiriendo y cegando la vida de alumnos y maestros, sin que se esclarezcan los ilícitos y se castigue a los culpables.
Al propio tiempo se vuelve a la ancestral táctica de doblegar por la penuria y el hambre a las universidades públicas cuyo sostén, por mandato constitucional, proviene de recursos pecuniarios de la Federación. Con mano implacable retiene ésta las partidas presupuestales con dicho efecto, hace caso omiso a los reclamos de rectores y directivos; ocasiona en fin rezagos económicos y quebrantos financieros propicios para desestabilizar y provocar ingobernabilidad, protesta y enfrentamientos.
Las universidades empobrecidas han sido, son y serán, pasto apetitoso para la injerencia de élites, grupos desnacionalizados y voraces transnacionales. Ahora, como en el 68, son víctima de acoso por aventureros junto con inescrupulosos políticos con ansia de poder, dispuestos a todo, incluyendo la violencia y el terror. Las instituciones famélicas que egresan profesionistas formados al vapor, con ostensibles vacíos informativos y nula sensibilidad social, se convierten, así, en campo de ensayo para quienes profesan la perversa misión de cercenar, junto con el cuerpo, la inteligencia.
Como en los 60, estamos frente a frente de nuevos vientos desestabilizadores los cuales soplan desde los planteles escolares de formación básica, los centros de enseñanza media superior y superior, y alcanzan aún a los institutos de alta docencia e investigación. La estrategia se repite: consiste en socavar las libertades académicas para enseñar, investigar y difundir cultura; someter por medio de la inanición y la precariedad. Por esa vía, el escenario estaría listo, claro, si se les deja, para la penetración y el predomino colonizador.
