Elegir presidente de la Suprema Corte de
Justicia había sido, hasta el pasado viernes 2 de este mes, un asunto de
trámite: sólo de aparente dificultad. Bastaba que el jefe del Ejecutivo Federal emitiera su voto decisivo desde
el solio del máximo poder para resolver el enigma en caso de haberlo, habida
cuenta de que en este país nada se mueve si no es por la voluntad del señor
Presidente.
Se trató, como se sabe, de la más polémica
elección en la historia de la SCJN, a juzgar por las 32 rondas de votación
durante las casi cinco horas empleadas para alcanzar el histórico desempate.
¿Fue Juan N. Silva Meza, ahora ex titular del Supremo Tribunal, quien cambió su
voto para resolver la encrucijada? ¿O fue Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
ministro finalista en la contienda quien puso, con el sentido de su voto,
término a la referida controversia?
Para unos, la elección en la cúpula del
PJF evidencia deplorable y riesgoso divisionismo. Para otros, refleja la crisis sociopolítica
que ronda por todos los confines del país. Y no faltan quienes opinan que es la
expresión de un conjunto de indefiniciones que revelan hasta qué punto hay
separación y no coordinación entre los Poderes Públicos, como también
indeterminación en lo que se refiere al
clásico dualismo aún en boga que impide saber quién es, en definitiva, el
defensor de la Constitución Política: el Presidente de la República o el máximo
órgano colegiado.
Más allá de conjeturas y especulaciones,
los ciudadanos estamos en espera de que nuestro Máximo Tribunal impartidor de
justicia, de que sus ministros, magistrados y jueces pasen de ser catalizador
de buenas intenciones, de promesas y compromisos sexenales, a fin de que sus
fallos, sentencias y resoluciones trasciendan de las Salas y del Pleno del
precitado órgano y se conviertan en el antídoto eficaz para evitar epidemias
sociales, graves e irremediables, como
para reparar daños que se vuelven ofensa por la errática, parsimoniosa e inequitativa administración de justicia
jurídica.
Luis María Aguilar Morales, flamante
Ministro Presidente de la SCJN, propone el desarrollo colegiado de propuestas
que giran sobre el eje principal de los Derechos Humanos, dando a éstos el
carácter fundamental del Estado Democrático de Derecho, Ahí, su plena
realización consistiría en la constitucionalidad de la legislación y en la
legalidad de su ejecución.
Se compromete a dar su más resuelto
apoyo a fin de que la máxima de dar a cada quien lo suyo, conforme a Derecho
(justicia jurídica), sea la estrella polar a que se refería Rudolf Stammler en
sentido de guía confiable y certera. Pero también con el significado de fuente
creadora de experiencias constatables en la medida que el órgano colegiado funcione
como hermeneuta innovador en todas y cada una de sus resoluciones, elevando el
término “aplicación” a concepto que hace posible la individualización dinámica
y progresiva de las normas constitucionales bajo su interpretación.
Implícitamente el Ministro Aguilar
Morales asume la grave responsabilidad de coordinar y llevar a su feliz
término, por la vía de la competencia que atañe a la SCJN, la reforma
constitucional de 2014. Explícitamente da su concurso a fin de que el Máximo
Tribunal sea la salvaguarda, el Ombudsman constitucional, defensa de las
garantías que certifican la dignidad de las personas, sin hacer distinción
alguna de clase social y con pleno respeto irrestricto a los grupos
vulnerables.
El relevo en la cúpula de la SCJN
fortalece el porvenir inmediato y mediato de la reforma constitucional,
afianzando por la vía institucional la defensa del contenido de las nuevas
disposiciones en todo lo que tiene que ver con el Estado de bienestar, el
imperio de la justicia y la igualdad.
