En la lucha contra el deterioro
ambiental Sonora no está sola. Hay frentes de combate en Baja
California y
Chihuahua, para no citar sino entidades representativas en la precitada
batalla, donde se registran perjuicios al parecer irreversibles. En la
Península los efectos incluyen la muerte de aves y especies marinas, mientras
en los dos Estados aludidos las denuncias se refieren a graves daños en la
salud de niños, mujeres y ancianos. Lo grave en estos y en otros muchos casos
es la desafiante impasividad sumada a la inepcia y al contubernio de
autoridades locales y federales. Los
bochornosos sucesos pueden calificarse como crimen de Lesa Humanidad.
La visita del Presidente Enrique Peña
Nieto a Chihuahua (Ciudad Juárez) marca el triunfo en lo que se refiere a la
guerra contra el crimen organizado. Pone en alto la prevalencia del Estado de
Derecho sobre la impunidad y las perversas alianzas del poder con líderes de la
criminalidad, la corrupción y el tráfico de drogas. No obstante, prevalece ahí
la inseguridad y la desprotección, según se desprende de la contaminación encontrada
en más de 400 niños con padecimientos de plomo en la sangre.
En Sonora, los pobladores de las
márgenes del río Sonora sufren las consecuencias por el derrame de tóxicos
atribuidos al Grupo México, cínicamente tolerados por el gobierno estatal y organismos
como la CONAGUA, PROFEPA y SEMARNAT, ahora en extraña y solícita solidaridad
con las víctimas de este otro crimen de Lesa Humanidad.
País considerado protector de los
Derechos Humanos y líder en la causa que abandera la batalla contra la degradación
ambiental, los casos hoy en boga desmienten esta campaña mediática, haciendo
válida la sentencia popular en el
sentido de que vale más prevenir que
lamentar. Y remediar a tiempo.
En Sonora, el PAN presume aún a su
Gobernador, el delfín del innombrable ex ocupante de Los Pinos, Felipe Calderón.
Ignora el reclamo de miles y miles de ciudadanos en pública protesta por lo
siguiente. Uno: la remediación ambiental en todo aquello que admite reparación,
dado que la recuperación por los daños ambientales se calculan en más una
década, si bien fueran las cosas. Dos: el caos y las contingencias con daños en
el ambiente que se pronostican, con motivo de la operación ilegal del llamado
Acueducto Independencia.
En la sorda batalla contra los abusos,
el contubernio disfrazado de tolerancia y las alianzas oficiales encubiertas
por el denso manto de impunidad, no vale el argumento de que somos un país de
leyes, el cual palidece frente a frente de la irresponsabilidad de líderes
partidistas, jefes de gobierno y aún de órganos encargados de hacer justicia
pronta, confiable y expedita.
Convertido el Supremo Tribunal en
portador de arma en ristre, esto suele ocurrir en la letra, pero no en los
hechos. Sus fallos dan la impresión de ser disparos con arma de madera. Se
escuchan, pero a nadie llegan. Unas veces es el cambio de estafeta en la
cúspide del Poder Judicial; otras, el deceso de uno de sus ministros
integrantes. Y otras más, por la sordera y ceguera de organismos y funcionarios
irresponsables que no acatan sus sentencias y resoluciones.
En Sonora, la última llamada de la SCJN
ha pasado a ser campanadas a la que, por cierto, a nadie inhibe, intimida ni impresiona.
Los aplazamientos se suceden uno al otro motivando la mofa, el descrédito y la
frivolidad.
Sin embargo, aún es tiempo para remediar
lo remediable y prevenir antes que lamentar. Un
Estado en plena marcha hacia la modernización lo exige y demanda cumplir a los
ciudadanos, cuya voluntad es origen y fundamento del Estado democrático de
Derecho.
