En
Sonora la política militante domina por encima del Estado de Derecho. Cuesta
trabajo afirmarlo, pero lo que ocurre ahora contradice ¡y en qué medida! la
tesis del expresidente Plutarco Elías Calles, sonorense de pura cepa quien, al
término de la etapa armada de la Revolución, afirmó que el país dejaba de ser
una Nación de temperamentos y pasaba a ser un Estado de leyes. Vale decir: un
Estado democrático de Derecho.
Lejos
estaba el militar y estadista de imaginar que su patria chica, Sonora, al cabo
de un siglo se volvería solar baldío, jurídicamente hablando, por obra y gracia
de su actual autoridad. Para ésta, la política es la expresión de la voluntad
personalizada del Ejecutivo, cuyo lema hace recordar el enunciado atribuido a Luis
XIV, el tristemente célebre Rey francés. Asunto de apariencias.
La
resolución de la SCJN en torno al Acueducto Independencia, festinada publicitariamente
por Guillermo Padrés y su grupo en el pode, como un triunfo pleno que
justificaría la operación del Acueducto, abona la presunción en el sentido de
que es posible, y aún legítimo, resolver los problemas anteponiendo la ley de
la fuerza en lugar de proceder según la máxima: Todo por la fuerza de la ley.
Sin
echar las campanas a vuelo, los dirigentes del Movimiento Ciudadano por el
Agua, Adalberto Rosas López y al frente el
alcalde Rogelio Díaz Brown, tenaz e incólume defensor de los derechos
implicados, ponderan con mesura y disposición analítica el dictamen que para el
común de las gentes es enigmático y de difícil comprensión,
Sobre
el particular amerita transcribir el pronunciamiento del Munícipe. Dice así, con su proverbial mesura y franqueza: ”El
siguiente paso es el de esperar el engrose donde se detalla cómo fue la
resolución y demostrar que la operación del Acueducto es ilegal, que fue mal
hecho y no cumple con los requisitos mínimos que pide la Ley”.
Contrasta
lo anterior con las expresiones delirantes de victoria rotunda, con los
exabruptos de los partidarios del gobernador Padrés ante el críptico fallo
considerado, en principio, confuso, profuso y difuso.
En
otros sentidos hay voces impremeditadas que hablan de una premiación gratuita a
la ilegalidad y denuncian los numerosos atropellos del político en ascuas,
exigiendo justicia ejemplar, todo ello en el umbral del retiro del solio
fabricado a la medida de su ambición. No faltan, así, los corifeos de sus
cófrades tras el trono.
Pero
ni victoria absoluta ni triunfo pleno, tampoco derrota estrepitosa, caben en
estos tiempos de la alternancia y menos todavía a la luz de la propuesta
reformista y bajo el reflector de la transición hecha gobierno.
Tiempo
al tiempo.
Queda
todavía un importante respiro en esta larga polémica en la cual está en juego
el triunfo de la ley o el del Estado de Derecho entendido como la verificación
del principio de la constitucionalidad de la legislación y de la legalidad de
su ejecución.
Queda
en suspenso, con todo y el lenguaje críptico de los señores ministros adscritos
al Supremo Tribunal, a fin de que se dirima el punto mediante el cual se ordena
reponer la autorización del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) Corre,
mientras tanto, el periodo de los 30 días para que se reponga la consulta a los
directamente interesados (ejidatarios indígenas y productores del Valle del
Yaqui), llevada y traída durante los enojosos, costosos en lo político y sobre
todo en lo jurídico, de este interminable sexenio padrecista. Y de nuevo se
abre un compás de espera para el cumplimiento del protocolo en torno a la audiencia con quienes temen por el futuro
pronosticado por los hombres de ciencia sobre el deterioro irremisible del
entorno ambiental en cuestión. El MIA se ofrece como vía para finiquitar lo que
hoy parece callejón sin salida. “Cosas veredes, mi querido Sancho”.
