Senadores y diputados exhortan a las autoridades con el fin de intervenir, con arreglo a las funciones de su competencia, en la resolución de problemas que hacen del federalismo una rémora en vez de ser vía para unir, vincular e identificar entre sí a los mexicanos.
Exigen sanciones ejemplares a quienes resulten responsables de cometer daños al patrimonio y a la salud de la población.
En Reforma, senadores de todos los partidos, con excepción del cuestionado PAN, aprueban un punto de acuerdo: instar al mandatario de Sonora para que detenga la escalada represiva, por cierto cada vez mayor, contra líderes de la Tribu Yaqui. Asumen la iniciativa senadores del PRI (Claudia Pavlovich, Ernesto Gándara), lo mismo del PRD: Dolores Padierna y Alejandro Encinas, entre otros
En San Lázaro, a su vez, la Comisión Especial integrada por representantes populares exigen que el Grupo México sea colocado en la silla de los sentenciados y se le apliquen los castigos a que haya lugar. Demandan, en principio, el retiro de la concesión a la Minera de Cananea, no sin dejar de lado la expropiación como medida de fondo, radical.
Faustino Félix Chávez, diputado cajemense, respalda los acuerdos pactados: poner término al acoso de dirigentes de la Etnia Yaqui, investigar el origen de recursos para la construcción de la presa en el rancho “Pozo Nuevo”, propiedad del mandatario estatal; examinar la legitimidad de protocolos y permisos.
Sobre este particular y acerca de otros más, no hay duda de que viene el caso el dicho: el buen juez por su casa empieza,
¿Tiene consigo el Gobernador de Sonora los permisos y autorizaciones pertinentes? ¿Puede comprobar que ha cumplido con los términos del Manifiesto de Impacto Ambiental, condición de posibilidad que respaldaría el correcto uso y usufructo de la “Presa Padrés”? O bien es un atropello más a la legalidad y al Estado de Derecho en la Entidad por parte del Ejecutivo?
En efecto, ¿puede algún funcionario público, incumplidor de la ley, afirmar que una empresa, en el caso la del “Grupo Minera México”, actúa fuera de la ley o que no acata las disposiciones vigentes en materia ambiental, de índole laboral, y en todo lo que tiene que ver con la salud y la seguridad social?
¿Cómo esperar que una autoridad bajo sospecha exija conformidad con la legalidad en cuestiones de consulta sobre Impacto Ambiental y pretenda, además, convencer de su legítima actuación si antes no ha predicado con ejemplaridad y transparencia? ¿Cómo festinar honestidad en lo que concierne a lo que se dice, voz en cuello, acerca de la ilegalidad en la operación del Acueducto Independencia?
Por añadidura, ¿de dónde puede sacar aquello de que cumple lo que se dispone sobre la consulta a la Tribu Yaqui en relación con el susodicho Acueducto, si en vez de interrogar a sus “líderes naturales”, los persigue, acosa y encarcela?
Habrá que estar de acuerdo con el diputado Félix Chávez en su afirmación de que la Presa “Titanic” es “la hija menor” del Acueducto Independencia.
Y no cabe duda: El buen juez por su casa empieza.
Por lo demás, es alentadora la noticia acerca de la participación del Dr. Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995, especialistas de la UNAM e investigadores distinguidos como el doctor Rodrigo González Enríquez, del ITSON, lo mismo expertos de la UNISON, en el proceso de evaluación sobre los efectos inmediatos y a futuro derivados del siniestro en los ríos Sonora y Bacanochi. Y, asimismo, en todo lo referente al Acueducto Independencia.
Igualmente, es de celebrar que en el H. Congreso de la Unión, representantes decididos, asuman el reto histórico de ejercer la defensa de los sonorenses: productores, ejidatarios y ejemplares luchadores de la Tribu Yaqui, en lacerante acoso y amenaza de extinción.
