En
todo México, aun en los más recónditos lugares, se ha celebrado y se festeja en estos días la gesta inolvidable de los
Niños Héroes y el inicio de la Independencia. Esta, con todo y las
conmemoraciones no acaba aún de consumarse, inclusive después del par de
centenarios transcurridos. El término “independencia”, por cierto, da para
todo.
En
Sonora, a propósito, el nombre con el que fue pomposamente bautizado el
acueducto, el “Acueducto Independencia”, pasará al archivo de lo que jamás
habrá que olvidar y de lo que, bien entendido, será testimonio acerca de lo que
habrá de impedirse por medio de la fuerza de la ley y no por la ley del
más fuerte.
Nació
mal, si así pudiera decirse, en todo sentido el acueducto. Fue mal concebido y
llegó fuera de tiempo. El entonces Presidente de la República, Felipe Calderón,
lo inauguró contra lo que aconsejan los usos y costumbres con ese efecto, y le dio
su “bendición” en público, Así, la obra colosal advino a la luz, sin que hubiese
el vital insumo, así fuese mal habido.
Más
todavía. Ante la indignación de los verdaderos titulares del agua (ejidatarios,
productores y yoremes, de la Tribu Yaqui) el Ejecutivo federal entonces, declaró
en servicio la obra hoy duramente controvertida por parte de los legítimos
usuarios y censurada por aquellos que son víctima de engaño por los
deturpadores en el poder.
No
hay duda de que mal termina lo que mal comienza.
Hoy
la Tribu Yaqui es objeto de inicua persecución y sus líderes (Mario Luna y Tomás
Rojo) son presa de atroz cacería por parte de la injusticia punitiva ordenada con
todo el odio y la insania paraoficial.
Hoy
en día, en plena festividad de la Independencia, siete municipios en la ribera
de los ríos Sonora y Bacanuchi, en las
proximidades del infierno desatado por el derrame de tóxicos de la Minera de Cananea, son víctima
de insalubridad letal, empobrecimiento y efectos psicológicos impredecibles.
Así, a un mal
comienzo un final peor.
Sin
planeación ni consulta previa a los directamente involucrados (ejidatarios,
productores y yoremes), sin concesiones autorizadas ni licitaciones
publicitadas con arreglo a la normatividad, el “acueducto de la discordia” es
no sólo quebradero de cabeza para el Ejecutivo estatal y sus colaboradores de
confianza, sino fuente de irritación ciudadana en el norte y sur de la Entidad;
es origen de la discordia y hasta de posible chispa conflictiva. También
señuelo para los promotores del terror y la ingobernabilidad.
Y
si vale aquello de que no hay mal que por bien no venga, cabría formular
reflexiones diversas que podrían ir desde lo jurídico a lo político y de aquí
al ámbito de la promoción de una nueva dirigencia política, una renovada
generación o liderazgo, integrada por mujeres y hombres libres de suspicacia en
cuanto al manejo de los asuntos que tienen que ver directamente con la salud, la educación, la seguridad y el
bienestar social. A toda prueba.
Primero:
reivindicar las funciones públicas en términos de obligatoriedad a fin de que
no haya tela de duda, como en el caso de los deberes que competen a SEMARNAT,
PROFECA, CONAGUA en materia de inspección, fiscalización y política
informativa, con el propósito de que no prospere la impunidad, ni haya más
atentados contra el Estado de Derecho.
Segundo:
revisar la legislación acerca del subsuelo (minas, hidrocarburos, cuencas
acuíferas, etc.), para impedir que el “concesionismo”, hoy en boga y en violenta
crisis, haga de las suyas, y deje finalmente de ser privilegio y negocio de la
mafia en el poder.
Tercero:
indagar en los “curricula” de precandidatos a cargos de representación cívica,
su pasado y su presente para evitar casos bochornosos y costosos para la
sociedad. Esto es urgente y factible. Y hay, por lo visto, buena tela donde cortar.
