Se llevó a feliz término la anunciada
reunión de la mandataria sonorense, Claudia Pavlovich Arellano, con las
comunidades yaquis.
Cumple, así, la titular del Ejecutivo
estatal su palabra, en vísperas de la elección de autoridades, considerada como
suceso que habrá de marcar precedentes históricos en los destinos de la congregación
aborigen.
Los pueblos autóctonos del sur de Sonora,
a su vez, refrendan su determinación de
reconocer la legitimidad y la certidumbre en las decisiones que les atañen
muy de cerca y son coherentes en los términos
de sus usos y costumbres.
A medio año de haberse firmado los
Acuerdos de Vícam la reunión confirma que está suficientemente abonado el
terreno para logar el anhelado entendimiento entre la Tribu y el gobierno
recién inaugurado. El Otro Sonora despunta ya y todos los indicios llevan a la
consideración de que comienza una era de paz social y de armonía entre los
sectores sociales, productivos y políticos de la Entidad.
Este suceso es mucho más que ocasional.
Marca, a nuestro modo de ver, derroteros en una etapa crucial para las
poblaciones aborígenes como también para su futuro inmediato.
Es decir, mientras en Sonora la
reconciliación tiene que ver con la postura
racional a la luz del Estado de Derecho, en Michoacán y Jalisco se
acosa, persigue y encarcela a líderes de la etnia nahua bajo la consigna de
rebelarse contra la autoridad por actos que van del despojo a la depredación de empresas mineras, asentadas
con la venia de autoridades federales y locales.
Los yaquis representan a la luz de la historia
nacional una de las más férreas, inflexibles y perdurables corrientes
opositoras a la tendencia voraz de connacionales y extranjeros con el fin de
enajenar, y de ser posible suplantar sus derechos y garantías inscritos en
letras de la Ley.
Anabayuleti, Cajeme y Tetabiate son nombres que
iluminan el desolado horizonte de la Tribu Yaqui, a los que se suman entre los
más conocidos a últimas fechas los de Tomás Rojo, Mario Luna, Fernando Jiménez
y Miguel Ángel Cota Tórtola.
Son líderes en el más amplio sentido de
la expresión. Han sufrido en sus personas acoso, encarcelamiento, amenazas
veladas y manifiestas contra ellos y la
integridad de sus seres queridos. En uso de la palabra, el último de ellos,
Cota Tórtola, expresó el sentir de los pueblos indígenas acerca de lo que, a la
fecha, ronda en el ambiente de las relaciones públicas por parte de la
administración entrante.
Puso en alto el concepto de unidad como
gozne que une los intereses de la Tribu con las directrices planificadoras del
gobierno del Estado. Advirtió, no obstante, lo que es un hecho de suyo
evidente: “Aquí, aseveró el dirigente, se tendrá que comenzar desde cero en
todos los sectores”.
A decir verdad, detrás de este primer
acercamiento, en el fondo de esta anhelada reunión, hay la necesidad de
perfilar y delimitar los intereses entre las diversas vertientes que confluyen en la propuesta por
el lado del Estado y los legítimos
intereses de los sectores pesquero, de inversionistas productores y
agricultores involucrados en la guerra por el agua y sus derivaciones en el
tema del Acueducto Independencia.
En consecuencia, una vez iniciada la
etapa de la tregua y habiendo dado comienzo el periodo para llevar a efecto los
acuerdos, el mejor presente navideño, el de más consistencia por el valor de la
justicia que implica, será el formular las delimitaciones, precisar objetivos y
definir propósitos de los diversos sectores. Y hacerlos confluir.
La finalidad es evidente: no tratar de
sacar el mejor provecho de manera unilateral sino colocar en el debate todas y
cada una de las demandas y encontrar un camino certero a fin de transitar
juntos, mancomunadamente, en el logro de lo mejor para todos.