De Hans Kelsen,
el príncipe de los juristas del siglo XX, es la tesis de que todo Estado,
democrático o no, es un Estado de Derecho.
El
derecho a la rebelión tendría, así, legitimidad dentro del Estado autocrático;
es decir, adquiere sentido como expresión de inconformidad frente al sistema
arbitrario que impone decisiones que van en perjuicio de los ciudadanos.
Se
infiere, por lo tanto, que el Derecho al activismo beligerante, al
disentimiento y a la rebeldía carecen de
validez y operatividad en el seno de un Estado en el que predominan políticas
para el bienestar social y en el que es predominante la paz y la armonía entre
gobernantes y gobernados.
Viene
al caso lo anterior con motivo de la cancelación del bloqueo carretero a la altura del pueblo de
Vícam por parte de la Tribu Yaqui, la cual hizo el referido emplazamiento hace
más de dos años, en protesta por daños y perjuicios reales y futuros derivados
del Acueducto Independencia.
Concluye
el bloqueo carretero, y no por obra y gracia de las promesas y los
ofrecimientos.
Cabe repetir aquí
el aforismo: “Obras son amores”.
Los
hechos convertidos en acciones políticas que propician más que buena voluntad
son bálsamo capaz de suturar heridas: antídoto eficaz para evitar que se
perpetúe la injusticia y la ilegalidad.
En
el caso, esto último equivale a las primeras acciones emprendidas por la nueva
titular del Ejecutivo estatal, Claudia Pavlovich Arellano, política de la nueva
generación que se perfila con clara visión innovadora, investida de pasión
reformadora con alcances de igualdad relativa y oportunidad de progreso y
desarrollo para todos.
Escuelas
dignas de ese nombre, con maestros imbuidos de la vocación de servir
educativamente con arreglo a la enseñanza-aprendizaje y a los principios de la
formación integral desde el punto de la moderna pedagogía que no descuida lo
mental por lo físico, ni este por la destreza de la creatividad y la
inteligencia.
Además,
sitios de trabajo para dignificar la actividad humana en todos los niveles
laborales; vivienda decorosa y condiciones idóneas para la productividad en
todas sus modalidades.
La
Tribu Yaqui es, sin duda, el mejor y más confiable referente para evaluar los
desempeños iniciales de Pavlovich Arellano. Sus comunidades son, asimismo, los
primeros beneficiados a la luz de la reinstalación de políticas que aluden al
nuevo Estado de Derecho, al reinstalado o en vías de reinstalación del Estado
democrático de Derecho en Sonora.
El
bloqueo deja, en consecuencia, de tener razón, dice el alcalde de Cajeme,
Faustino Félix Chávez. Añade también que el trabajo desplegado por la
Gobernadora del Estado avala su promesa de reunificar la Entidad, en donde no
haya sitio para la confrontación, los malos entendidos y el divisionismo.
A
esta convicción se suma la del Movimiento Ciudadano por el Agua y el
beneplácito de la agrupación “No al Novillo”, baluartes contra el
autoritarismo, los abusos de poder y los desacatos a las sentencias judiciales,
inclusive, por parte de entidades federales relacionadas con la ilegal
operación del Acueducto. Íntegros en su apoyo a los yoremes.
Al
término del bloqueo carretero, es oportuno subrayar que el Derecho a la
Rebelión tiene luz propia en el seno de un Estado autocrático de Derecho. No
así dentro de un Estado democrático de Derecho.
En
el inmediato pasado está por demás afirmar lo que todo mundo sabe: El régimen
anterior y sus funcionarios dejaron el más deplorable legado de ilegalidad,
corrupción, acoso político, latrocinio en daño y perjuicio de los más lacerados
por la pobreza y la miseria. Por ejemplo, los desvalidos pueblos indígenas del
sur del Estado.
En
vías de restituir el Estado democrático de Derecho, la suspensión del bloqueo
carretero es un buen síntoma, un preanuncio
alentador de lo que puede sobrevenir.
