Desde
que llegó a México la luz eléctrica, afirmaba en clases nuestro maestro, don
Guillermo Héctor Rodríguez, filósofo y jurista, desaparecieron los fantasmas y
toda suerte de espantos. Como por arte de magia.
Algo
parecido diríamos con motivo de la reinstalación de la justicia jurídica, parte
inseparable de un Estado de Derecho con sentido democrático, eficaz e
incorruptible.
Si
es A debe de ser B, lo cual equivale al enunciado: Si es el delito debe ser el
castigo, lo cual en palabras llanas significa un rotundo NO a la impunidad: un
perentorio alto al “dejar hacer, dejar
pasar”.
En
Sonora, y no sólo en la Entidad norteña, la sociedad fue víctima de las más siniestras
apariciones. A pesar de que había los recursos del derecho penal, la
normatividad punitiva para contener a la delincuencia organizada desde el
poder, se impuso el reinado de la impunidad, dando lugar al hurto de los
recursos públicos, al contubernio con testaferros de la alta burocracia, así
como a la retención ilícita de los dineros destinados a los municipios y a los
centros educativos. Sólo para ejemplificar. También en Guerrero, Colima, San
Luis Potosí y Chiapas se hizo corto circuito, ocasionando la ola de
irregularidades que, día a día, van saliendo a plena luz.
Vuelven
los sonorenses, gradualmente, a tiempos idos en los que los ciudadanos daban sus
votos de confianza a quienes ostentaban cargos administrativos, de
representación, titulares en juzgados y
tribunales. Se enciende por todos los rumbos de aquella jurisdicción, el
alumbrado de la legalidad y hay síntomas de una feliz reivindicación política y
social que, más temprano que tarde, devolverá la paz en los más escondidos
municipios y comisarías.
Para
comenzar, las indagaciones dan
resultados esperados. Modestos funcionarios, medianos y de elevada
jerarquía han sido colocados en el banquillo de los indiciados. No hay tregua
para compadrazgos y amiguismos, sin escapar al rigor de las pesquisas
familiares cercanos. Está puesta la mira para encontrar nefandos negocios que prosperaron
en el sexenio de la impunidad.
Hará
un par de días circulaban en diarios nacionales y locales noticias acerca de
cateos domiciliarios en “propiedades” de la familia Padrés. Asimismo, corría
información sobre deudas, faltantes, desvíos y otras arbitrariedades más cometidas
durante la pasada gestión gubernamental.
El
PAN, partido político en el que prosperó la generación promovida por el
padrinazgo político de Felipe Calderón Hinojosa, abandonó a su suerte a quien
fue benefactor y encumbrado militante suyo. Luis Felipe Bravo Mena, presidente
de la Comisión Anticorrupción del PAN, hizo mutis con la célebre consigna de que,
para su organización partidista, Padrés Elías “es inocente hasta que no se
demuestre lo contrario”.
Y
esto último puede ocurrir en cualquier momento. La implacable guadaña de la ley
ha empezado de abajo hacia arriba. Ha procedido yendo de las raíces hacia las
ramas y llega hasta las frondas.
Precisamente desde ahí, desde los sitios medulares, surgen voces
acusatorias, revelaciones de fondo que dan a conocer las mil y una formas con que
se llevó a cabo el saqueo organizado de los recursos y haberes de la sociedad.
Delitos
contra la sociedad y no en contra o en favor de partidos o de políticos es lo
que aquí se ventila, esclarece y que habrán de castigarse con ejemplaridad. Eso
se espera. En la mira están los daños y perjuicios contra los pobladores,
privados de escuelas dignas y de maestros actualizados merecedores de ese
nombre; de hospitales clínicas y medicamentos; de caminos vecinales seguros y
transitables; de calles limpias y centros idóneos para la recreación y el
esparcimiento.
De
haber jurados populares a fin de ventilar casos de corrupción organizada, no se
haría esperar la expresión tumultuaria, enardecida y unánime, por parte de los
ciudadanos, a fin de exigir justicia jurídica pronta, debida y expedita. Contra
los autores de crímenes y tropelías. Para éstos, se espera, ha llegado a su término
el dominio de la ilicitud, el imperio de la impunidad.
