Con palabras del fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, la gobernadora
de Sonora, Claudia Pavlovich, honró su palabra. “Cumplió un impostergable acto
de justicia al liberar a Mario Luna, vocero de la Tribu Yaqui”.
Concuerda lo anterior con lo manifestado por el Presidente Municipal de
Cajeme, Faustino Félix Chávez: “En realidad, dijo, nunca debió de haber sido consignado. La
liberación es por falta de evidencia. La liberación, precisó, nos dio la razón
a quienes siempre expresamos que era una cuestión de política”.
En efecto, se trató de principio a fin del ejercicio de una política
arbitraria; de una política inspirada en la ilegalidad y en el terror.
Enunciada la norma áurea del Derecho, de todo derecho, de acuerdo con
el principio: Si es A debe ser B, resulta que se actuó en el vacío de le
legalidad. No hubo condición alguna que determinara la consecuencia de
culpabilidad. Fue, por tanto, un acto al margen del derecho penal, producto de
irresponsabilidad por funcionarios que actuaron, en el caso de referencia, al
margen del Estado de Derecho.
En goce de libertad, liberado de toda sanción legal que, por lo
anterior, nunca comprometió a la persona de Mario Luna, el capítulo que sigue
corre a cargo de los defensores de quien ha sido excarcelado de acuerdo con los
dictados vigentes de la justicia legal.
El propio vocero de la comunidad yaqui, Mario Luna, al abandonar el
ilegal encarcelamiento señala que analiza con todo detenimiento el ejercer su
legítimo derecho para interponer demanda contra los responsables de su encierro
injustificado.
Privar a una persona, a un ciudadano, de sus garantías fundamentales,
sin base jurídica, contraviniendo las normas básica, es motivo no sólo de justa indignación sino de
reclamo de reparación por daños y perjuicios hasta llegar a los que determinan
reposición patrimonial o en todo caso privación de la libertad como castigo
penal a los autores de los atropellos y de los ilícitos configurados.
En el filo de la
navaja están los confabulados para actuar por encima del Estado de Derecho.
Poco a poco van saliendo a flote la cauda de ilicitudes que van desde
acciones arbitrarias destinadas a inculpar personas inocentes e indefensas,
incluyendo a servidores privados y de confianza hasta llegar a crímenes contra
comunidades enteras, incluyendo a la multicitada Tribu Yaqui, a ejidatarios
endeudados de por vida, a prósperos y solventes productores escudados en la
bondades de los oprimidos de siempre y consumidores que nada tienen que ver en
la compleja disputa por el agua, por su uso y beneficios, legítimos y
legitimados a última hora.
Tras el conflicto por el agua, por la ilegalidad del Acueducto
Independencia y el arribo al poder de una dama al poder, se abre el expediente
en donde los usos y costumbres de las comunidades indígenas requieren ser
convalidados y redefinidos como garantías dentro del orden constitucional. O
bien, ser dirimidos como anexos que han dejado ya de tener validez y eficacia.
Aquí y ahora.
Por lo pronto, la liberación de Mario Luna es la primera fuerte
campanada, audible, sonora y esperada por todos aquellos que, en hora buena,
votaron por el triunfo de Claudia Pavlovich Arellano. En particular y en
general los mexicanos nada queremos saber de un PAN y de sus secuaces en las fronteras del poder, capaces de dar la
estocada por la espalda en cualquier momento.
Son enemigos calificados de las libertades y los amigos de la
simulación y el contubernio.
Hoy es la libertad del vocero de la Tribu. Enseguida está en cuestión
el régimen de las libertades de expresión. Ahí acechan desde la sombra los
defensores y protectores del ex gobernador apoyados por los salteadores del
Estado de Derecho: Los anarquistas de la palabra hablada y escrita. En suma,
los enemigos de la libertad y la responsabilidad legalmente establecidas.
