Pocas obras
públicas han sido objeto de los más contradictorios adjetivos como el muy
exaltado y denostado Acueducto Independencia. Proyectado en el actual sexenio
de Padrés Elías y puesto en servicio al término de la administración del
expresidente dela República, Felipe Calderón, sigue siendo motivo de
controversia no sólo judicial sino de inconformidad entre ejidatarios, etnias
del Sur de Sonora y agricultores de la región para quienes, en vez de llamarlo
Acueducto Independencia, le mencionan como Acueducto de la Discordia. Lo
califican diciendo que es un testimonio de ilegalidad, contubernio y
arbitrariedad oficial.
Construido al
margen de las disposiciones legales en la materia, ayuno de toda consulta a los
directamente involucrados, contrariando el juicio de especialistas y técnicos
de instituciones de educación superior, sin tomar en cuenta los criterios de
impacto ambiental, el Acueducto se convirtió al paso de los año (de 2010 a la
fecha) en cuestión política al grado tal que no faltan voces que lo denominan
balanza que dirimió las elecciones de junio pasado.
Fuera de
conjeturas, el asunto que ahí palpita está mucho más allá de la pugna comicial.
Se trata, en el fondo, de una obra cuya operación atañe a las gentes del norte como
a los habitantes del sur, incluyendo a los pobres y a los ricos de la Entidad.
Atañe a distribuidores y consumidores y pasa por el tema alimentario en una
tesitura en donde las devaluaciones van desde el peso frente al dólar como a
las del subempleo y el desplome amenazante de la credibilidad en el gobierno de
la República, propiciado aquello por la derecha y por los grupos de pudientes y
desnacionalizados, aterrorizados por la reforma fiscal. Y todo ello, a un costo
inusitado en lo económico, lo político y lo social.
Con razón el líder
yaqui, Tomás Rojo, víctima de la insania persecutoria del aún gobernador Padrés
Elías, señala públicamente la necesidad, con carácter de urgente, que en Sonora
se transparente la actuación del poder judicial; es decir, que se verifique la individualización
de las sentencias; que se cumplan los acuerdos y se ejecuten los amparos
emitidos por los juzgados y tribunales sobre protección de la justicia federal.
En suma, que se respete la garantía de audiencia en lo referente a la emisión
de los títulos de asignación de aguas nacionales.
Por cierto, el
pasado 1º. de este mes, el Juzgado Octavo de Distrito en Sonora publicó la
resolución dictada en el juicio de amparo promovido por el Ejido Lázaro
Cárdenas, con arreglo al cual los afectados tienen el derecho de que se revisen
los títulos impugnados.
Organizaciones del
género del Movimiento Ciudadano por el Agua (MCA) continúan firmemente al lado
de quienes exponen sus vidas y las de sus familias en esta lucha desigual,
mientras tanto los grupos políticos actúan con desdén, tras el fragor de la
pelea por el mejor pesebre. Hombres del campo vilipendiados por la política
conservadora y por la voracidad de los pudientes, reconocen a sus aliados, por
sus nombres y apellidos, todos los apoyos recibidos tras la excarcelación de su
dirigente.
El enigma está en saber
si habrá finalmente la justicia jurídica que determine y esclarezca, con
estricto apego al Derecho, la legitimidad de los susodichos títulos de
asignación. O sea, si fueron emitidos o no en contravención de los términos y
las condiciones que establece la normatividad en la materia, como dicen los
abogados.
Se abunda en los
medios acerca de transparentar la transferencia de poderes en la cúpula estatal
y en municipios. Así, estaría mal (eso nada más faltaría) que en el manejo de
los asuntos jurisdicciones se incurriera en diferir y en dar a los trámites y
procesos opacidad y engañifas. La transición, no sólo debe parecerlo, debe serlo
en todos sus términos.
