Las
cosas en Palacio no siempre van despacio. La presencia en la Entidad de secretarios de Estado con el propósito de
sacar del atolladero el asunto del Acueducto Independencia, pone a plena luz
del día la voluntad del Ejecutivo federal de cumplir y hacer cumplir las resoluciones judiciales,
reivindicar el Estado de Derecho, reparar los daños y perjuicios ocasionados
por la susodicha obra al margen del Manifiesto de Impacto Ambiental. Y acodar
las opciones pertinentes, sin violentar el principio de dar a cada quien lo
suyo.
Tras
el acto de cancelar los trabajos del Ramal Norte en el vaso de la Presa
Abelardo L. Rodríguez, las muestras de satisfacción y beneplácito en el Estado,
al margen de banderías políticas y partidistas, no se han hecho esperar. Se
avizora, de nueva cuenta y de manera terminal, el fin final del largo conflicto
en el cual el Estado de Derecho ha sido manipulado en favor del autoritarismo y
los intereses de grupos. Y esto, habida cuenta de que todo Estado es Estado de
Derecho. En el caso, con los agravantes de impunidad y alardes autocráticos,
como sucede en los Estados antidemocráticos: violentando la legalidad y la
constitucionalidad.
Con
ese efecto, se han menoscabados los principios del federalismo, interpretado a gusto
y placer los valores de la soberanía y del federalismo político y jurídico,
convirtiendo la hacienda pública en caja automática para disponer, en todo
momento y bajo cualquier capricho, los recursos que son del pueblo y para el
pueblo. El derroche en los gastos de obras que suelen engrosar las cuentas
bancarias de gente corrupta y la realización de las mismas al margen y en contra
de normas y disposiciones jurídico-administrativas. Esto manifiesta lo que es,
en el fondo, una administración que corrompe y mancilla todo lo que toca.
La
terminante resolución tocante al Ramal Norte, inmediatamente después de la
visita presidencial al Estado de Sonora, motiva no sólo el entusiasmo popular.
Promueve el reconocimiento de calificadas personalidades públicas que demuestran
sí saber percibir donde aprietan los zapatos mal confeccionados, escuchar las
demandas sociales que más apremian y actuar, con oportunidad y pertinencia, según
las atribuciones y facultades a su alcance, Su gestión intermediadora, además, refrenda
positivamente las razones que llevaron a los ciudadanos a poner el voto
electoral en su favor para encumbrarlos en el cargo que ahora desempeñan.
Faustino
Félix Chávez, diputado por el Distrito de Cajeme, da a entender que los hechos
hablan por sí mismos acerca de “restituir la legalidad en todo lo que concierne
al Acueducto” Y advierte, igualmente, que “POFEPA debe aplicar el mismo
criterio con el Acueducto”, en referencia a la medida de cancelar las obras del
Ramal Norte..
Para
el legislador, cuya actuación ha sido prominente en San Lázaro, el Estado
democrático de Derecho no admite fracturas. Es un organismo vivo y viviente; es
decir, actuante, en el que no caben fisuras ni hay sitio para composturas al
vapor. La ejecución de las resoluciones jurídicas implica continuidad, pues son
de carácter perentorio, definitivo.
A
su vez, desde el Ayuntamiento, Rogelio Díaz Brown da su opinión por lo que se ve venir en el
sentido de que será “una respuesta en favor de los pueblos yaquis, de la
sociedad cajemense y el sur del Estado”. Dirían los franceses, lo que ocurre es
una “verité de fait”, una verdad de hecho, en cuanto a que el Municipio hace un
seguimiento puntual, indeclinable, en procuración de justicia jurídica, de plena
legalidad por lo tanto. Ha persistido, afirma, en seguir caminando por el mismo
camino: el de la Constitución y sus disposiciones reglamentarias.
El Munícipe
laureado comparte, asimismo, con el Presidente Peña Nieto el triunfo de la razón política y de la fe en las
instituciones públicas.
