Bienvenido lector:

Federico Osorio Altúzar ha sido profesor de Filosofía en la UNAM y en la ENP (1964-1996) y Editor de la Gaceta de la ENP desde 2004.
Durante 15 años fue editorialista y articulista en el periódico NOVEDADES.
Es maestro en Filosofía. Tiene cursos de Inglés, Francés, Griego y Alemán.
Ha publicado en Novedades, el Heraldo de Chihuahua, El Sol de Cuervanaca, el Sol de Cuautla, Tribuna de Tlalpan, Tribuna del Yaqui, Despertar de Oaxaca y actualmente colabora en la versión en Línea de la Organización Editorial Mexicana (OEM).







lunes, 13 de abril de 2015

CRIMEN Y CASTIGO: LA RENUNCIA DE KORENFELD

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El principio enunciado por Hans Kelsen en el sentido de Si es A debe ser B tiene el más elevado grado de eficacia en un Estado democrático de Derecho y menos, mucho menos, en un Estado autocrático de Derecho. A decir verdad, en este último, la fórmula en cuestión es la siguiente: Si es A puede ser B, pero suprimiendo el deber ser, base y fundamento de toda imputación. Así, la regla de oro para la autocracia, para toda autocracia, es la impunidad. Es decir, tener a la mano la patente de Corzo que hace inmune de toda inmunidad al traficante de influencias, al líder intocable, al político servidor de intereses inconfesables. Y a muchos otros más.
David Korenfel, ahora ex director general de CONAGUA, se dice en los medios informativos que cayó por fallas en el manejo personal del helicóptero, propiedad de la administración federal, al servicio de la actividad oficial delegada en su persona.
No se dice, o se dice de dientes para afuera, que Korenfeld cayó de su pedestal no por la sencilla causa de haber utilizado indebidamente el artefacto de referencia. El uso personal de los bienes públicos (automóviles, inmuebles, aviones, etc.) es ya uso y costumbre, ponderado como vicio menor en la administración pública, convirtiéndose en patente o autorización implícita en beneficio de los “servidores” públicos, al margen de ideologías o de origen partidista.
Planteada así la renuncia del director CONAGUA, habría que ir aL fondo de ésta, no para hacer leña del caído, sino para convalidar la hipótesis fundamental de todo derecho: Si es A debe ser B.
Entre las viejas y ahora renovadas artimañas está la de utilizar el fuero como coraza, capaz de atajar cualquier imputación en contra del delincuente, por vía del procedimiento legal. Así, nada ni nadie es capaz de hacer algo, por ejemplo, movilizar la acción de los tribunales a pesar de la prolongada cola de los facinerosos que bien podría pisarse con la mayor facilidad.
A cambio del fuero, patente de Corzo de los encumbrados, la práctica socorrida por los tránsfugas de la Ley, comunes y corrientes, empleados del encumbrado en turno, es la “renuncia” voluntaria, el “despido” fulminante, a lo que se acude a fin deproteger al “jefe” del qué dirán, y para auto protegerse, haciendo así caer el telón de la impunidad cuando hay delitos qué perseguir, causantes de daños irreperables contra la sociedad.
A David Korenfeld se le atribuye crasa irresponsabilidad en el desempeño de su cargo al frente de CONAGUA. Entre las omisiones se le atribuyen las de no atender, con arreglo a la legislación y las normas reglamentarias, las aguas nacionales “con la participación de la sociedad, para lograr el uso sustentable del recurso”.
En Sonora, Korenfeld es señalado como  corresponsable en el conflicto ocasionado por la construcción y operación del Acueducto Independencia, convertido en “acueducto de la discordia” para desgracia de agricultores, ejidatarios, y dueños de tierras y agua por disposiciones en decretos, amparos y resoluciones del máximo tribunal de justicia: la SCJN. Korenfeld dejó sin ejecutar la consulta (MIA) a los concesionarios legítimos, incurriendo en delitos de orden oficial.
En Sonora, al ex director de CONAGUA se asocian crímenes de “lesa Humanidad”, a causa del desdén que dio lugar al ecocidio en el río Sonora, dejando impune a Grupo México y sin perspectivas de reparación sanitaria y económica a miles de pobladores.
Por último, a Korenfeld se le asocia en Sonora a una extraña alianza con el aún gobernador Padrés Elías, indiciado por uso ilegal de agua en el rancho propiedad de su familia, agravado esto por eludir la normatividad en lo que se refiere al Manifiesto de Impacto Ambiental.  Y por omisiones y daños, actuales y previsibles, a los agricultores del Valle del Yaqui.

Y todo esto, sólo en Sonora.