El
derrame irresponsable de ácidos tóxicos convertido en acción criminal sobre los ríos Sonora y Bacanuchi es el
detonante que pone al descubierto, por si fuese necesario, la actividad
solapada de empresas mineras en el país, por obra y gracia del contubernio que
ejercen los gobiernos de uno y otro signo ideológico en alianza con los que,
por hoy, son los enemigos principales de México.
La
denuncia colectiva contra la compañía
minera de Cananea, es decir, contra la familia Larrea, pone una vez más a la
resultas de la “justicia” nacional el mar de fondo que subyace, como en tiempos
del Presidente Lázaro Cárdenas, en donde se da el peor de los saqueos de la
riqueza patria por parte de mexicanos desnacionalizados y extranjeros ávidos
de los ajeno.
Admitida
la acción colectiva por la juez federal Emma Gaspar Santana, hay motivo de
esperanza si se adiciona la moción de referencia a la protesta enarbolada por
los líderes del Movimiento Ciudadano por el Agua, con sede en Ciudad Obregón.
Adalberto
Rosas López, ex presidente municipal de Cajeme, seguido por dirigentes cuyos
nombres y gestiones son ampliamente conocidos, y reconocidas aquéllas, por los
productores agrícolas de la región, los grupos desposeídos (ejidatarios,
poblaciones indígenas, etc.), y hacen la patriótica defensa de un bien que les corresponde.
Un
bien que la avaricia, conjuntada con el contubernio y el cinismo encubierto en
la política de campanario y en la rapiña tolerada por los organismos federales
(al frente CONAGUA, SEMARNAT y PROFEPA) se arropan medio del beneplácito de
autoridades locales, como en el escandaloso caso del gobernador Padrés Elías en
el Estado de Sonora.
Por
encima de ideologías, del PRD, del PRI o del PAN, el Movimiento Ciudadano
despliega su lucha contra todos los salteadores que hacen de la suya, en nombre
de intereses soterrados unos y provocadores y altivos otros, contribuyendo a que se abra la caja de Pandora y sea el
detonante de una protesta organizada con todas las de la ley, bajo el principal
objetivo de obligar a los empobrecedores del Valle del Yaqui a que devuelvan lo
hurtado.
Asimismo
para contener a los aliancistas con el poder mal habido y para exhibirlos
públicamente, con sus nombres y apellidos, con señas y sobrenombres, como lo
que han sido y son: los causantes número uno de las mayores desgracias en
materia de salud, de pobreza, de orfandad y de la recurrente migración allende
la frontera.
Hoy
la coalición civil es la que formula esta denuncia contra el Grupo México; ayer
y ahora el Movimiento Ciudadano por el Agua, las agrupaciones que hacen causa
común en contra de los saqueadores de la riqueza han sido el frente de lucha
que hace historia documentada en archivos y acopio de testimonios jurídicos
cuidadosa y objetivamente conservados.
Los
pueblos indígenas mantienen su perenne batalla por sobrevivir ante los embates,
acosos y encarcelamiento de los esbirros organizados tras el poder. El
propósito de su lucha no es otro que el salvaguardar lo que es propio, y que
siéndolo representa el factor de desarrollo, de progreso y de paz social.
Bien
se sabe cómo desde Salinas de Gortari y Zedillo, desde Fox y Calderón, el
subsuelo mexicano ha sido enajenado en condiciones más denigrantes que en la
época de las transnacionales que actuaban como propietarias del mal llamado
“oro negro”. Actualmente, se apoderan de los mantos hídricos lo mismo que de
las vetas de cobre, de oro, plata y demás metales que requieren sus industrias
maquiladoras y sus negocios asociados, muchas veces, con los cárteles de la
criminalidad.
Bien
por asociaciones civiles como la aludida antes y bien por el Movimiento
Ciudadano por el Agua en esta guerra, próxima a ganarse, por uno de los bienes
que en la época arcaica fue origen de civilidad y convivencia.
