No
cabe la menor duda. Las etnias del sur de Sonora son blanco infame destinado a
ser extinguidos por despojo, invasión de sus bienes y pertenencias, así como a
través de la contaminación de ríos, arroyos y acuíferos de su propiedad.
A
lo anterior habría que añadir el cobarde y solapado asalto a derechos
conculcados con lujo de cinismo y soberbia: de la educación, por parte de quien
es responsable de tutelarlos; asimismo, la autoridad bajo entredicho procede
negando la entrega de becas a más de tres mil niños y jóvenes indígenas,
quienes han ganado dichos apoyos en legítima y pública competencia.
Desde
tiempos de la invasión y el saqueo por parte de los “yoris” de ultramar,
pasando por la convulsiva y tormentosa época de la Reforma, el Imperio y la
Revolución hasta llegar al mandato de Lázaro Cárdenas, el General, los
indígenas han sido objeto de rapiña lo mismo por caciques criollos de Chihuahua
como por turbas saqueadoras llegadas del país del Norte, en Sonora, sedientas
de placeres ocultos en sus feraces valles y prodigiosas montañas.
El
expresidente les otorgó tierras y agua, refrendándoles títulos legítimos a los
descendientes de Anabayulety, Cajeme y Tetabiate. Los hizo poseedores con
plenitud de garantías, según el propósito de poner término al afrentoso
capítulo de ignominias cuya finalidad consistía en justificar el latrocinio y
legitimar la política de extermino cuando no la malévola intensión de marcar a
cada etnia como fierecillas salvajes capaces de matar por matar y de sobrevivir
a expensas de los bienes y las riquezas de los “yoris” mexicanos.
De
indios “patarrajadas” no dejan de ser llamados los “naturales” de los
pueblos autóctonos, como si el uso de
tehuas y huaraches fuera distintivo denigrante y sello identificador de seres
infrahumanos. Indolentes, ineptos y hombres-zánganos son llamados hombres y
mujeres que en su mismo territorio, heredad de sus mayores, son considerados apátridas
por extraños y connacionales.
Pero
el afán de exterminio en contra de yaquis y mayos va más allá del afán de
exterminio por la vía física, el robo de agua, por caso, un bien que les fue
otorgado según Decreto Presidencial en la administración política del
Mandatario Cárdenas. La Ley de Aguas Nacionales no dejaría mentir al
respecto. Es el ordenamiento que invocan los defensores de yaquis y mayos, el
alcalde Rogelio Díaz Brown y el diputado con licencia Faustino Félix Chávez, en
defensa de las etnias asentadas en los valles del Yaqui y del Mayo de cuya
desafortunada controversia, se habla como de un final feliz, pero no se
concreta aún en palabras de la Ley.
El
autor actual de los ilícitos considerados acoso y despojo en propiedad ajena no sólo goza de palmaria impunidad, sino,
además, es coautor de burlas a la justicia, ostentándose como émulo del Rey
francés para quien el Estado, Francia, encarnaba en su persona. Por lo tanto
hace y deshace sin que ninguna autoridad limite la suya.
Mucho
más grave o, al menos, tan grave como la extinción humana por el método de la
inanición, lo es esta amenaza y su cumplimiento por la vía del atentado contra
la integridad del espíritu. La educación, la enseñanza y el cultivo de la mente
son derechos inalienables en todo Estado democrático de Derecho. Limitarlo,
cercenarlo y violentarlo sólo cabe en espíritus enfermos de poder, en políticos
venidos a menos por razón de la avaricia y el egoísmo mal entendido y peor
ejecutado. Esta actitud provoca criminal deserción escolar.
No
hay duda que la amarga experiencia que padecen niños, adolescentes y jóvenes aborígenes
es transitoria. Pero algo habrá que hacer mientras tanto, además de proclamar
denuncias por los atropellos.
El peso de la
arbitrariedad es mayor, mucho mayor, de lo soportable. Y no habrá que dejar al
tiempo lo que hoy amerita intervención urgente y perentoria.
