Tardíamente
pero llega, al fin, la Ley Anticorrupción. Y quitando el eufemismo por lo de su
tardanza, cabe añadir que si esto sigue por buen camino, más pronto de lo que
se piensa llegará a su término la cauda de robos en despoblado y la cadena de enriquecimientos
ilícitos por parte de funcionarios públicos en el país: menores, medianos y de
la clase alta.
Al
destaparse el mar de fondo de la corrupción en la burocracia nacional,
mandatarios de todos los colores y de ideologías importadas, habidas y por
haber, no ha quedado partido político libre de toda sospecha, suspicacia e
incluso de propagandismo electorero. PRD, PAN Y PRI han sido los primeros en
haber sido colocados en la mira de los “dimes” y “diretes”, con motivo de
señalamientos provenientes de personas, grupos, asociaciones y líderes
partidistas ansiosos de dejar mal parados a presuntos y reales malhechores,
ante potenciales electores.
En
Guerrero, el partido que va en el cabús de la carrera por el poder político fue
primero en haber sido llevado al banquillo de los acusados. Cayó, así, el
gobernador Aguirre y familia consanguínea, además de correligionarios implicados
con los cárteles de la droga.
En
Sonora, el jefe del Ejecutivo, sucesor
panista en el gobierno estatal y beneficiario político del expresidente Felipe
Calderón, está siendo sometido a indagatorias, una tras otra, cuyo final
agónico da la impresión de ser un tormentoso y rudo castigo político del que
poco o nada quedará del PAN como no sea la imagen vilipendiada de Partido de la
alternancia, aunque no de la transición a la democracia.
En
Chihuahua, la candente oratoria del senador
Javier Corral deja en el tribunal
de la maledicencia al gobernador César Duarte Jáquez, con la acusación de inversionista
y empresario con los dineros del erario público, sin que hasta ahora el
señalamiento adquiera visos de veracidad mediante pruebas contundentes. Así, la
ofensa está en el aire, y el daño en suspenso, con el avieso propósito de ser convertido
en señuelo durante los próximos comicios.
Volviendo
a lo de Sonora, la defensa verbal del dirigentes panista, Gustavo Madero a su
pupilo el aún jefe del Ejecutivo estatal, Guillermo Padrés Elías, hace recordar
el dicho de “No me defiendas compadre.” Esto, en la medida que Madero pone
de antemano a Padrés contra la pared y en manos de sus contrincantes, de
sus mismos correligionarios y de la masa electoral que ve en él al Hermes de la
derrota anticipada del panismo calderonista y hace del otrora victorioso héroe
de la alternancia un mártir de la presunta democracia en la Entidad.
“Cosas veredes”,
diríase con la expresión atribuida al Quijote.
Al
político sonorense en la mira por lo del rancho
de su copropiedad, le ha llovido en grande: lo del hermano incómodo
rebasa todo lo imaginable; la contaminación en los ríos Bacanuchi y Sonora por
la “Minera de “Grupo México”, lo asocia a la irresponsabilidad de organismos
federales (Conagua, entre otros), con dura insistencia; ni qué se diga lo del
Acueducto Independencia en cuyo vértice confluyen corrupción, delitos de cuello
blanco, violaciones al Estado de Derecho; en suma, previsibles daños a la salud
y a la economía, a la seguridad, a la salud y a la vivienda.
Bienvenida,
así pues, la multicitada Ley Anticorrupción. Mal se haría si se le considera
como un mero añadido al conjunto de reformas constitucionales decretadas por el
Presidente de la República Enrique Peña Nieto. Tiene el carácter
lógico-jurídico de ser propedéutica en el sentido de introducción, pilar y base
de todo el edificio que renueva a la pre moderna fachada institucional.
Así
en lo interno como en las relaciones de México con la sociedad internacional.
