La
Cámara de Diputados daría entrada al caso Padrés, así conocido en los medios
informativos, el mismo día en que las Comisiones Unidas de la Cámara de Senadores
aprobaron, en lo general y por unanimidad, la Ley General de Transparencia. Con
anterioridad, la iniciativa anticorrupción había pasado el examen de los
legisladores.
El punto de
acuerdo es de suyo explícito: someter a votación el exhorto a la PGR y a la
Secretaría de la Función Pública (SFP), con el propósito de que se investigue,
con arreglo a sus atribuciones, el caso
de corrupción en el que aparece involucrado el titular del Ejecutivo de Sonora,
Guillermo Padrés Elías. Hasta ahí el
adelanto.
De
prosperar el exhorto, tras la investigación y en caso de hallarse imputable, se
fincarían las responsabilidades conducentes.
Resultaría
coherente y aún plausible la decisión de los representantes populares en cuanto
a la moción para dar entrada y consensarse el exhorto en cuestión. Los
ordenamientos que dictamina el Congreso son mucho más que palabra sin sustento
obligatorio. Representan la voluntad social, el querer jurídico de los
ciudadanos con carácter de inviolabilidad; es decir, con validez y eficacia,
una vez decretados aquellos por el Presidente de la República.
En
consecuencia, no más corrupción desde las alturas del poder; no más negocios ilícitos,
inimputables, de cuello blanco, al amparo del fuero convertido en inmunidad
constitucional, con “Patente de Corso”. La ley anticorrupción significa que la
impunidad deja de ser arma de dos filos: uno para ajuste de cuentas sobre el
ciudadano común y otro para no hacer mella en la persona de autoridades y
funcionarios, a pesar de la comisión de ostensibles delitos.
Asimismo
un “¡Ya basta!” con la Ley de Transparencia, a la campaña de mentiras
propagandísticas, para que no tenga lugar la práctica maquiavélica basada en el
principio de que es mejor aquel que miente más.
La
intencionalidad en uno y otro ordenamiento, el ya debatido y el que está en
proceso de aprobación, va por el camino de hacer claridad y dar sitio a la legalidad
administrativas, de tal manera que la discrecionalidad se convierta en
responsabilidad republicana. De ser posible, según aquella austeridad ejemplar
a que se refería el oaxaqueño Benemérito no sólo de las Américas sino de
universalidad planetaria, don Benito Juárez.
Lo
deplorable en todo esto (nos referimos al caso que involucra al mandatario de
Sonora), es lo siguiente: ¿Fue necesario que el señalamiento en cuestión
tuviese un débil eco en el órgano legislativo hasta que apareció la denuncia en
el diario estadounidense “The Wall
Street Journal”? ¿No bastan los tronantes pronunciamientos de los diputados
locales para que los ensordecidos oídos de las comisiones en el Congreso
escuchen lo que hoy es motivo de cólera y encendida polémica en San
Lázaro?
Por
otra parte, ¿Desde cuándo la figura de Juicio Político dejó de tener vigencia,
pues da la impresión de ser letra muerta en vez de principio que determine
públicamente la responsabilidad de funcionarios y jefes de Estado? Por otra
parte, ¿han renunciado diputados y senadores a ejercer sus más altos deberes
para contener la anarquía en boga, la incontrolada codicia de quienes juraron
cumplir y hacer cumplir los mandatos de la Carta Magna?
Una
vez destapada la Caja de Pandora aquende y allende las fronteras, habrá que
esperar, con la mejor esperanza, a que
salga a flote la urdimbre de complicidades, la cadena de latrocinios
arropados en el manto de la impunidad y se castigue con meridiana ejemplaridad
el uso y abuso de la política como vía de enriquecimiento y alianza con la
criminalidad.
