No hay todavía entre nosotros el
equivalente a Plaza Trafalgar en cuyo espacio los británicos, habitantes de
Londres, realizan protestas e inconformidades en contra del gobierno y las
resoluciones del Parlamento. No contamos con algo parecido, pero las reiteradas
marchas y manifestaciones en varios sitios del país, cada vez más virulentas,
traen a la memoria al Tlatelolco de 1968 y llevan a pensar en la posibilidad de
tener un espacio “ad hoc” similar, con apremiante urgencia.
Justamente fue un inglés, filósofo de la generación
ilustrada, John Locke, quien inspiró la idea de la desobediencia civil la cual,
convertida en garantía de la libertad de expresión, dio lugar al
establecimiento del Derecho a la Rebelión como axioma implícito en todas las democracias.
A juicio del pensador inglés, toda revolución
se justifica con arreglo al supuesto de ser una respuesta categórica ante la
arbitrariedad, la intolerancia y el ejercicio irresponsable del poder por parte
de la máxima autoridad y en general por la imposición unilateral de la voluntad
política del Estado.
El derecho a la movilidad va a la par,
en consecuencia, con la suprema garantía de la libre expresión de las ideas. Es
concurrente, a la luz de los Derechos Humanos, con la expedita comunicación e
intercomunicación de los criterios y puntos de vista que son patrimonio de las
personas, las familias y de la comunidad. Y como todo derecho, como toda
garantía, tiene límites que corresponden proteger, los de terceras personas. En el caso, los derechos
inalienables a la movilidad por parte de los individuos. Y en la medida que se acata
de manera irrestricta el derecho al libre tránsito de los demás.
Mal estaría que procediera en su contra
un gobierno que a sí mismo se califica democrático y que además se le reconoce como garante de
derechos que propician igualdad ante las leyes, igualdad para manifestar
inconformidades y aspiraciones contrarias y opuestas a las de otros ciudadanos.
Mal se vería, así, un régimen político que convalida el Estado Democrático de Derecho y protagoniza su tutela, si amparara a unos en
desventaja de otros y si reprimiera a éstos mientras que tolerara y protegiera
a quienes no son de su particular ideología o modo de pensar.
Lo anterior se relaciona con la
exigencia de opositores a la iniciativa para reglamentar el derecho a la
movilidad, al libre tránsito. Pero éste en su contenido acoge restricciones
precisamente para su libre, responsable
y cabal ejercicio. Libre y responsable movilidad jurídicamente hablando, a fin
de que el goce y disfrute sea de todos, para todos y al alcance de todos.
Inclusive, de aquellos que no tienen por qué ver obstruida su voluntad de
movilización, su determinación para hacerlo en espacios de cualquier demarcación
de la República.
No obstante, dirigentes del partido de la
izquierda anarquizante que acomoda su ideología (el PRD) a situaciones emergentes,
protestan en contra de la iniciativa de reforma, alegando que contraría los
derechos al libre desplazamiento y está en abierta pugna contra derechos
fundamentales: de reunión y protesta social. Son formas arregladas para
justificar la represión oficializada. Es una reforma políticamente
“incorrecta”, aseguran.
Por lo demás, los abanderados del
anarquismo violento multiplican disturbios callejeros con daños, robos y
perjuicios en propiedad ajena. Incendian inmuebles oficiales en Guerrero y
otras localidades, sin que hasta ahora motive la represión. Por fortuna. México
es un país de leyes en donde el derecho al libre tránsito se coordina con el
ejercicio de garantías individuales y
colectivas. La reforma a los artículos 11 y 73 tutela, está más allá de los
intereses que abanderan los adversarios de la legalidad y la constitucionalidad.
