El próximo 15 de este mes, el Presidente
Enrique Peña Nieto estará de visita oficial en Sonora. Ese día, los sonorenses
estarán de manteles largos, particularmente los pobladores del Valle del Yaqui:
ejidatarios, representantes de la vapuleada Tribu, productores rurales y
ciudadanos organizados para defender el uso y usufructo del agua.
Al frente del comité de recepción
estarán activistas destacados en la susodicha controversia, conocidos todos por
la opinión pública nacional e internacional, entre otros legisladores de la
Entidad liderándolos Faustino Félix Chávez, autoridades municipales al frente
el alcalde cajemense, Rogelio Díaz Brown, sin faltar Adalberto Rosas López, el
indoblegable líder del Movimiento Ciudadano. Se echará de menos, ciertamente, a
varios miembros de la Tribu encarcelados por la autoridad estatal en clara
violación de los derechos que asisten a la Etnia acosada. Perseguida en su
mismo asentamiento por la administración
más represiva y arbitraria de la que haya memoria: la que representa el Ejecutivo en el Estado, Guillermo
Padrés Elías.
El Primer Mandatario verá con sus
propios ojos la cruda realidad: Una región agroindustrial en el umbral de la
desesperanza, un girón de la Patria segregada de la sede en donde radican los
poderes públicos estatales, convertida en traspatio y zona baldía por
determinación del Ejecutivo en la Entidad; presa de la discriminación por la
inequitativa distribución del Presupuesto y, por añadidura, despojada del medio
que da riqueza y recursos alimentarios provenientes de la tierra. La región sur
de Sonora no es ya la demarcación que conoció Enrique Peña Nieto hace casi tres
años, según la añoranza de Adalberto Rosas.
En ese entonces, recuerda, los
ciudadanos del Valle más rico y promisorio del país, le escucharon decir al
ilustre visitante que el problema del agua sería resuelto con arreglo al Estado
de Derecho. En la palabra del Presidente quedó sembrada, afirma, la semilla de
la promesa, por cierto en vías de anhelada consecución.
La simiente aquélla, no fructificó. Cayó
en tierra dejada a merced de la voracidad de los amantes de lo ajeno en donde
la maleza y la plaga de la ilegalidad hizo su parte para impedir que hubiese
buena cosecha. Es decir, la del entendimiento, la negociación y el mutuo
beneficio. En su lugar, se dio pábulo a la confrontación, a la prepotencia que
cierra los oídos para no discutir opciones y alternativas.
En términos de Juan Jacobo Rousseau (Ensayo
sobre el “Origen de las Lenguas”, FCE, 1984) lo que la naturaleza brinda como oportrunidad
a fin de unir intereses y acercar voluntades, ni más ni menos el agua, ha
llevado aquí a una confrontación sin término y a una controversia cuya
resolución es metáfora y no concepto, ficción y no dictamen y veredicto
cumplidos.
Dice el pensador: “En los lugares áridos
donde sólo se podía tener agua mediante pozos, fue necesario reunirse para
cavarlos, o al menos ponerse de acuerdo
para su uso. Ese debió ser el origen, agrega, de las sociedades y de las
lenguas en los países cálidos”
En el Valle convertido por artimañas en
un valle de ruptura, de desunión y
enfrentamiento, son “abogados del diablo”, respectivamente, CONAGUA, SEMARNAT y PROFEPA. Actúan
contrariando la voluntad presidencial, desacatando las resoluciones de la
Suprema Corte de Justicia y desatendiendo olímpicamente la orden de los
Tribunales.
En otros términos: se deja solo al Presidente
en momentos difíciles y complejos. Se pone en entredicho a la SCJN en horas en los
que se requiere convalidar su última palabra. En suma, se añade al daño la
ofensa, sin rubor y sin pudor.
Y todo para ludibrio y regocijo de la derecha
delirante y asidero de la izquierda en su letal agonía.